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Hay 11 prófugos cercanos al gobierno y Perú Libre

Redacción Vigilante Publicado 2:36 pm, 31 Marzo, 2022

Dos sobrinos del presidente Castillo, su exsecretario Bruno Pacheco, cinco investigados por ‘Los dinámicos del centro’ y tres por ‘Los tiranos del centro’ lograron escabullirse de la justicia bajo un mismo modus operandi que pone en duda la actuación de las autoridades policiales y judiciales. Todos tienen orden de detención y están implicados en casos de corrupción.

Gian Marco Castillo, Bruno Pacheco y Fray Vásquez siguen inubicables y no piesan entregarse a la justicia.

Los sobrinos de Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, no fueron ubicados el lunes último cuando iban a ser detenidos por la Policía, en virtud a un pedido de la fiscal Karla Zecenarro, a cargo de las pesquisas por la supuesta mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para direccionar obras públicas y en la que estaría implicado directamente el mandatario y su entorno más cercano.

No es la primera vez en este gobierno que personas allegadas al poder logran huir de la justicia. En total, hay 11 prófugos, entre familiares del mandatario e investigados por los casos “Los dinámicos del centro” y “Los tiranos del centro”, mafias vinculadas al partido de gobierno, Perú Libre. Esto aumenta las sospechas en torno a que estos personajes fueron alertados de los operativos e intervenciones que se venían en su contra.

Pero en medio de la presión mediática y el creciente rechazo popular, el Ministerio del Interior (Mininter) incluyó en el Programa de Recompensas a Pacheco y a los sobrinos de Castillo. Diversos sectores habían exigido medidas para evitar la fuga de estas personas que no habrían salido del país, según sus registros migratorios. También fueron incluidos exfuncionarios de Provías Descentralizado Edgar Vargas Mas y Alcides Villafuerte Vizcarra.

Colusión, tráfico de influencias y organización criminal

En el caso de Fray Vásquez Castillo, el sobrino predilecto del presidente con mucha influencia en la altas esferas del poder, la fiscalía le imputa tres delitos por el caso Puente Tarata, la irregular concesión de una obra de S/ 232 millones -ya anulada- en la región San Martín a un consorcio vinculado a la lobista Karelim López, hoy aspirante a colaborada eficaz.

En este caso también está implicado otro sobrino prófugo de Pedro Castillo, Gian Marco Castillo, quien traficaba influencias en el MTC con su primo Fray Vásquez, según la fiscalía, que les imputa los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias como tipo penal alternativo y organización criminal en agravio del Estado. Según el Comando de la Policía, los familiares del presidente estaban inubicables desde el 14 de marzo pasado.

En esta trama de corrupción que investiga el Ministerio Público también está implicado exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien permanece inubicable, pese a tener también una orden judicial de detención preliminar. La defensa del exhombre de confianza del presidente adelantó que este no se entregará a la justicia; semanas atrás, en un video, dijo que quería ser “colaborador con la justicia”, pero lo cierto es que su conducta procesal ha sido de obstrucción a la justicia. Según la fiscalía, Pacheco revisaba con Pedro Castillo designaciones claves en el MTC, mientras que el operador del mandatario en ese sector sería el empresario Zamir Villaverde.

Caso ‘Los dinámicos del centro’

En las investigaciones por esta presunta mafia vinculada a Perú Libre que se enquistó en el gobierno regional de Junín hay cinco prófugos desde el año pasado, todos miembros del partido de gobierno.

Uno de ellos es Arturo Cárdenas, alias Pinturita, a la sazónsecretario nacional de Organización de Perú Libre y hombre de confianza del dueño del partido y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, también sentenciado por corrupción.

También Eduardo Reyes, militante del lápiz y exfuncionario de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del gobierno regional (GORE) de Junín, y Waldys Vilcapoma, exsecretario regional de Perú Libre que también fue funcionario de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín.

Los otros prófugos del lápiz son José Bendezú, exsecretario nacional de prensa de Perú Libre y exdirector regional de transporte en Junín; Francisco Muedas, militante de Perú Libre y exjefe del Área de Licencias de la DRTC de Junín.

Caso ‘Los tiranos del centro’

Hay tres prófugos de Perú Libre en el marco de esta investigación por una organización criminal que operaba en la Municipalidad Provincial de Huancayo para hacer cobros ilícitos a negocios y ciudadanos que debían fiscalizar.

Juan Carlos Quispe, dirigente de Perú Libre y alcalde de Huancayo; Henry López, miembro de lápiz y exalcalde de Huancayo; y Carlos Pimentel, también militante del partido de gobierno, están prófugos desde febrero pasado. La fiscal del caso, Bonnie Bautista, denunció que fueron alertados de sus detenciones.

Topos bajo la lupa

Este patrón que se ha repetido en los tres casos pone bajo sospecha al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio Público, que podrían haber sido infiltrados por el poder de turno. Las dudas crecen si tenemos en cuenta las movidas en la Dirección de Inteligencia del Mininter (Digimid) y la actuación de algunos fiscales, como Omar Tello.

Por ejemplo, el fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios Marco Huamán Muñoz no renovó oportunamente la orden para que la Policía siga realizando labores de búsqueda y video vigilancia a Bruno Pacheco y a los involucrados en el caso Sarratea. Según Correo, la medida que estuvo vigente tres meses culminó el 21 de febrero de 2022.

“Debemos exigir una explicación a la Fiscalía sobre la actuación displicente y descuidada con que el fiscal correspondiente ha tratado a estos personajes cercanos al gobierno de turno”.

Rubén Vargas, exministro del Interior

Para el exministro del Interior Carlos Basombrío, estamos ante un caso “bastante evidente de entorpecimiento de la justicia para favorecer a investigados y evitar las decisiones judiciales se cumplan”.

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