Desde el gobierno de Pedro Castillo hasta la actualidad, el país ha vivido una crisis de seguridad sin precedentes. La inestabilidad política, los cambios constantes en el Ministerio del Interior y la falta de estrategias efectivas permitieron el avance del crimen organizado. Con cifras récord de extorsión, sicariato y robos, el Estado sigue sin respuestas claras mientras los ciudadanos pagan el precio con su seguridad. Las próximas elecciones serán clave para cambiar el rumbo.

De acuerdo con Punto Final, el exasesor Salatiel Marrufo habría mencionado en su testimonio ante la Fiscalía que Dina Boluarte envió a José Medina y Alejandro Sanchez a realizar acuerdos irregulares con miembros del Jurado Nacional de Elecciones a fin de evitar que se impugnen 800 actas electorales durante la segunda vuelta electoral 2021.

Juntos por el Perú formó alianza con Nuevo Perú y tuvo como referente a la izquierdista Verónika Mendoza, logrando cuota de poder en el Congreso y en ministerios del gobierno de Pedro Castillo. Pero la agrupación también buscó alianza con Perú Libre, del sentenciado Vladimir Cerrón. Ahora ven con buenos ojos la alianza política con Antauro Humala y su agrupación que suma 27,000 militantes.

El cabecilla etnocacerista brindó una serie de declaraciones durante su paso por Cajamarca. Aseguró que la minería ilegal e informal contribuye con el tesoro público y es menos lesiva con el ambiente que la minería formal. Asimismo, afirmó que, si llegase a ocupar un cargo público, indultaría al golpista Pedro Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

Los casos de corrupción que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo no son los únicos relacionados a Provias Nacional y Descentralizado. La Contraloría identificó una serie de irregularidades en torno a la entidad pública.

Revelaciones explosivas. Prófugo Cerrón confirma reunión con Villanueva y expone un presunto aprovechamiento político de la congresista de izquierda, Ruth Luque, quien buscó 5 ministerios y darle poder Verónika Mendoza durante la gestión de Pedro Castillo. Congresista debe responder.

La exministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo, Anahí Durand, presentó su libro “Estallido en los Andes” donde hace referencia al Golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y justifica las violentas manifestaciones tras la vacancia del exmandatario. Expertos señalan que la exmilitante de Nuevo Perú debería ser investigada por apología al Golpe de Estado e incitación a la violencia.

El propio exdefensor de Pedro Castillo, Benji Espinoza, aseguró que la única posibilidad de que Fray Vásquez pase de detenido a liberado, es que se acoja al proceso de colaboración eficaz. El detenido es investigado por los delitos de colusión y tráfico de influencias - Caso Puente Tarata.

La acusación fiscal reveló detalles sobre la participación de Aníbal Torres y Betssy Chávez en el golpe de Estado. El primero buscó sacar "tanques" en Lima antes del 7 de diciembre, mientras que Chávez quiso respaldar el golpe con un decreto supremo. 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios debe más de S/800 millones de soles a las empresas encargadas de ejecutar los proyectos de infraestructura dañados por el Fenómeno El Niño en 13 regiones del país. La falta de pago pone en grave peligro la culminación de estas obras. Según la exdirectora ejecutiva de la ARCC, Amalia Moreno, este problema radica en la falta de personal calificado para gestionar la liquidación de la entidad.

Las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023 generó que el Perú perdiera más de S/2 600 millones y provocó que varios emprendedores en regiones quebraran. Esa sería una de las razones por las cual la convocatoria a protestas fracasaron.

Organizaciones que convocaron a protestar el 7, 8 y 9 de diciembre no consiguieron el impacto que buscaban. ¿El motivo? Los peruanos están cansados de los conflictos y violentas movilizaciones y, en su lugar, busca reactivar la economía a través del trabajo. 

Tras el fallido golpe de Estado, Dina Boluarte asumió, por sucesión constitucional, la Presidencia. Su gestión está marcada por la crisis económica de la cual aún no salimos.

