¿Funcionarán las medidas del Gobierno frente a la crisis por el alza de precios?

Reducir el ISC a los combustibles, exonerar el IGV a los alimentos o subir el sueldo mínimo, solo son paliativos que no se sentirán en los bolsillos de la mayoría de ciudadanos, además del alto costo fiscal que tienen para el país.

Aunque la actual crisis, que ha provocado protestas en casi todo el Perú contra la gestión del presidente Pedro Castillo, tiene un componente internacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el desgobierno y la inestabilidad política en el país por las decisiones del mismo mandatario han agravado la situación.

El Gobierno no ha tenido una respuesta adecuada ni oportuna frente a los reclamos de diversos sectores productivos y de la cuidadanía por el alza de precios de los combustibles y alimentos, que incluya salidas viables y técnicas que eviten generar falsas expectativas.

Así, en medio de la creciente conflictividad social y de un rechazo popular que cada vez se hace más fuerte, el Gobierno ha propuesto unas medidas con poco sustento técnico y que no solucionan los problemas de fondo.

Reducción del ISC a los combustibles

– El Ejecutivo aprobó, mediante un decreto supremo, la reducción temporal, en un 90%, del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas de 84 y 90 octanos y el diésel.

La medida tendrá un costo fiscal de S/ 250 millones mensuales y no necesariamente se reflejará en los precios al consumidor final, porque el ISC es un impuesto que paga el importador de crudo y a veces se diluye en la cadena de distribución, a lo que se suma que las estaciones de servicio no trasladan de inmediato la rebaja.

Hasta este martes 5 de abril último, el precio de los combustibles había bajado entre S/1,37 y S/3,97 el galón en planta, según Petroperú, pero las tarifas seguían altas en los puntos de venta.

El mismo ministro de Economía, Óscar Graham, precisó esta semana en el Congreso que la reducción de los precios se dará “en la medida en que se vayan ajustando los stocks que tienen los grifos”.

El problema de fondo es que el 80% del crudo que necesitamos para satisfacer la demanda interna lo compramos afuera y por tanto nos afecta los altos precios internacionales por la invasión rusa a Ucrania. Hoy el barril sigue por encima de los US$100.

Pero algunas proyecciones señalan que el barril de petróleo podría llegar a cotizarse entre US$150 y US$180 en los próximos meses. Esto afecta la capacidad del país para responder a estos choques externos, lo que a su vez empuja la inflación al alza, que en marzo registró su nivel más alto en 26 años.

“A inicios de los 80, Perú producía más de 200 mil barriles diarios, eramos exportadores. Hoy tenemos reservas suficientes probadas que nos permitirían producir 200 mil barriles. Lo que ocurre que para llegar ahí se requiere decisión política y un marco de competitividad adecuado”, explicó a Vigilante.pe el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias.

La franja de precios que se creó en Perú en 2004 para mitigar el impacto de los vaivenes del mercado internacional tampoco es una solución sostenible, porque con una cotización superior a los US$80 por barril, la presión sobre las finanzas públicas es fuerte, como sucedió en 2014, cuando la deuda ascendió a más de US$650 millones.

Exoneración del IGV a los alimentos

– El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) de manera temporal a los productos de primera necesidad como el pollo, huevos, fideos, harina y cárnicos.

Con esta medida se dejará de recaudar cerca de S/ 50 millones, según cálculos del MEF, pero el problema con este tipo de iniciativas es que no están focalizadas, es decir, beneficiarán a los que tienen recursos y a los que no.

Además, se puede generar una distorsión en el IGV, porque se exonera ciertos productos de la canasta básica, pero los insumos para producirlos no necesariamente están exonerados. La medida también podría provocar mayor informalidad y evasión tributaria.

“Es un riesgo grave, porque el IGV es nuestro impuesto más recaudador; al dar exoneraciones lo único que hacemos es romper la cadena de cobro de este impuesto”, sostiene el exministro de Economía Alfredo Thorne.

Alza del sueldo mínimo

– El Gobierno aprobó un decreto supremo que incrementa la Remuneración Mínima Vital (RMV) de los trabajadores sujetos al régimen laboral privado en S/ 95, con lo que pasará de S/930 a S/1.025.

Esta medida, que regirá a partir del 1 de mayo, carece de un sustento técnico adecuado. El último aumento de la RMV se dio en el 2018, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, cuando pasó de S/850 a S/930.

El Ejecutivo alega en la exposición de motivos del decreto que el incremento se sustenta en la recuperación económica experimentada en 2021, la caída del desempleo, el ratio entre el salario promedio y la RMV, entre otros.

Pero lo que no dice el documento es que esa “recuperación” es un efecto estadístico, conocido como rebote, que se da cuando una economía cae muy fuerte, como sucedió en Perú el 2020, cuando el PBI nacional se desplomó más de 11% por el cierre de la economía debido a la pandemia. “No se trata de una mejora sustancial, sino de una recuperación progresiva que, además, no ha alcanzado los niveles prepandemia”, señala Diego Castillo, socio del estudio Hernández y Cía.

Además, el aumento del sueldo mínimo beneficiará solo a una pequeña minoría. En un país con más del 75% de la población económicamente activa (PEA) en la informalidad, sin ningún tipo de beneficio ni protección social, una medida de este tipo solo alcanzaría a uno de cada 25 trabajadores. “Económicamente hablando es un pésimo momento para aplicarla”, apunta el exministro de Economía David Tuesta.

El alza de RMV también aumentará la informalidad laboral, sobre todo en las micro y pequeñas empresas (mypes), que aún luchan por salir de la crisis. Por la pandemia, el 50% de estas unidades productivas pasaron a la informalidad o despidieron trabajadores. “Los salarios no se suben por decreto; el énfasis debe estar en mejorar la productividad”, dice Diego Macera, director del BCR.

Para las empresas además implica mayores costos, porque no solo sube el sueldo mínimo, sino también los aportes a las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicio (CTS), el pago al seguro social y asignación familiar que asciende al 10% de la RMV de cada trabajador que tenga uno o más hijos menores de edad.

“Con el incremento del sueldo mínimo, muchas empresas, sobre todo mypes, preferirán pasar a la informalidad a sus trabajadores, ofreciéndoles seguir pagándoles S/930 mensuales, pero sin descuento de AFP, a cambio de salir de la planilla”, refiere Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de la Pacífico Business School.