Coalición ciudadana plantea adelanto de elecciones y 7 reformas políticas

Este colectivo civil plantea que el Congreso de la República debata y apruebe 7 reformas políticas con el objetivo de mejorar “las reglas de juego” de nuestro panorama electoral. Asimismo, proponen un adelanto de elecciones que evitaría que continuemos inmersos en esta crisis institucional 

No es ninguna novedad que la mayoría de peruanos exigen la renuncia inmediata de Pedro Castillo por los múltiples cuestionamientos que pesan en su contra. Sin embargo, también existen diversas figuras del medio político que no solo solicitan la salida de los miembros del Ejecutivo, sino también de los legisladores.

Bajo el lema “que se vayan todos”, diversos miembros de la oposición y agrupaciones solicitan un adelanto de elecciones. En esta oportunidad, el colectivo civil Coalición Ciudadana también se une a este pedido, pero no sin antes proponer 7 reformar políticas que permitirían que las “reglas de juego” sean completamente imparciales y justas para todos en el panorama nacional electoral.

La primera reforma planteada por este equipo de ciudadanos, el cual es representado por el vocero Alvaro Henzler, corresponde a la elección de segunda vuelta. Para Coalición Ciudadana, todos los representantes de las agrupaciones políticas que obtuvieron las votaciones más altas deberían pasar a un segundo proceso electoral, debido a que se debería superar el 55% de votos para representar verdaderamente a la ciudadanía. 

La segunda reforma señala que los congresistas deberían ser elegidos durante la segunda vuelta electoral. Solo así los ciudadanos podrán conocer qué partidos cuentan con una verdadera participación política y evitar futuros desacuerdos durante la gestión del Poder Ejecutivo y Legislativo.

La tercera reforma política indica que se debería permitir la elección del 50% de congresistas a la mitad del periodo parlamentario y la reelección de legisladores por un periodo inmediato de 5 años. De esta manera, se estaría premiando la meritocracia y el buen desempeño de sus funciones.

La cuarta reforma precisa que “las personas que han sido condenadas por delitos muy graves deben estar impedidas de postular o ejercer cargos públicos de elección o desempeñar cualquier función en el Estado”, mientras que la quinta reforma hace énfasis en la integración de comunidades indígenas u originarias en el Parlamento.

La sexta reforma habla sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, debido a que se propone que estos integrantes deberían ser seleccionados mediante concurso público y por evaluadores verdaderamente capacitados y más no por el Congreso. 

Por último, la séptima reforma indica que un presidente de la República puede ser acusado o destituido por “delitos muy graves como corrupción, crimen organizado o por infracción a los deberes primordiales del Estado previstos en el artículo 44 de la Constitución”. Además, también señala que se debería cambiar la figura de vacancia por incapacidad moral permanente a “incapacidad mental o física permanente comprobada, más la posibilidad de suspensión o inhabilitación del presidente después de la aprobación de una investigación regular presentada por la Fiscalía de la Nación, con las garantías del debido proceso”.