Benavides sobre acusación a Castillo: “Indicios constituyen sospecha fundada de delitos”

Fiscal de la Nación se pronunció tras presentar la denuncia constitucional contra el presidente por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Señaló que, ahora, la responsabilidad de seguir con el proceso recae en el Congreso. Además, denunció una “constante y feroz obstrucción de la justicia” de la organización criminal que lideraría el mandatario.

La tarde del martes 11 de octubre, y luego de tres meses de investigación, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, por la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.

Posteriormente, Benavides emitió un pronunciamiento público acompañada del equipo especial de fiscales, encabezado por la fiscal Marita Barreto, y parte de los miembros de la policía especial que apoya en las indagaciones, liderado por el coronel Harvey Colchado.

En su pronunciamiento, la fiscal de la Nación sostuvo que hay “indicios hallados que constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que hay suficientes indicios que sustentan la denuncia constitucional como el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.

“Por estas razones, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, dijo.

Agregó que esa presunta estructura corrupta es integrada por los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda), y el exgerente general de Petro Perú Hugo Chávez, entre otros.

Así, tras presentar la denuncia constitucional, Benavides agregó que ahora es competencia del Congreso darle trámite al proceso. “Es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, señaló.

Por otro lado, la titular del MP advirtió de una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal, que aprovechándose del poder de estar en el Gobierno “amenaza la autonomía del Ministerio Público” y realiza un permanente amedrentamiento su contra y su familia.

“La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, añadió.

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