Prohibido olvidar. El 7 de diciembre, Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. El Congreso, casi en bloque, evitó que la democracia se destruyera. Es importante recordar los nombres y caras de quienes no votaron a favor de la salida de Castillo ya que la interrogante sigue presente: ¿Acaso estuvieron de con el golpe?

El 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado al verse cercado por la justicia y la vacancia. En su intento, también atentó contra el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y otros. A pesar de que todos los peruanos fuimos testigos de su intento de quebrar la democracia, Castillo ahora dice que fue "un acto político".

El terrible atentado perpetrado por un grupo de criminales ligado a la extracción ilegal de minerales evidenció cómo está problemática se desbordó gracias, también, a la desidia del Gobierno para tomar medidas que frenen esta situación.

¡El colmo! Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón convoca a "movilización" contra el Congreso mientras los peruanos buscan trabajo y mejoras económicas. En Puno, una de las regiones más golpeadas por las violentas protestas de inicio de año, organizaciones convocan paro el 7 de diciembre. 

El Ministerio de Cultura habría invertido más de S/500,000 de manera extraordinaria en la contratación de personal para desempeñar funciones similares. Situación se suma a otras cuestionadas decisiones como el financiamiento de proyectos y ministros sin experiencia en el sector.

La situación de recesión en la que nos encontramos hoy es en buena medida reflejo de las acciones e inacciones del gobierno y la gestión del expresidente Pedro Castillo.**

El congresista de izquierda viajó a Rusia para intentar imponer una narrativa distinta a la realidad. En su presentación aseguró que el Perú busca recuperar su "democracia" a través de una Asamblea Constituyente, pero olvidó contar el golpe a la democracia de su amigo Pedro Castillo. 

Los escándalos de corrupción persiguen a la petrolera estatal desde el inicio de la gestión de Hugo Chávez debido al direccionamiento de licitaciones avaladas por Pedro Castillo. En tanto, la mala gestión se recrudeció con la llegada de Humberto Campodónico.

Los fenómenos naturales impactaron en los cultivos de diversas regiones, pero también la nula capacidad del gobierno castillista para comprar urea. Actualmente, las regiones más afectadas son Puno, Cusco, Cajamarca y Tacna.

La tesis fiscal involucra a Pedro Castillo, Robert López (exjefe ARCC) y a los asesores de confianza de Guillermo Bermejo. Según detalla el documento, habrían logrado que empresas se beneficien con obras de la ARCC a cambio de dinero.

Son 12 las entidades del gobierno nacional con mayor monto en “consultorías y similares” por contrataciones sin proceso durante el 2022. Lidera la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el Minagri, el MTC y Provias Descentralizado.

El exjefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López, fue detenido por ser parte de la presunta organización criminal. La Fiscalía le imputa los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Sumando los años máximos de pena por estos delitos, en total suman 38 años. 

La organización criminal, que habría sido liderada por Pedro Castillo, se acercó al general FAP, Jorge Chaparro, para injerir en el proceso de ascenso a favor de tres oficiales, quienes serían parte de la organización. Ante la negativa de Chaparro, el presidente Castillo lo removió del cargo.

Empresario amigo de Pedro Castillo logró escapar de la justicia peruana en octubre del 2022 tras ser alertado por una llamada. Según información de la Fiscalía, Sánchez pidió en el Ministerio de Vivienda que se ponga de acuerdo con el sobrino del presidente, Fray Vásquez, para no competir por licitaciones.

¿Se pudo combatir la pobreza? Diversos estudios demostraron que sí. Sin embargo, la pésima gestión de Pedro Castillo provocó que más peruanos sean pobres. Una de las tantas razones es su nula capacidad para designar ministros.

A puertas de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, el analista político, José Carlos Requena, mencionó que ningún consenso es malo, sin embargo, las alianzas, hoy en día, terminan siendo sinónimo de proteger su permanencia en los curules.

