José Ugaz: “El tratado de la ONU contra la corrupción no busca imponerse sobre el artículo 117”

El exprocurador anticorrupción explicó que la Convención de la ONU busca que, entre los altos funcionarios de un Estado, la inmunidad no sea impunidad. Criticó las posturas de algunos congresistas que piden que Castillo no sea investigado hasta que termine su gestión “aunque exista toda la evidencia de que un alto funcionario o un presidente ha incurrido en un acto de corrupción”.

El exprocurador anticorrupción, José Ugaz, se refirió a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, agravada por su condición de líder de una estructura vertical, así como por tráfico de influencias agravado y colusión. La denuncia también contempla a los exministros Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, ex titular de Vivienda.

La situación inédita abrió un espacio importante para la discusión debido a que, en el documento fiscal, se solicita al Congreso que se interprete el artículo 117 de la Constitución teniendo en cuenta dos incisos del artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que, en pocas palabras, busca que la inmunidad no sea sinónimo de impunidad entre los altos funcionarios de un Estado.

Ugaz remarcó que el tratado, suscrito por el Perú en 2003, es el instrumento internacional más importante del mundo en materia de prevención, lucha contra la corrupción y establece una serie de principios. “En su articulo primero, la Convención establece que el objetivo de este instrumento internacional es mejorar la eficacia y eficiencia de la lucha anticorrupción. El articulo 30 tiene una serie de parágrafos, (el segundo, tercero y sexto) que se refieren específicamente a que los Estados que suscriben la Convención deben adoptar todas las medidas para que no se produzca lagunas de impunidad. Y en particular hace referencia al caso de las inmunidades, que en este caso tiene que ver con el presidente, que no pueden ser un escudo de impunidad frente a la corrupción”, explicó en Canal N.

En esa línea, criticó la postura de algunos congresistas que sostienen que “hay que esperar los cinco años aunque exista toda la evidencia de que un alto funcionario o un presidente ha incurrido en un acto de corrupción”. “Se está negando la esencia misma de la Constitución. Más aun si esta viene cubierta por un marco de interpretación como es un instrumento internacional, que es ley en el Perú (…) llegaríamos al absurdo de que podríamos tener un presidente asesino en serie, que sin embargo, como no está incurso en ninguno de las cuatro causales que establece el artículo 117, tendríamos que esperar cinco años mientras sigue matando, para poder luego sacarlo del poder y aplicarle las sanciones del caso”.

Pero la otra pregunta que es necesaria aclarar es si el tratado está por encima de la Constitución. Según el exprocurador, “el articulo 117 no puede ser extraído y ser analizado como sino fuera parte de un todo orgánico”. “Si además a eso se le agrega un marco supranacional de lucha contra la corrupción, que establece que no se puede favorecer la impunidad y que hay que evitar que los funcionarios públicos se blinden a través de inmunidades, es posible hacer una interpretación de ese articulo que permita evitar una laguna de impunidad. El tratado de la Convención no busca imponerse sobre el articulo 117 sino para darle contenido a una interpretación razonable que permita llenar esta laguna”, especificó.

Además, Ugaz criticó “la irracionalidad” con la que cierto sector defiende “la condición de alguien (el presidente) a pesar de la cantidad de evidencia que presenta la acusación, linda con el delirio”. En esa línea, recordó que un elemento central en la denuncia “es la actitud obstruccionista de la justicia por parte del presidente y de quienes conformaron la organización criminal con siete brazos.

“Uno de esos elementos fue la destitución arbitraria del procurador Daniel Soria. Estamos viendo un rosario de actos arbitrarios y de corruptelas. Habría que preguntarle al ministro de Trabajo, Alejandro Salas, que es un ferviente defensor del presidente, si no se da cuenta lo que está ocurriendo en la realidad”, agregó.

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