Zamir Villaverde era el “operador” del presidente Castillo en el MTC, según fiscalía

Resolución judicial a la que accedió Vigilante.pe señala que el empresario y expresidiario, hoy bajo detención preliminar, en el marco del caso Puente Tarata III, tenía la función de contactar empresarios y ofrecer y direccionar obras en el MTC.

La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro implicó directamente al presidente Pedro Castillo en el caso Puente Tarata III, al señalar que su “operador” para la adjudicación de obras en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) habría sido el empresario y expresidiario Zamir Villaverde, quien este lunes fue detenido preliminarmente como parte de la investigación por la citada millonaria obra adjudicada por Provías Descentralizado a un consorcio relacionado a la lobista Karelim López, luego de que esta visitara Palacio de Gobierno.

La resolución del juez Manuel Chuyo, que recoge la tesis de la fiscal Zecenarro, ordenó la detención preliminar de 11 personas en total, entre ellas los sobrinos del presidente Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, que no fueron ubicados, así como funcionarios de Provías y empresarios vinculados al consorcio ganador de la irregular licitación ya anulada.

“Su labor habría consistido en contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados con dichas obras”, se lee en la orden judicial de detención preliminar, a la que accedió Vigilante.pe.

En el punto 178 de la resolución se señala que la obtención de la buena pro al Consorcio Puente Tarata III habría sido el resultado de gestiones ilícitas de Villaverde, quien en septiembre de 2021 le habría ofrecido al empresario Luis Pasapera un listado de obras a ser adjudicadas en el MTC y en el Ministerio de Vivienda, liderada por Geiner Alvarado.

“Las declaraciones de Karelim López del 9 y 17 de marzo de 2022, señalan que el mencionado investigado tendría “llegada” con el presidente y ministros a través de los sobrinos Fray Vásquez Castillo y Giancarlo Castillo Gómez, a quienes les prestaría seguridad y facilitaba el uso de vehículos”, dice el documento.

La resolución judicial también señala que las acciones de la presunta red ilícita que otorgaba contratos de obras públicas de forma irregular “se habrían producido desde que el señor Pedro Castillo Terrones asumió la Presidencia de la República y la designación de Juan Silva Villegas como ministro de Transportes y Comunicaciones”.

Para la fiscal Zecenarro existen indicios de que los ingresos a Palacio de Gobierno de la lobista Karelim López -que hoy busca acogerse a la colaboración eficaz-, entre agosto y octubre del año pasado, tuvieron relación con momentos claves del proceso de la licitación del Puente Tarata, en la región San Martín, por S/232,5 millones.