Pese a que la protesta es un derecho reconocido por la Constitución, la violencia y caos en este tipo de manifestaciones sólo pueden retrasar el crecimiento económico del país. Este 27, 28 y 29 de julio, grupos radicales convocan a una nueva “Marcha Nacional”, la cual podría generar pérdidas diarias de hasta S/100 millones en regiones.

El pedido para liberar a Pedro Castillo marcó la Toma de Lima y opacó otros supuestos “pedidos del pueblo”. Manifestantes, entrevistados por Vigilante.pe, afirmaron que Castillo fue “secuestrado”. En la protesta, como nunca antes ocurrió, lanzaron bombas molotov contra la PNP.

Puno, Cusco y Apurímac sufrieron millonarias pérdidas económicas tras el estallido social de diciembre de 2022. Estas movilizaciones violentas organizadas por grupos radicales sólo provocaron que sectores como minería y transportes registren una caída a nivel productivo y que el nivel de informalidad se mantenga por encima del 79%.

Políticos, excongresistas de izquierda y aliados de Pedro Castillo alientan a la población a participar de la denominada “Toma de Lima”. Dirigentes radicales como Lucio Ccallo de Fenate Puno, y Jorge Pizarro de la Asociación Nacional de los Pueblos, llaman a la insurgencia ¿Quienes son estos personales?¿Se harán cargo de la violencia que podría ocurrir en la protesta?

Tras la ola de violencia que vivió el país a inicio de año, que trajo abajo la economía de las regiones, un sector radical sigue promoviendo la "Toma de Lima", entre ellos el Movadef. Según información periodística, se habrían unido radicales del grupo francés, Black Lines.

La historia detrás de la empresaria y el periodista, quienes son acusados de tomar parte en actos de corrupción en el fondo MiVivienda, donde se habría dado sobornos para recibir licitaciones. Todo con el presunto conocimiento de Pedro Castillo.

Luego de que el Congreso autorizara el nombramiento de docentes sin pasar por un concurso público, expertos en materia educativa aseguran que esta decisión acerca cada vez más a la carrera pública magisterial al abismo. Esto pone en riesgo el desarrollo del Perú, país que cuenta con 1.3 millones de habitantes mayores de 15 años analfabetos. 

La abogada penalista, Romy Chang, aseguró que la decisión del Congreso demuestra una profunda desconexión con la realidad nacional, debido a que es imposible ponerle una fecha límite a la investigación fiscal, sobre todo, en casos sumamente complejos. 

En medio de una crisis educativa, resulta inaudito anteponer las necesidades de los docentes sobre el bienestar de los estudiantes. El director global de educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra, aseguró que las únicas decisiones políticas que deben tomarse en educación son aquellas que eviten que la política intervenga en temas que perjudiquen a los niños y adolescentes.

A pesar de las cifras alarmantes en torno a la educación en el Perú, se aprobó el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular sin haber pasado por concurso público. Especialistas critican la medida y advierten que puede agravar la situación educativa en nuestro país.

Golpe a la educación. El especialista en el sector, Paul Neira, lamentó la decisión del Congreso al aprobar una ley que afectará a los estudiantes en un futuro cercano: “Necesitamos más calidad y mejores docentes, no a los que no han cumplido los estándares mínimos del proceso de evaluación que requiere la Ley".

Con 81 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, el Parlamento aprobó el dictamen que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular. Esta iniciativa legislativa se sustenta en el proyecto de ley 1587.

La empresaria que entregó S/4 millones en coimas al gobierno del expresidente Pedro Castillo sería investigada por haber cometido delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho, esto al intentar obtener beneficios para su inmobiliaria Marka Group en la entidad pública Fondo Mivivienda.

El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que el expresidente dio el golpe de Estado porque estaba amenazado de muerte. Esta nueva versión se suma a otras que brindó el abogado argentino, Guido Croxatto, y Wilfredo Robles. ¿A quién creer?

