¿Hubo sesgo ideológico en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) generó polémica debido al sesgo ideológico con el que se habría hecho, dado que sus conclusiones abordan una limitada cantidad de hechos ocurridos en el Perú. La pregunta se formula por sí sola, ¿existe una narrativa que la Comisión quiere impulsar?

La abogada especialista en derechos humanos, Elizabeth Zea, explicó a Vigilante.pe que la CIDH puede tener ciertos sesgos al momento de evaluar la situación de Perú y analizar los hechos provocados por la represión policial.

“Su informe aborda desde la contienda electoral, sin embargo, se pasó por alto manifestaciones como las de agosto y noviembre de 2021, el conflicto de Las Bambas y el bloqueo en el corredor minero y la marcha convocada por los transportistas y agricultores. Se olvidó de estos episodios y de la represión a la libertad de expresión y el pronunciamiento poco claro del gobierno sobre el caso de las mujeres violentadas por ronderos. Quiero creer que no fue intencional, pero aquí no existió pronunciamiento por parte de la Comisión”, detalló.

Zea remarcó, en entrevista a RCR, que la CIDH es un organismo subsidiario y complementario y, por eso, “estos informes de la corte no suplen para nada la acción del Estado peruano ni las obligaciones que el Estado peruano ha contraído en materia de Derechos Humanos”. “Lo que menciona la comisión de las muertes en el contexto de las protestas es que se presumiría que se han cometido ejecuciones extrajudiciales y si estas han sido a una población numerosa se podría hasta configurar que esto ha sido una masacre y clara vulneración de los derechos humanos. Este lenguaje se presumiría y es una condicional porque aún no se tiene una investigación y no hay un resultado”, apuntó

Pero además, según tuiteó, “el informe de la CIDH no es solo con relación a las protestas tras el golpe de Estado de Castillo, va más allá, cuestionando temas como políticas económicas, competencias constitucionales y adjudicando de antemano una presunción de responsabilidad, sin mayor prueba. Imprecisiones que le restan objetividad al análisis al concluir que las protestas se deben a la discriminación histórica étnico racial, sin siquiera mencionar que el partido que llevó al poder a Castillo y otros de izquierda”.

En esa línea, recordó a Vigilante.pe que el referido documento únicamente tiene la función de brindar recomendaciones para prevenir actos irregulares durante el periodo en el que duren las investigaciones.

“Este informe lo que hace es guiar a través de recomendaciones al Estado peruano para impartir mejoras en la investigación, sanción y pago de reparaciones de las víctimas. Se entiende que en este informe no solamente se habla sobre aquellos que participaron de las marchas, sino también de las víctimas inocentes, como el menor que no pudo llegar al hospital o el policía que fue quemado. Lo que hace es orientar a los operadores de justicia”, sostuvo.

Zea Marquina comentó que, sin importar los informes o la decisión que adopten los órganos de justicia del país para sancionar la represión, los grupos radicales se mantendrán en búsqueda de un gobierno que les convenga a nivel político, el cual les permita convocar a una Asamblea Constituyente. “Quieren una nueva Constitución a costa de lo que sea. Quieren un gobierno a la medida para poder llevar a cabo el punto principal de su agenda política. Haga lo que haga el gobierno de Dina Boluarte, ellos no van a estar de acuerdo”.