Asignan recursos a unidad de Colchado con un mes de atraso y tras públicos reclamos

El último intento, fallido y burdo, de boicotear el trabajo del coronel PNP confirma hasta dónde el gobierno es capaz de llegar para obstruir el avance de las investigaciones contra los allegados del presidente Pedro Castillo.

La fallida destitución del coronel PNP Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) fue la última de una serie de maniobras del gobierno de Pedro Castillo para obstruir el avance de las investigaciones contra los allegados del presidente.

Pero el escándalo fue tal y las consencuencias políticas y legales de un intento burdo por boicotear el trabajo de un personaje incómodo para Palacio como Colchado, hizo retroceder al ministro del Interior, Willy Huerta, a quien ya buscan censurar en el Congreso.

Además, la reacción de la fiscal Marita Barreto, jefa del equipo especial que investiga al entorno del mandatario, puso en evidencia que los intentos del gobierno por neutralizar las pesquisas no solo pasan por deshacerse de Colchado, sino también por una serie de medidas, como la de retrasar la entrega de recursos para que haga su trabajo.

“Esto es una grave conducta obstruccionista de quien ejerce el poder en este momento, hubo una obsesión por retirar de sus funciones al coronel Colchado. Hoy con este documento lo que han dicho es: quédate en el equipo, pero no te vamos a dar un sol para que cumplas tus funciones”, dijo la magistrada.

La fiscal Barreto explicó que debido a la situación que atraviesa el equipo de Colchado, los fiscales tampoco habían podido ejecutar diligencias de campo. Incluso el coronel ya le había comunicado esta semana a la magistrada que suspendería toda actividad de su equipo PNP por falta de presupuesto.

Por ejemplo, una de las diligencias que se no se pudieron hacer fue la intervención del departamento de Surquillo donde el buró político de Castillo, integrado por los llamados ‘Los Chiclayanos’ –además del empresario Alejandro Sánchez–, convocó a la exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños, para pedirle información sobre las millonarias obras de ese sector que pretendían direccionar.

Precisamente, según fuentes de la institución, el intento por remover a Colchado de la Divbus implicaba dejarlo sin personal y recursos. El coronel está encargado de buscar a los prófugos Juan Silva, exministro de Transportes y amigo del presidente, y al sobrino del mandatario Fray Vásquez.

De hecho, hace un mes que la unidad a cargo de Colchado venía reclamando el presupuesto especial requerido para setiembre, sin éxito hasta ahora en que estalló este último escándalo.

Recién el último lunes 12 de septiembre en la tarde el Ministerio del Interior asignó los recursos que venía reclamando el oficial desde el 15 de agosto y que reiteró dos veces más: el 6 y 10 de septiembre, con sendos oficios en los que anexó informes detallados del cumplimiento de objetivos de la Divbus durante su gestión.

La Divbus, con el coronel Colchado como líder, forma parte del equipo de la Policía Nacional que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Bajo su mando se desarticularon 10 organizaciones criminales de las 30 rastreadas, entre ellas las que, según el Ministerio Público, encabeza Pedro Castillo. Además, apoya otras 76 investigaciones fiscales.

El presupuesto especial se solicitó para continuar con las actividades de investigación e inteligencia en las “diversas carpetas fiscales que se vienen desarrollando a nivel nacional” en conjunto con las fiscalías de Crimen Organizado, Corrupción de Funcionarios y del Equipo de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

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