La ruta de defensa que sigue Gustavo Petro es la misma que el golpista Pedro Castillo utilizó en Perú para evitar ser investigado y acusa a los poderes del Estado y a la prensa de aplicar un "golpe blando". En su momento, Castillo afirmó que existía un "lawfare" en su contra, el cual terminó con un golpe a la democracia peruana el 7 de diciembre. Así, de verse arrinconado, ¿Colombia estaría ante un posible golpe de Estado perpetrado por Petro?

Según el programa "Contracorriente", la Fiscalía encontró en Palacio un documento, con fecha 7 de diciembre, que confirmaría que Pedro Castillo sí quería cerrar inconstitucionalmente el Congreso. Argumentos de la izquierda y del abogado argentino, Guido Croxatto, quien aseguró que Perú no sufrió un golpe de Estado en diciembre último sino que fue un “hecho atípico”, quedan sin sustento.

El reciente informe de la ONG Amnistía Internacional sobre las marchas desatadas tras la vacancia de Pedro Castillo presenta serias inexactitudes. El abogado constitucionalista Ernesto Álvarez sostuvo que existe una postura más ideológica sobre los hechos ocurridos y recordó que la izquierda latinoamericana no se encuentra contenta con el accionar del sistema democrático peruano frente al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

La ONG señaló en su documento que las consecuencias fatales de las violentas marchas fueron motivadas por “un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas”. ¿Realmente fue así? Elizabeth Zea, especialista en DDHH, expuso las inexactitudes del informe.

El Perú se encuentra en la quinta posición en la lista de países con el índice más alto de inflación de alimentos en Latinoamérica y el Caribe. Lo supera Argentina, Colombia, Honduras y Chile.

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no hay "normalidad democrática" en el Perú luego de ser declarado "persona no grata" por el Congreso. Insiste en respaldar narrativa del golpista Pedro Castillo.

De acuerdo al documento, Castillo habría incurrido en el delito de organización criminal familiar, en donde también estarían involucradas su esposa y su cuñada. También, habría recibido al rededor de S/4 millones por actos de corrupción. 

El abogado de Pedro Castillo, Guido Croxatto, asegura que su patrocinado no cometió un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, sino una infracción constitucional. Grupos radicales de izquierda respaldan esta postura, mientras que un artículo de The Economist advierte que este experimento izquierdista en América Latina puede ser perjudicial para el mundo entero en materia política y económica. 

El monto se puede calcular al día de hoy, reuniendo los datos de las investigaciones en curso y los diversos testimonios de testigos y colaboradores.

Según Datum, 3 de cada 4 peruanos (76%) percibe que la situación económica actual afecta negativamente su calidad de vida. Actualmente, hay 2.694.000 pobres más respecto al 2019, el año anterior a la pandemia y al gobierno de Pedro Castillo.

Elizabeth Zea, abogada especializada en derechos humanos, conversó con Vigilante.pe para comprender detalles del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en la gestión de Boluarte. Sin embargo, cuestionó que no aborden  la violencia que se impulsó durante el gobierno de Pedro Castillo: “Quiero creer que no fue intencional, pero no existió pronunciamiento por parte de la Comisión”.

En abril de 2022, cuando Pedro Castillo aún se mantenía en el poder, se dio inicio al paro de transportistas tras el incremento progresivo del valor del combustible. La poca capacidad de gestión de Castillo dejó un saldo de 5 muertos, entre ellos dos jóvenes, y tampoco acudió al Congreso a dar la cara sobre los hechos.

A propósito de la extradición de Alejandro Toledo, recordemos que todos los presidentes desde el 2000 están involucrados en casos de corrupción. La historia nos enseña, varias veces, a elegir mejor a nuestros gobernantes.

El 5 de abril del 2022, Pedro Castillo arremetió en contra del Estado de Derecho y las libertades fundamentales de los peruanos, y ordenó inmovilización social obligatoria. La medida causó revuelo y malestar en la población, que se alzó en contra del gobierno.

