Límites de las protestas: ¿Es correcto el uso de la violencia?

Bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos y daños a la propiedad privada son algunos ejemplos que evidencian cómo los manifestantes hacen uso de la violencia para “luchar por sus derechos”. ¿Por qué se ha permitido que las protestas se  vuelvan agresivas si la Constitución Política establece que sólo está permitido ”reunirse pacíficamente sin armas”?

Con la reciente toma del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa, por aproximadamente 2 mil personas enardecidas que exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte, nuevas elecciones en 2023 y una Asamblea Constituyente, queda claro que la violencia es la principal herramienta de los manifestantes para reclamar por sus derechos.

Sin embargo, cabe señalar que estas acciones solo demuestran la nula preocupación de estos individuos por el bienestar colectivo, debido a que, al amedrentar a otros, ellos mismos se exponen a la violencia. Esto provoca, lamentablemente, que los hombres y mujeres que usen armas o palos para obstaculizar el libre tránsito en carreteras, que quemen comisarías o que desbaraten sedes del Ministerio Público se vean expuestos a una respuesta violenta por parte de los efectivos policiales.

Pero, ¿por qué hemos normalizado el daño a la propiedad privada y el bloqueo de vías cuando la propia Constitución Política del Perú solo permite protestas pacíficas y sin el uso de ningún tipo de arma? Si bien es una pregunta difícil de responder, el origen de esta permisividad puede radicar en la falta de acciones adoptadas por el Ejecutivo para frenar estos actos.

Recordemos que, por ejemplo, la expremier de la República, Mirtha Vásquez, nunca fue capaz de ponerle un límite a este tipo de protestas durante su gestión y, por el contrario, dejó a su libre albedrío a todos aquellos que querían protestar contra las minas y la empresa privada al sur del país.

Hace algunos meses, Aníbal Torres, también exjefe del Gabinete Ministerial, tampoco le puso un alto a las manifestaciones que paralizaron las actividades de unidades mineras sumamente importantes para el Perú como Las Bambas, Inmaculada o Cuajone. 

Ambos casos dejan clara la posición del gobierno que presidía Pedro Castillo, quien jamás intentó frenar estas movilizaciones violentas en contra de su régimen cuando aún era el jefe de Estado. 

2 personas pierden la vida en Andahuaylas

El último domingo 11 de diciembre, se reportó el fallecimiento de dos personas en Andahuaylas tras las violentas manifestaciones en la zona. Recordemos que en esta ciudad, los protestantes no sólo retuvieron a dos suboficiales en contra de su voluntad, sino que también tomaron el aeropuerto y evitaron que alrededor de 50 personas, entre policías y operadores de Corpac, puedan retornar a sus domicilios.

Si bien el fallecimiento de estos jóvenes entristece a la nación, es imposible reconocer que quienes protestan en contra de Dina Boluarte y exigen un adelanto de elecciones inmediato y una Asamblea Constituyente han intentado politizar sus muertes para proponer una agenda política, la cual ha sido respaldada por Betssy Chávez, ex primera ministra.

Es importante señalar que la exjefa de Gabinete rindió declaraciones a través de un megáfono en los exteriores de la Diroes la noche del último domingo, en donde afirmó que la culpable de la muerte de estas personas era la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Además, la tildó de corrupta.

Asimismo, precisó que existe una desconexión entre lo que sucede en la capital y el interior del país, por lo que animó a la ciudadanía a seguir alzando su voz de protesta. 

¿Acaso Chávez Chino está azuzando a la ciudadanía a rebelarse contra los poderes del Estado solo porque las instituciones autónomas peruanas como la Fiscalía cumplieron con detener a Pedro Castillo? ¿Por qué nuestras exautoridades están dispuestas a vulnerar y perturbar la tranquilidad de la población al seguir incitando a la violencia? ¿Quién será capaz de frenar los disturbios?

LEE TAMBIÉN: