¿Por qué la Convención Constituyente en Chile se encamina al fracaso?

El proceso que empezó hace menos de dos años en el vecino del sur es un espejo en el que Perú se puede mirar para tener claro cuál es el camino que no debemos transitar.

Hace menos de dos años, en Chile se inició un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, similar al que ahora el gobierno de Pedro pretende implementar en Perú, donde ya sufrió su primer revés político, y aunque el contexto y las circunstancias son diferentes, es bueno revisar qué ha pasado en el vecino país del sur para sacar algunas lecciones y evitar cometer los mismos errores.

La Convención Constituyente de Chile inició el 22 de febrero de este año, formalmente, el debate del contenido de la nueva Constitución con la que pretende reemplazar a la actual. En total son 1.275 normas constitucionales que deben debatirse y aprobarse, para lo cual se necesitan dos tercios de los 155 convencionales (103 votos).

Es un proceso que empuja y respalda el actual gobierno chileno de izquierda, encabezado por el presidente Gabriel Boric, porque mucho de su capital político está puesto allí, al ser uno de sus principales promotores, incluso antes de asumir el mando del país.

Pero todo apunta que la ciudadanía chilena rechazará el nuevo texto constitucional, que se votará en un plebiscito del 4 de septiembre próximo, donde el voto será obligatorio.

El rechazo popular a la nueva Constitución está en torno al 46% y superó por primera vez el índice de apoyo, que alcanza el 40%, según los últimos sondeos, lo que demás coincide con la caída de la popularidad del propio Boric, cuyo nivel de desaprobación pasó en menos de un mes del 20 % al 35 %, y su aprobación se ubicó en torno al 45 %, cinco puntos menos que cuando juró el cargo, el 11 de marzo pasado.

Además las encuentas también registran un aumento en la desconfianza hacia la Convención Constituyente de Chile, al llegar a 55%, el nivel más alto desde noviembre de 2021.

Esto pese a que en octubre del 2020, casi 80% de chilenos votó a favor de una nueva Carta Magna, y en mayo del 2021 se eligió en las urnas a los 155 miembros de la actual Convención Constituyente. Este organismo es paritario, con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.

Para muchos chilenos, era la única la salida institucional a una crisis política sin precedentes que se desató con el estallido social de octubre de 2019. Las protestas empezaron por el alza del precio de los pasajes del metro, pero eso solo fue la chispa de un gran descontento acumulado por años por la desigualdad en el país.

¿Qué pasó entonces?

El nuevo texto constitucional debe estar listo antes del 5 de julio, día en que termina el plazo de funcionamiento de la convención. Entre las razones para la pérdida de respaldo ciudadano a este proceso constituyente está la falta de consensos y acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en ese cuerpo legislativo.

La convención está fragmentada. Los independientes controlan casi un tercio de los escaños. Los partidos tradicionales de derecha y de centro izquierda tienen una menor representación.

En tanto, los llamados “independientes” y la izquierda más radical han excluido de las negociones a la derecha y centro derecha, cuyos 37 escaños son necesarios para aprobar las reformas.

“Existe la falsa ilusión de que esto se podría hacer sin la derecha, sin el centro y parte de la centro izquierda”, admite la actriz y activista política Javiera Parada, quien lleva impulsando un cambio constitucional hace más de una década.

Otra razón del rechazo son los cambios extremos que se pretenden aprobar. Entre ellos la nacionalización de empresas mineras, la suspensión de los derechos de agua y de títulos empresariales sobre territorios indígenas, o revisión de todos los tratados de libre comercio.

Un grupo de constituyentes también pretendía eliminar los tres poderes del Estado porque son “totalmente funcionales a la dominación burguesa”, y reemplazarlos con una “asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos”. Esta propuesta finalmente fue rechazada.

Otra medida cuestionada es el llamado “pluralismo jurídico”, que permite crear tribunales para los pueblos indígenas que coexistirían en un “plano de igualdad” con el Sistema Nacional de Justicia. En la práctica sería un “sistema paralelo de justicia”, lo que terminaría con la “igualdad ante la ley”.

El rechazo también se da por las disputas internas y varios escándalos en torno a constituyentes ligados a las protestas sociales de 2019, lo que ha polarizado y dividido a la ciudadanía chilena.

Uno de los escándalos más sonados en la Convención fue el del constituyente Rodrigo Rojas Vade, un activista de 37 años que se hizo popular por su lucha contra el cáncer, pero luego admitió que no tenía esta enfermedad.

“Cometí un error, un terrible error, no fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Mentí sobre mi diagnóstico, no tengo cáncer”, dijo Rojas al anunciar que dejaba su escaño, pese a que no hay un mecanismo legal para abandonar formalmente la Convención.

“El caso de Rojas Vade hizo caer la confianza muy fuerte, fue un gran impacto. Y después una serie de actuaciones, cuando se muestra a gente cantando o disfrazada que le restan seriedad al proceso. Además hay polémicas entre convencionales y eso molesta a la ciudadanía”, explica el analista chileno Claudio Fuentes.

Uno de los vergonzosos episodios que han sumido en el desprestigio a la Convención chilena lo protagonizó la constituyente Giovanna Grandón, mejor conocida como Tía Pikachu, quien se disfrazó del personaje de Pokémon durante una sesión del pleno.

El escritor y constituyente Patricio Fernández admitió la falta de liderazga para lograr acuerdos en la convenión, donde “el desorden es grande, abunda el cansancio y la dispersión”. Hay, en efecto, “buenas razones para la desazón”, agregó.

El tiempo se acaba y el fracaso de un proceso de cambio asoma, mientras el futuro de Chile es incierto. El mayor desastre sería que se llegue al 4 de julio sin aprobar una propuesta de texto constitucional, porque al menos hasta el momento no parece haber consenso para extender el plazo de trabajo del la Convención Constitucional.