Solo en el gobierno de Castillo, Petroperú le va costando S/9.000 millones a los peruanos

El último salvavidas que le lanzó el Ejecutivo a la petrolera estatal no incluye medidas concretas orientadas a transparentar sus cuentas ni a mejorar su gestión y manejo de recursos. Tampoco solucionará en lo inmediato el desabastecimiento en grifos ni el alza de precios de los combustibles.

El gobierno de Pedro Castillo, el principal responable de la crisis casi terminal en Petroperú, le ha inyectado millonarios fondos a la petrolera estatal para evitar que quiebre, pero sin exigirle que transparente sus cuentas y sin fijar plazos para el pago de los créditos.

A expensas de nuestros impuestos, y solo en lo que va del año, el Ejecutivo le lanzó un salvavidas de S/9,000 millones (US$2,250 millones), entre préstamos y aporte de capital, para evitar, supuestamente, el desabastecimiento y alza de combustibles en el país, pero no ha pasado ni lo uno ni lo otro.

La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio (AGESP) alertó que “no hay gasolina ni diésel” en muchos grifos de Lima, el centro y el norte del país, y el precio de la gasolina subió en 40% solo en 2022. La situación de desabastecimiento duraría hasta 45 días. ¿La razón? Una vez el gobierno reaccionó tarde y mal.

Si bien el aporte de capital era necesario para la empresa, y el decreto señala que Petroperú debe presentar un plan de reestructuración antes del 31 de julio del 2023, más allá de ello, no se señala qué pasará si no cumple y no fija otras metas o exigencias para que la compañía estatal comience a solucionar sus problemas de liquidez, como recuperar el grado de inversión que perdió. 

Por ejemplo, la medida señala que Petroperu seguirá los lineamientos de Fonafe, pero lo que requiere la compañía pública es ingresar al régimen de esa institución y no solo seguir lineamientos de forma externa. “Estar dentro del Fonafe sería tener un accionista que estaría más presente o que tendría más control porque la máxima instancia de Gobierno es la junta de accionistas”, apunta el economista Carlos Paredes.

“Se necesita una reforma profunda de Petroperú, que pase por dos opciones: privatizarla o modificar su ley orgánica para garantizar su independencia del poder de turno. El nombramiento de su directorio debería ser similar al del Banco Central”, señala Raúl Labarthe, jefe de proyectos de la Asociación de Contribuyentes.

Entonces, ¿por qué seguimos alimentando a una empresa casi quebrada? Ya había problemas por la modernización de la Refinería de Talara, un ‘elefante blanco’, según diversos analistas. La obra arrancó en 2014 y tras ocho años hay 18 de 21 unidades auxiliares sin culminar, y su costo se ha multiplicado cinco veces –de US$1,335 a US$7,000 millones–. Pese a ello, contamos con una de las gasolinas más caras de Latinoamérica.

El gobierno también anunció que Petroperú realizará actos preparatorios para una oferta pública de acciones (OPA) y la posibilidad de que ingrese capital privado, pero la medida solo es una declaración de buenas intenciones, porque ningún inversionista pondrá su dinero en una empresa que no ha podido autidar siquiera sus estados financeros del 2021.

Hoy la petrolera estatal no genera ningún tipo de confianza y para que ello empiece a cambiar, el primer paso es remover el directorio y poner a profesionales con perfil financiero y experiencia en salvataje de empresas en crisis, dice Anthony Laub, experto en derecho minero-energético y socio de la consultora LQG, además de un fideicomiso para que los recursos para la compra de combustibles y operaciones esenciales de Petroperú estén controlados.

Lee también: