Presupuesto 2023 sería de S/214.790 millones, 9% más que este año: ¿Se justifica, es viable?

Proyecto ley que envió el Gobierno al Congreso implica, en términos nominales, el incremento presupuestal más alto en cinco años. Analistas alertan que proyecciones económicas oficiales son muy optimistas: no consideran el contexto de incertidumbre política que atraviesa el país ni la ineficiencia y corrupción que afectan el gasto público.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley del presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el 2023, el cual asciende a S/214.790 millones, casi 9% más que el de este año (S/197.000).

De ese monto total propuesto, que equivale al 21% del PBI, un 66,4% corresponderá al Gobierno Nacional; un 19,7% será destinado para los Gobiernos Regionales y un 13,9% para Gobiernos Locales. Por sectores, Educación, Salud y Transporte concentran el 40.6% del presupuesto público 2023.

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, se presentará el viernes 2 de setiembre ante el Pleno del Congreso para sustentar el proyecto que, en términos nominales, representa es el incremento presupuestal más alto en cinco años. Luego el proyecto será evaluado en la Comisión de Presupuesto del Congreso, que hoy preside José Luna Gálvez, investigado por corrupción.

Pero, ¿se justifica, es viable?

Analistas alertan que los recursos para financiar el presupuesto 2023 se habrían estimado sobre un escenario muy optimista de la economía, porque no considera el contexto de incertidumbre política que atraviesa el país ni la ineficiencia y corrupción que afectan el gasto público en todos los niveles de gobierno.

Por ejemplo, el Ejecutivo estima que el PBI crecerá el próximo año 3,5%, pero el consenso entre analistas y agentes del mercado es que el Perú solo crecerá 2,5% en 2023. También prevé un incremento del 19,1% en los recursos ordinarios y del 40,7% en los determinados.

“Cabe hacerse la pregunta de si esas proyecciones son las adecuadas”, apunta Hugo Perea, economista jefe para el Perú del BBVA Research, al comentar que el gobierno espera mayores recursos provenientes de la recaudación y el canon minero.

Sin embargo, en el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, publicado apenas la semana pasada por el MEF, todos los indicadores económicos del país están a la baja, en medio de la incertidumbre e inestabilidad política internas y un contexto externo complejo. 

Por ejemplo, la proyección de inversión privada permanece en 0% para este 2022, es decir, no crecerá, y se espera una caída de la inversión minera este año de 2,1% y de 2,4% el próximo.

“Proyectar un crecimiento alto [de la economía] implica asumir mayores ingresos tributarios. Si ese crecimiento no ocurre, va a impactar en el déficit fiscal”, explica Elmer Cuba, socio de Macroconsult.

Ineficiencia y corrupción

Otro aspecto que llama la atención es que, en términos nominales, la asignación de presupuesto del 2023 para los gobiernos regionales crece en 16,4% y para las autoridades locales en 38,1%, pese a que ambas instancias son focos de ineficiencia y corrupción.

De hecho, un reciente informe de la Contraloría da cuenta de 2,346 obras paralizadas a nivel nacional, con un costo de S/29,732 millones a junio del presente año.

Así, por nivel de gobierno, 1,704 obras están a cargo de los municipios, 368 corresponden a entidades del gobierno nacional y 274 a los gobiernos regionales.

En el caso de La Libertad, Arequipa, Cusco, Lima y Piura, estas regiones tienen obras paralizadas por montos de entre S/2 mil millones y S/4 mil millones; en el caso de Cusco, este departamento concentra la mayor cantidad de obras paradas con 412, seguido de Puno con 266 y Lima con 157.

Según expertos, un gran porcentaje de proyectos detenidos tiene que ver con corrupción entre los operadores de la obra y a esto se le suma la ineficiencia, por la poca capacidad técnica para la elaboración de expedientes, como otra de las causas principales.

Tampoco se toma en cuenta que este año, en octubre, hay elecciones regionales y municipales. Es decir, que en enero próximo habrá nuevas autoridades subnacionales que, por lo general, tienen un período de adaptación o aprendizaje, lo que suele afectar también la capacidad de gasto en el primer año de gestión.

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