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Castillo usa la demagogia para anunciar que revisará contratos con empresas que no culminen obras públicas

Redacción Vigilante Publicado 3:50 pm, 2 noviembre, 2022

En medio del fracaso de Petroperú, de la compra de fertilizantes y del direccionamiento irregular de obras en Vivienda y Transporte, el presidente anunció que revisará los contratos de obras no culminadas con las empresas privadas y para ejecutarlas usará un “batallón de ingeniería del Ejército”. Especialistas consideran propuestas “demagógica” e inviable.

Pedro Castillo afronta una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía.

El presidente Pedro Castillo nuevamente utilizó el populismo y la demagogia para abrirse terreno ante una serie de investigaciones fiscales y ocultar una gestión ineficiente. Para ello, anunció que revisará los contratos sobre obras entre los ministerios y el sector privado para determinar en qué casos se han incumplido los plazos de culminación de estas. Así, afirmó que si se identifican retrasos y anomalías, estas deberán ser ejecutadas por el Gobierno a través del batallón de ingeniería del Ejército y el Ministerio de Defensa”.

Vamos a revisar todos los contratos que hay en todos los ministerios, de todas las obras (…) Vamos a darle un plazo a las empresas para que hagan las obras, sino las tomará el Gobierno a través del Ministerio de Defensa para que el equipo de ingenieros lo ejecute directamente con el pueblo y sean entregadas”, añadió este fin de semana desde Cerro de Pasco.

Esta declaración se da en medio del fracaso en la gestión de la empresa estatal de PetroPerú y la crítica situación que se desató en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por la compra de fertilizantes. A ello se suma la corrupción enquistada en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transporte, donde la Fiscalía viene investigando a una organización criminal liderada por el presidente encargada de direccionar obras a favor de allegados o como parte de un pago tras apoyo en la campaña electoral.

Cabe recordar que la Contraloría reveló que, hasta agosto de este año, existen 2 346 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con un costo de más de S/ 29.732 millones. Para culminar dichas inversiones se requieren más de S/ 14.653 millones.

En esa línea, el mayor número de obras paralizadas, es decir 1704, pertenecen a entidades del Gobierno Local las cuales representan una inversión de más de S/ 6983 millones. En tanto, las entidades del Gobierno central cuentan con 368 proyectos paralizados por más de S/ 9 893 millones mientras que a nivel de entidades del Gobierno Regional existen 274 inversiones paralizadas por más de S/ 12 mil 854 millones.

Un dato importarte para agregar es que, según el último Reporte de Obras Paralizadas en el Territorio Nacional, las principales causas de dicha paralización fueron la falta de recursos financieros y liquidez (611 obras, es decir 27.2%), el incumplimiento de contrato (314, es decir 12.2%), los eventos climáticos (245, es decir 14.9%), así como también las discrepancias, controversias y arbitrajes (117, es decir 4.3%), entre otros

Información de la Contraloría a agosto 2022.

DEMAGOGIA Y POPULISMO

El especialista en contrataciones con el Estado, Óscar Saravia, consideró que sería precipitado adelantar opinión sobre lo dicho por el presidente ya que no se presentó el proyecto de ley, sin embargo, sí calificó el discurso de  “demagógico”. «Este gobierno nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Sí es una postura mas demagógica que cierta, porque puede tener como consecuencias el inicio de controversias, arbitrajes, demandas, etc. El presidente lanza cualquier propuesta con tal que la gente le aplauda. Hay que esperar el proyecto, hay que conocer los detalles”, explicó a Vigilante.pe.

En tanto, el economista Pablo Secada sostuvo que con esta propuesta, “el gobierno se expondrá a que las empresas encargadas de los contratos lo enjuicien o lo lleven a arbitraje, con lo cual las obras se trabarán por más tiempo aún”. “Buena parte de los retrasos son responsabilidad del estado, que no expropia por ejemplo”, agregó.

El experto en contrataciones con el Estado, César Campos, consideró que es inviable puesto que le quitaría estabilidad jurídica a las empresas.

El exministro de Economía, Carlos Oliva, dijo a El Comercio que Castillo trata de culpar a los contratistas a pesar que en la realidad esto no es así. Según explicó, también tienen que ver los ministerios, gobiernos regionales o locales que no cumplen en ocasiones con la entrega o saneamiento de terrenos, eliminación de interferencias, entre otros. “Eso es demagogia. No hay mucho que hacer. Las obras están paralizadas por diversos motivos (…) el Gobierno tiene un grave problema para generar confianza en la inversión privada básicamente”, dijo.

Por su parte, el presidente del Gremio de la Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, Miguel Honores, advirtió que el pronunciamiento de Castillo podría tener un mensaje “intervencionista”. “Es una mera declaración populista. No es real. No funcionaría. Primero tendríamos que entender por qué hay tantas obras paralizadas. Ese sería el primer punto. Cada caso es muy particular”, sostuvo.

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