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Claves del informe que señala a Castillo como líder de una organización criminal integrada por 18 personas
Redacción Vigilante
Publicado 1:35 pm, 30 Junio, 2022
La Comisión de Fiscalización del Congreso atribuye al presidente en su informe final los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito, por los casos Tarata, Sarratea, ascensos en las FFAA y presiones en la Sunat. Además, recomienda acusar constitucional y penalmente al mandatario.
El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Héctor Ventura, sobre las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, por los graves hechos que se le imputan, se presentó oficialmente. En el extenso documento de 362 páginas se concluye que el mandatrario encabezaría una presunta organización criminal integrada por 18 otras personas, entre exministros, exfuncionarios, familiares y empresarios.
La investigación incluyó la injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas, las presiones al jefe de la Sunat, el hallazgo fiscal de US$ 20,000 en las oficinas del despacho del prófugo exsecretario presidencial Bruno Pacheco, el caso de las reuniones clandestinas en la casa Sarratea y las obras que implican a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
En el informe se atribuyen a Castillo Terrones los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito, y plantea acusar constitucionalmente y penalmente al mandatario por los casos Tarata, Sarratea, ascensos en las FFAA y presiones en la Sunat.
PUENTE TARATA III
“Está comprobado que José Pedro Castillo Terrones con Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Juan Francisco Silva Villegas, Marco Antonio Zamir Villaverde García y Karelim López Arredondo estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de diversas empresas; hubo entre ellos una distribución de roles conjuntamente con otros funcionarios, personas naturales y personas jurídicas”, detalla el documento al que accedió Vigilante.pe.
A ello se suman los sobrinos del presidente, Fray Vásquez, Fany Oblitas Paredes, Gian Marco Castillo, Rudbel Oblitas. Desde el lado de López y Villaverde se vinculan a Luis Pasapera, Marco Antonio Pasapera, George Pasapera, Héctor Pasapera y Víctor San Miguel Vásquez. En tanto, desde el exministro se implica a Hugo Trece Gallardo, Alcides Villafuerte, Juan Altamirano Sánchez, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Varga Mas.
A ello se suma que “está comprobado que existen indicios suficientes que los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureña habrían tenido participación para determinar los resultados de los procesos de selección en entidades del Estado”.
En esa línea, concluye que “está comprobado que existen elementos probatorios e indiciarios que acreditan la presuntas comisiones de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de Influencias”.
Finalmente, la comisión propone a la Comisión Permanente del Congreso de la República que formule acusación constitucional ante el Congreso contra el presidente Castillo, el exministro Silva Villegas, por la presunta comisión del delito de organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. De la misma manera, se remitió el resultado de estas indagaciones a la Fiscalía de la Nación a fin de continúe las pesquisas al mandatario y a los legisladores conocidos como ‘Los Niños’.
CASO SARRATEA
Sobre las reuniones en lo que habría sido el despacho clandestino del presidente Castillo, se concluyó que el mandatario “ha transgredido en ejercicio de sus funciones pues está obligado a mantener actualizado y accesible el registro de visitas, el cual tiene carácter de declaración jurada”.
Así, tanto Castillo como los congresistas de Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vásquez han vulnerado en ejercicio de sus funciones la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Han mantenido reuniones fuera del domicilio legal del despacho presidencial, en pasaje Sarratea N°179, distrito de Breña con exministros de estado, congresistas, funcionarios y empresarios, con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal”, detalla el informe.
Ante ello se pide la formulación de una acusación constitucional ante el Pleno del Congreso contra Pedro Castillo Terrones, los ex ministros Juan Francisco Silva Villegas y Juan Manuel Carrasco Millones, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, de negociación y compatible o aprovechamiento indebido del cargo y el delito de tráfico de influencia. Esta petición deberá ser analizada por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.
CASO FUERZA ARMADAS
Sobre la injerencia del mandatario y su exministro de Defensa Walter Ayala, la comisión señala que ha “quedado probado” que, en conjunto con Bruno Pacheco, “han realizado acciones de intervención en el proceso de ascensos de los altos mandos del Ejército del Perú, a fin de que oficiales allegados al ejecutivo sean beneficiados”.
“Existen suficientes indicios razonables de que los 20,000 dólares hallados en el baño de la oficina del exsecretario general del Despacho Presidencial, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, serían producto de cupos o coimas cobradas a los oficiales a los que se les pretendía beneficiar en el proceso de ascensos”, detalla el documento.
Así, el Congreso pide que se formule acusación constitucional ante el Legislativo contra el presidente Castillo y Ayala, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. De la misma manera, se remitió el documento a la Fiscalía.
LOS 20 MIL EN EL BAÑO
Sobre los miles de dólares que la fiscalía encontró en el baño del hoyo prófugo exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, se concluyó que “existen indicios razonables que sustentan la hipótesis de que el hallazgo es producto de coimas o cupos que habría sido cobradas a los oficiales de la Policía Nacional y del Ejército del Perú a fin de ayudarlos en el proceso de ascensos realizados en 2021”
A ello se suma que Pacheco Castillo ha tratado de aparentar que los US$ 20,000 tienen un origen licito, por lo que se recomienda que la Fiscalía continúe la investigación preliminar contra Pacheco por la presunta comisión del delito de lavado de activos teniendo como delito fuente los delitos de corrupción de funcionarios.