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Crisis anunciada: ¿Cómo está el Perú 2 meses después del golpe de Estado?

Gabriela Llontop Publicado 1:57 pm, 6 Febrero, 2023

Aunque resulte curioso, para muchos peruanos nunca existió un 7 de diciembre de 2022 en el que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado quebrando la democracia del país. Su decisión lo llevó a cumplir una prisión preventiva de 18 meses por la comisión del presunto delito de rebelión. Hoy la crisis política y social se agudiza. ¿Cómo es que el Perú llegó hasta estas circunstancias y cuáles fueron las consecuencias?

La violencia desatada tras la vacancia de Pedro Castillo ha dejado un saldo de 59 personas fallecidas y decenas de heridos.
(Foto: captura)

El 7 de diciembre del 2022 marcó la historia del Perú. El entonces presidente Pedro Castillo fue vacado por el Congreso de la República tras anunciar un golpe de Estado que atentó contra la democracia peruana, los poderes del Estado y sus instituciones públicas. Pese a que el Parlamento actúo rápidamente y evitó que se enquistara una dictadura, encabezado por Castillo, quien es señalado como líder de una presunta mafia enquistada en Palacio de gobierno, muchos peruanos aseguran que se vulneraron los derechos del exmandatario y que, por ende, este debe ser liberado y restituido en el poder.

Sin embargo, estas afirmaciones no son ciertas y, por el contrario, solo cumplen la función de impartir odio y división en el Perú con un discurso que le ha sido sumamente útil a los grupos radicales para promover movilizaciones violentas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente.

Lamentablemente, desde esa fecha, hay un total de 59 personas perdieron la vida por el caos desatado en las calles y por los innumerables bloqueos de carreteras. A las pérdidas humanas se suman los millones que dejaron de percibir sectores como turismo, transporte o comercio. Esto no solo ha provocado que miles de peruanos paguen casi S/.300  por un balón de gas doméstico o S/.60  por un galón de gasolina en regiones como Puno o Madre de Dios, sino que también ha impedido que decenas de connacionales se atienda adecuadamente en centros de salud para prevenir y supervisar diversas patologías.

Castillo es uno de los responsables de estas fatídicas consecuencias y su incapacidad de gestión lo demuestra. Recordemos que el exjefe de Estado se mantuvo en el poder por casi 16 meses sin concretar obras importantes o ejecutar proyectos públicos que beneficien verdaderamente al pueblo. Por el contrario, se dedicó a victimizarse y a dividir a la población con su típico eslogan de campaña de “no más pobres en un país rico” y con innumerables ataques a la prensa.

Además, fue incapaz de reconocer su participación en presuntos actos de corrupción en los que había sido involucrado por la Fiscalía de la Nación, como el caso Puente Tarata II- el cual coordinaba desde su despacho clandestino en la Casa Sarratea- Petroperú,  asesores en la sombra, plagio en su tesis de maestría o el encubrimiento contra la administración pública al despedir arbitrariamente al exministro Mariano González. A esto se suman las carpetas fiscales que también lo sindican por ser el supuesto líder de una trama de corrupción enquistada en el poder.

Las acciones de Castillo Terrones solo han provocado que el Perú se encuentre sumido en una crisis política, económica y social, la cual ha dejado un alto número de muertos y heridos y millones de soles en pérdidas económicas. Esto nos pone en peligro ante los organismos internacionales, los cuales aseguran que nuestro país es política y económicamente inestable. De acuerdo al Índice de Democracia 2022, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, el Perú retrocedió de ser una “democracia imperfecta” a un “régimen  híbrido”, el cual hace referencia a que los peruanos vivimos en un sistema con elementos autoritarios y democráticos.

Por su parte, la calificadora crediticia internacional Moody’s rebajó la calificación del país de estable a negativa, hecho que demuestra cómo la nación está perdiendo credibilidad ante los inversionistas extranjeros.

Entonces, ¿ya es momento de que la violencia en las calles cese y que las autoridades comiencen a velar por la integridad de nuestros compatriotas? ¿Los grupos radicales dejarán de manipular la narrativa para exigir sus demandas en las protestas y movilizaciones? ¿Acaso el caos desatado en las calles ya no fue suficiente?

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Gabriela Llontop Periodista y redactora

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