¿Por qué es inviable una asamblea constituyente en el Perú y cuáles son los riesgos que implica?

Un sector de la izquierda más recalcitrante, encabezado por Vladimir Cerrón y Guido Bellido, insiste en que la salida a la actual crisis política y social que atraviesa el Perú, generada principalmente por los desaciertos del presidente Pedro Castillo, es la Asamblea Constituyente.

Al coro cerronista se ha sumado, irónicamente, su exaliada Verónika Mendoza, pese a que ninguno de ellos tiene ni la fuerza política ni el respaldo popular para insistir en una idea que solo agravaría la incertidumbre que hay en el país, sin contar que el Congreso ya le puso un candado a la posibilidad de que Perú Libre se quiera saltar las normas para imponer un proceso constituyente.

Es inviable por varias otras razonas también: nuestro ordenamiento legal vigente no permite el cambio de Constitución a través de una asamblea constituyente; tampoco existe ningún dispositivo legal que le permita al presidente de República convocar directamente a una asamblea constituyente.

La única vía posible es reformar la Constitución para incluir este mecanismo, a través del Congreso, pero ninguna fuerza política tiene los votos para ello, y encima hay una ley vigente que señala que cualquier cambio parcial o total de la Constitución debe ser aprobado obligatoriamente por el Congreso.

Pero como ya se ha advertido y explicado en base a evidencia empírica, para atender y solucionar los problemas más urgentes del país, ahora agravados por la fuerte alza de precios y la falta de empleo, no se necesita cambiar la Constitución.

Lo que se requiere es capacidad de gestión; transparencia y eficiencia en la ejecución de los recursos para cerrar brechas sociales y mejorar los servicios públicos; promover la inversión, sobre todo privada, que es la que paga impuestos y crea empleos, a través de reglas claras. Nada de esto nos ha ofrecido el presidente Castillo y sus aliados en casi ocho meses de gestión.

Ni siquiera han planteado reformas constitucionales puntuales para mejorar el balance de poderes, la representación política y la legitimidad de las autoridades, que sí se necesitan para darle mayor estabilidad y predictibilidad al país.

En cambio, los riesgos para el Perú de una asamblea constituyente a la medida de Cerrón y compañía, es que esta figura genera un espacio de poder absoluto, sin ningún tipo de contrapeso político. Es decir, allanaría el camino para que se instaure un modelo estatista y autoritario que nos sumiría en el caos y la miseria, como ocurrió en Venezuela.

“La nueva Constitución Política del Perú debe redactarse mediante una Asamblea Constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico del Estado”, se lee en el ideario de Perú Libre, del cual además el presidente Castillo nunca hizo un deslinde claro ni contundente, lo que alimentaba las suspicacias de que en cualquier momento podía dar el zarpazo.

Además, desde la campaña electoral y luego con Castillo ya en Palacio, varios miembros de Perú Libre y del gobierno se lanzaron a promover su mentada asamblea constituyente con mentiras y falacias, para engañar a gente bien intencionada que espera cambios y soluciones a sus problemas reales.

Una de las mentiras más comunes es que la actual “Constitución se hizo tras un golpe de Estado, en dictadura y jamás fue debatida ni tuvo representación del pueblo”. Falso, porque la Carta Política del 93 fue discutida y aprobada en un Congreso Constituyente Democrático, elegido por el pueblo, con representación de 10 partidos, entre ellos el Frente Democrático de Izquierda. Luego fue refrendada en referéndum con 53% de los votos de los peruanos.

También repetían, palabras más, palabras menos, que en la Constitución “la educación y la salud están como servicios y no como derechos”. Mentira. La Educación y la Salud son derechos fundamentales consagrados en la Constitución vigente y es obligación del Estado garantizar el acceso oportuno y de calidad a estos, pero la mala gestión de las autoridades hace que no se cumplan a cabalidad.

“El Estado está atado de manos, sin soberanía, no tiene industrias”, dicen también los promotores de la constituyente. Falso. El Estado sí puede participar en el mercado, bajo el principio de subsidiariedad, y además ya tiene el control sobre la salud y la educación básica, pero no lo hace bien, y no por culpa de la Constitución, sino por la ineficiencia, incapacidad y corrupción de sus autoridades.

En la nueva Constitución “se deben prohibir los monopolios y especulación de precios”, señalan también los lapicitos, pero el artículo 61 de la actual Carta Política del país ya establece que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

Cerrón y sus adláteres también atacan el modelo de economía social de mercado que se establece en la Constitución, porque con este, alegan, “no pueden garantizarse la seguridad, el empleo, los servicios básicos”. Pero bajo el actual modelo, Perú logró tasas de crecimiento promedio superiores a 4.8% en los últimos 30 años; millones de peruanos lograron salir de la pobreza; la inversión creció 7 veces más y las exportaciones aumentaron 100 veces.

¿Es suficiente? Por supuesto que no. Hay mucho por hacer, mejorar y cambiar en el país, pero no podemos destruir todo lo avanzado por los apetitos políticos de ciertos sectores, sino más bien construir sobre lo conseguido y mejorarlo, además de cambiar lo que no ha funcionado. No hay que descubrir la pólvora para encaminarnos hacia el desarrollo.

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