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Falta de transparencia: ¿Qué leyes y normas estaría vulnerando el gobierno?

A la falta de actas oficiales de los consejos de ministros en regiones, se suman otros hechos graves que confirman el desprecio por la institucionalidad y rendición de cuentas que muestra el Ejecutivo.

El jefe de gabinete, Aníbal Torres, defendió desde Huánuco los consejos de ministros descentralizados. (PCM)

El jefe del gabinete, Aníbal Torres, reconoció este martes 17 de mayo que algunos consejos de ministros descentralizados, de los 12 que han realizado hasta el momento, “no tienen actas”, pero trató de justificar esta situación al señalar que sí existen las relatorías de estos encuentros.

Pero lo cierto es que el despacho del premier solo remitió un acta del consejo realizado en Cusco el 29 de octubre del año pasado, cuando se le solicitó, en virtud de la ley de acceso a la información pública, las de las 11 reuniones de ministros en regiones que habían realizado hasta la semana pasada. De estas, ocho se hicieron en los últimos dos meses, como respuesta a una serie de protestas y demandas sociales contra el gobierno.

 “Aquí no estamos haciendo una reunión secreta, todos los peruanos conocen de los consejos descentralizados. En algunos casos no hay actas pero están las relatorías que se forman desde el día anterior”, refirió Torres durante el duodécimo consejo de ministros descentralizado que se realiza en la ciudad de Huánuco.

El tema es que no es lo mismo, porque las actas con los acuerdos aprobados son documentos oficiales que firman los ministros y el jefe de Estado por norma, en los que se incluyen además los anuncios o propuestas con sus respectivos sustentos técnicos.

Estos consejos son un espacios de diálogo y articulación y coordinación intergubernamental en la que se promueve la participación de representantes se la sociedad, para la ejecución de una agenda territorial y una adecuada respuesta estatal”, insistió Torres.

Pero tampoco hay resultados concretos de estos consejos de ministros descentralizados, que además tienen un alto costo para los contribuyentes, por toda la logística que implica el traslado del presidente, ministros, asesores, y otro tipo de personal de apoyo, que se suma a un fuerte despliegue de seguridad de las fuerzas del orden.

El problema es que si los acuerdos no constan en actas oficiales, no hay forma de hacerle seguimiento y, como consecuencia, se crean falsas expectativas que agravan la conflictividad social, que es lo que está pasando, porque ya gremios agrarios y de transportistas de diferentes partes del país se alistan para retomar paros y protestas ante los incumplimientos del Ejecutivo. 

A la falta de actas oficiales de los consejos de ministros en regiones, se suman otros hechos graves que confirman el desprecio que ha mostrado el gobierno de Pedro Castillo, desde el inicio de su gestión, por la transparencia y la rendición de cuentas:

  • Reuniones clandestinas fuera de Palacio o de ministerios y otras entidades públicas
  • Manipulación y ocultamiento de información en registros oficiales

Tres leyes y dos normas vulneradas

  • Ley N°28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública

Esta ley prohibe que funcionarios con capacidad de decisión, incluyendo al presidente, atiendan actos oficiales fuera de la sede institucional. De forma excepcional, pueden hacerlo previa programación y con una agenda pública.

  • Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28024 

Esta norma define la gestión de intereses como la actividad mediante la cual personas naturales o jurídicas “promueven de manera transparente sus puntos de vista en el proceso de decisión pública a fin de orientar dicha decisión en el sentido deseado por ellas”.  “Los funcionarios con capacidad de decisión pública son responsables de registrar los actos de gestión de intereses”, agrega la norma.

  • Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Esta ley señala que “las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo” y que “las entidades del Poder Ejecutivo actúan de manera que las personas tengan acceso a información”. A ello se suma que el presidente tiene como una de sus funciones “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú”.

  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Esta ley contempla que las entidades de la administración pública deben publicar en sus portales web las “actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la entidad respectiva…”.

  • Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial

Esta norma establece que “el despacho presidencial tiene como domicilio la Casa de Gobierno o Palacio de Gobierno, ubicada en la ciudad de Lima”.

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