El expremier fue pieza clave en el gobierno del expresidente Pedro Castillo donde fomentó la división y la confrontación en los Consejos de Ministros Descentralizados. Ahora, en medio de las investigaciones por ser parte del golpe de Estado del chotano, Torres anunció que estaría interesado en postular a la Presidencia.

Desde el Congreso consideran que existe un "riesgo de fuga" de los implicados en el golpe de Estado. El pedido alcanza también a los ex ministros Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino. Cabe recordar que Juan Silva y Alejandro Sánchez están prófugos.

La presunta organización criminal está conformado también por comandantes y coroneles de la Policía designados en la DINI y DIGIMIN. Los implicados habría tenido la responsabilidad de adquirir equipos de chuponeo y otros con la finalidad de atentar contra la Fiscal de la Nación, Harvey Colchado e, incluso, periodistas.

La ex premier fue una de las personas que estuvieron al lado de Pedro Castillo durante el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre. A pesar de negar abiertamente que sabía del atentado a la democracia, un vídeo demuestra lo contrario. Chávez tuvo un recorrido por el Ministerio de Trabajo, donde petardeó los avances en el sector, por Cultura y como jefa de gabinete.

A pesar que los hechos concretos demuestran lo contrario, la última encuesta Ipsos refleja que un 51% cree que fue el Congreso el que dio el golpe de Estado contra el entonces presidente Pedro Castillo.

El ministro de Justicia, José Tello, negó la existencia de una dictadura en el país y abordó el pedido de la defensa legal de Pedro Castillo ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, el cual busca restituirlo en el cargo. 

"Espurios sobre todo son los millones de pesos que el popular AMLO ha recibido durante 20 años en “efectivo” y de los que no puede explicar su procedencia, pero tampoco se avergüenza".

A pesar que Castillo intentó quebrar la democracia del Perú mediante un autogolpe de Estado, realizado el 7 de diciembre, el abogado Walter Ayala informó que se envió un documento a la CIDH para que se reponga a Castillo en la Presidencia y se proceda con su inmediata liberación.

El principal bloque de integración económica de la región entró en su peor crisis por la decisión de AMLO de negarse a entregar la presidencia temporal de la Alianza. "El traspaso de la Presidencia es una obligación contenida en un tratado que vincula, con calidad de ley en cada país de la Alianza", explicó el congresista Ernesto Bustamante.

La expremier negó tener algún tipo de participación en el golpe de Estado que intentó Pedro Castillo el 7 de diciembre. Sin embargo, una nueva declaración narró con detalles que Chávez sí conocía del golpe a la democracia, lo que además sería una falta ante a la Fiscalía.

El informe propone la acusación del ex mandatario, así como a Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones, y a Geiner Alvarado López, exministro de Vivienda.

Son 3 congresistas del Bloque Magisterial implicados en obtener beneficios para sus allegados. Además, buscaron colocar a 59 personas. Katy Ugarte, Francis Paredes y Pasión Dávila son parte de los Parlamentarios que decidieron que su bancada retire la firma para volver a debatir el adelanto de elecciones. 

El fracaso ocurrido con Petroperú abre el debate sobre las ineficiencias en las empresas estatales, que vienen viviendo (y sobreviviendo) a costa de los contribuyentes. ¿Cómo se entiende esa problemática?¿Existen soluciones?

¿Quién o quiénes protegen a Juan Silva, a Bruno Pacheco y a Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo? ¿Por qué siguen prófugos? La respuesta podría estar en la presencia de paisanos cajamarquinos en puestos claves dentro de órganos de la PNP y las FFAA que manejan información sensible y privilegiada. Todo encaja.

La directora de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) fue destituida sin previo aviso, pese a los logros concretos que consiguió, y el Gobierno nombró en su reemplazo a Robert López, un administrador de empresas que postuló al Congreso por el partido Victoria Nacional. Vigilante.pe conversó con la eficiente exfuncionaria y reveló que le pidió al nuevo titular de esta entidad que maneja S/ 8 mil millones de presupuesto no hacer cambios intempestivos que afecten los proyectos que están en marcha.