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‘Gabinete en la sombra’: Fiscalía pide prisión preventiva para asesores de Pedro Castillo

Redacción Vigilante Publicado 1:17 pm, 21 Octubre, 2022

Solicitud por 36 meses del Ministerio Público alcanza a Salatiel Marrufo, Biberto Castillo, Abel Cabrera y Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y hoy también prófugo de la justicia. En tanto, Beder Camacho está a la espera una respuesta para convertirse en colaborador eficaz.

Auner Vásquez, Salatiel Marrufo y Abel Cabrera fueron intervenidos.

Luego del megaoperativo que realizó la Fiscalía el 11 de octubre en el marco del operativo Valkiria II, donde se desplegó 200 policías y 60 fiscales en distintos puntos del país como Lima, Callao, Huancayo y Chimbote para ejecutar una orden de allanamiento en el caso deLos Niños’ y captura de los implicados del caso ‘gabinete en la sombra, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, a cargo de la fiscal provincial Kelinda Janampa, solicitó 36 meses de prisión preventiva para cuatro de los integrantes y también pidió, por el mismo lapso de tiempo, comparecencia con restricciones para otros cuatro. Además, se informó que se formalizó la investigación preparatoria contra más de 20 investigados en el caso.

Según el documento fiscal, la prisión es para Salatiel Marrufo, Biberto Castillo, Abel Cabrera y Alejandro Sánchez. Como se recuerda, Marrufo fue asesor principal del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, otro de los investigados en el caso de corrupción del gobierno, y habría parte de un grupo denominado ‘Los Chiclayanos’ que se encargaban de direccionar obras de saneamiento a personas allegadas al gobierno con la finalidad de obtener beneficios ilícitos y pagar favores de campaña. En este grupo también estaba Cabrera.

En tanto, Biberto Castillo habría presionado al exministro de Energía y Minas Eduardo Gonzales para nombrar a Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perúpetro. Por su parte, Sánchez es amigo cercano de Pedro Castillo, y desde la campaña le prestó la casa de Sarratea, que se convirtió en el despacho clandestino del presidente.

Otro testimonio dio cuenta que Sánchez tuvo injerencia en el cambio de mandos policiales en regiones claves con la presunta finalidad de sacar dinero ilícito del país. Además, habría ocultado al prófugo Fray Vásquez en su casa de Asia. Hasta el momento no se conoce su paradero por lo que se le considera prófugo. Desde el Congreso piden incorporarlo en el programa de recompensas con la finalidad de evitar que salga del país.

Según la tesis fiscal, en la estructura criminal, Sánchez Sánchez y Cabrera Fernández tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización; Marrufo y Vásquez era los coordinadores. Mientras que Biberto Castillo cumplía el rol de operador.

Por otro lado, se solicitó comparecencia con restricciones para Henry Shimabukuro, Eder Vitón y Auner Vásquez. Shimabukuro sería el operador de Inteligencia y habría tenido injerencia en la decisión del presidente de aplicar inconstitucionalmente la inmovilización total el 5 de abril del 2022. En tanto Vitón fue asesor del Gabinete Técnico del presidente, pero renunció tras ser incluido en la investigación por presuntamente querer entorpecer la búsqueda de exfuncionarios, entre ellos el exministro Juan Silva y Bruno Pacheco.

La medida también recae sobre uno de los hombres de más confianza del presidente Castillo: Beder Camacho, quien ahora busca convertirse en colaborador de la Fiscalía, dado que admitió que está dando información a los fiscales sobre los casos en los que se le implica. “A la fiscal que está llevando el caso le hemos dicho que estamos prestos a brindar las facilidades del caso para que se esclarezca la verdad”, dijo. Sobre su participación como colaborador eficaz, afirmó a Hildebrant en sus Trece que “esta en la espera”.

El testimonio de Camacho está incorporado como parte de las indicios de irregularidades en la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra Pedro Castillo. Esto daría cuenta de cómo se habría estructurado todo un aparato en el gobierno para obstruir a la justicia. Por este motivo, según denunció Camacho, está recibiendo amenazas de muerte.

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