Informe de la ONG Amnistía Internacional tiene “un claro sesgo político y no suma al esclarecimiento de los hechos”

El informe publicado por la ONG Amnistía Internacional de Derechos Humanos sobre las violentas protestas que se registraron a inicios del 2023 es un documento con serias inexactitudes que configuran erróneamente lo ocurrido el pasado 7 de diciembre.

En primer lugar, nunca se menciona el autogolpe de Estado de Pedro Castillo o el proceso constitucional de vacancia en su contra por incapacidad moral permanente. Asimismo, tampoco se hace énfasis en las muertes provocadas por las brutales manifestaciones y, por el contrario, califican el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas como desproporcionado y letal.

El referido informe también cuenta con frases que sindican a las fuerzas del orden como agentes que actuaron con el único objetivo de “silenciar y castigar a quienes se manifestaban”. En el mismo sentido, se afirma que durante el despliegue policial hubo “graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional”, incluso, cuando fueron los propios manifestantes quienes quemaron sedes judiciales y fiscales, aeropuertos y pequeños y medianos negocios locales al exigir la liberación del exmandatario, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Otro punto importante de este documento es donde se afirma que las consecuencias fatales de las violentas marchas, promovidas por un sector radical, fueron motivadas por el racismo letal, concluyendo que “el uso de la fuerza letal por parte de los elementos de seguridad peruanos se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima, la capital del país, y que las muertes registradas durante las protestas sugieren un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas”

Pero, ¿realmente fue el “racismo sistemático? Elizabeth Zea, abogada especializada en derechos humanos, señaló a Vigilante.pe que lo documentado en el informe son solo inexactitudes que no muestran la verdad de lo ocurrido hace apenas algunos meses.

De acuerdo a lo mencionado por la especialista, Amnistía Internacional no es capaz de mencionar que Pedro Castillo dio un golpe de Estado al desconocer por completo las instituciones públicas y democráticas del país. Por el contrario, deciden denominar su salida del poder como “destitución y arresto” del exmandatario.

“Las conclusiones no se alejan mucho a las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al afirmar que el uso desproporcional de la fuerza se debe a un racismo letal. Así lo manifiestan, porque las víctimas son de origen rural andino, lo cual quiere decir que las fuerzas del orden ejercieron un uso indiscriminado de la fuerza en razón al origen de estas personas. Pero sabemos que no fue así”, comentó.

Respecto a si este documento fue redactado bajo la misma línea editorial que el informe de la CIDH, Zea aseguró que no es difícil reconocer la existencia de un marcado sesgo ideológico en ambos escritos, debido a que existen ciertas incoherencias que ambos contenidos comparten entre sí. Una de ellas se basa en reconocer las muertes de los manifestantes como “ejecuciones extrajudiciales”, incluso, cuando las investigaciones aún continúan su curso y ni la Fiscalía o el Poder Judicial han determinado estas muertes como tal.

“Hay un claro sesgo político. Definitivamente, esto no suma al esclarecimiento de los hechos. Porque, más allá de las investigaciones que debe hacer la Fiscalía en torno a las muertes de estos peruanos en medio de los enfrentamientos, se olvidan de las causas de estas protestas. Estos dos últimos años hemos vivido en medio de un contexto de conflictividad a causa del señor Pedro Castillo, quien no respetó la Constitución el 7 de diciembre al dar un golpe de Estado. No decirlo claramente en un informe, el cual debería defender los derechos humanos, debilita la legitimidad del mismo”, agregó.