¿Hay dictadura?: Pedro Castillo se victimiza a pesar de desplegar su defensa “a todo nivel”

El pasado 7 de diciembre, el golpista Pedro Castillo fue vacado por el Congreso de la República tras dar un fallido golpe de Estado que intentaba cerrar inconstitucionalmente el Parlamento y atentar contra las instituciones democráticas peruanas. A raíz de este suceso se iniciaron violentas protestas en el interior del país, las cuales se cobraron la vida de 59 personas y dejaron un saldo de 1,301 civiles heridos y 580 efectivos policiales en situación delicada.

Es necesario recordar que, tras la vacancia de Castillo Terrones, la Fiscalía inició las pesquisas correspondientes en su contra por el presunto delito de rebelión. Por ello, el exmandatario cumple una prisión preventiva de 18 meses en el penal de Barbadillo, sin embargo, su abogado ha señalado que ya inició los trámites para que esta solicitud ante la CIDH lo restituya en el poder.

La narrativa que el exjefe de Estado y su defensa legal utilizan, para convencer a la ciudadanía de que su detención fue arbitraria, es mostrarse como la víctima de una “dictadura parlamentaria” y de una dictadura instaurada por el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, su discurso se contrapone a los hechos.

Ante ello, el ministro de Justicia, José Tello, explicó “el expresidente Castillo está ejerciendo su derecho a la defensa a todo nivel” , hecho que no ocurre en dictaduras como en Venezuela o Cuba. 

Además, recordó que se dispuso todos los mecanismos para “defender los intereses del Estado peruano”, en referencia al pedido de Walter Ayala, defensa legal de Pedro Castillo, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Sobre el tema, cabe recordar que la Corte se pronuncio en contra del golpe de Castillo por lo que la vía no tendría asidero en la entidad.

“La Comisión considera que la acción anunciada desconoce la previsión del artículo 134 de la Constitución relativo a la disolución unilateral del Congreso (…) La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”, anunciaron el 8 de diciembre.

En la misma línea, Tello aseguró a El Comercio que el gobierno no se encuentra preocupado por las decisiones tomadas por la defensa legal del expresidente debido a que cuentan con “un equipo muy potente de juristas (…) y una estrategia diseñada para hacer frente a este pedido que se ha hecho ante la CIDH”.

PROTESTAS EN PERÚ

Respecto al fallecimiento del ciudadano Víctor Santiesteban, Tello Alfaro comparó lo ocurrido con las protestas de 2019 en Chile. El objetivo del ministro era demostrar que, así como la justicia chilena investigó al efectivo policial responsable de desfigurar el rostro de un ciudadano luego de activar una bomba lacrimógena, lo mismo se hará en el país.

Afirmó que este es un proceso largo y nada sencillo, por lo cual es importante tener paciencia. Cabe señalar que es una investigación fiscal la encargada de acusar o no a los presuntos responsables del hecho, para ello se requiere de tiempo y pruebas. “Eso se hace en el marco de un proceso donde el Ministerio Público es el titular de la acción penal, y donde el Poder Judicial, finalmente, resuelve la culpabilidad o no”, sentenció.