Rosario de irregularidades en Provias: entidad estaría involucrada en graves actos de corrupción

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional y Descentralizado, entidades adscritas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se han convertido en una de las instituciones públicas con el mayor número de irregularidades dentro del gobierno, debido a que altos funcionarios del Estado, coludidos con la alta dirección de la entidad, solicitaron pagos ilegales para agilizar diversos procesos de licitación con proveedores. Tales son los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

MARTÍN VIZCARRA Y LOS INTOCABLES DE LA CORRUPCIÓN

El Ministerio Público inicio investigaciones en contra de Martín Vizcarra por presuntamente liderar la organización criminal “Los Intocables de la corrupción”. Según información de la tesis fiscal, a la cual tuvo acceso Vigilante.pe, el exmandatario cobraba de manera ilícita cobro a los empresarios alrededor del 3,5% del valor de cada obra.

Los pagos se agendaron a través del jefe de Provias Descentralizado, Carlos Revilla, quien es conocido de Vizcarra Cornejo por ser exfuncionario público del Gobierno Regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014. Tal y como afirmó un colaborador eficaz, las millonarias coimas que Revilla Loayza habría pagado al exjefe de Estado ascienden a más de S/274 millones, las cuales corresponden a los proyectos Samegua (Moquegua), Tintay (Apurímac) y Pampas (Ayacucho y Apurímac). Es preciso mencionar que estas coimas se cobraban en las propias oficinas de Palacio de Gobierno bajo la orden explícita de apagar las cámaras de videovigilancia del recinto.

PEDRO CASTILLO Y SU NEXO PUENTE TARATA

Uno de los primeros destapes periodísticos contra el golpista Pedro Castillo fue la investigación que se llevó a caso en el popularmente conocido Caso Puente Tarata II, ubicado en San Martín. La tesis fiscal indicó que el Consorcio Puente Tarata, conformado por las empresas Tableros y Puentes S.A., Termirex S.A.C. y H.B. Estructuras Metálicas S.A.S, fue beneficiado gracias a su nexo con el gobierno a través de la lobbista Karelim López.

De acuerdo a lo mencionado por un colaborador eficaz, Pedro Castillo y su cúpula de poder, entre los que presuntamente se encuentran Bruno Pachecho, Fray Vásquez, Gian Marco Castillo, Zamir Villaverde, Luis Pasapera, entre otros; solicitaron el 0.5% del monto total de un proyecto para favorecer a las referidas compañías a través de Víctor Valdivia y Édgar Vargas, exfuncionarios de Provías Descentralizado. Este monto equivale a aproximadamente S/1.1 millones.

MÁS IRREGULARIDADES

Pero los actos de corrupción relacionados a altos funcionarios del Estado no son las únicas irregularidades detectadas en estas entidades públicas. Según la Contraloría, Provías Nacional adquirió en favor de las Unidades Zonales de la Sub Dirección de Conservación de la Dirección de Gestión Vial equipos de construcción que no son cuidados según corresponde. Las maquinarias destinadas a Huánuco son almacenadas en pésimas condiciones, mientras que los demás equipos vienen siendo operados por personal que no aprobó las capacitaciones o, en su defecto, no acredita experiencia en el campo.

Asimismo, en el proyecto de mejoramiento de la carretera San Marcos – Cajabamba, la entidad detectó que Provías Nacional ortogó conformidad a un informe de estudio de ingeniería sin haber actualizado el estudio de tráfico, mismo que indispensable para ejecutar el diseño final. Tampoco tomó en consideración las afectaciones prediales anotadas en los términos de referencia.

En el “Mantenimiento Periódico del tramo AN-108 tramo EMP PE-14 (DV. Llamellin) – Yaracyacu – Aczo – ChingasLlamellin – Chaccho – Mirgas”, el órgano de control detectó que Provías Descentralizado aprobó el expediente técnico de la obra, pese a que este documento fue modificado en el apartado de intervención de mantenimiento rutinario a mantenimiento periódico por un profesional de la Dirección Regional de Transportes de Áncash. Esto generó un perjuicio económico S/192 540,25.