¿Quién es Sada Goday y por qué su testimonio es importante en la trama de corrupción en el gobierno?

Sada Goray, empresaria inmobiliaria y ex gerente general de la empresa MarkaGroup, entregó 4 millones de soles al asesor en la sombra, Salatiel Marrufo, para “pagar favores políticos” y darle una parte al presidente Castillo. Además el exasesor de Vivienda solicitó otro millón para pagar a congresistas. En tanto, empresaria estaría detrás de una designación irregular en la SBN.

La corrupción en el gobierno de Pedro Castillo sigue saliendo a la luz. Esta vez se conoció el testimonio de una empresaria del sector vivienda en el pago de una millonaria coima a pedido de uno de los principales implicados en el caso gabinete en la sombra, según la Fiscalía, y que habría tenido como destino beneficiar al mandatario.

Sada Goray, empresaria inmobiliaria y ex gerente general de la empresa MarkaGroup, afirmó que entregó S/ 4 millones a Salatiel Marrufo, quien se desempeñó como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante la gestión del titular del sector, Geiner Alvarado. Actualmente, el hombre de confianza del exministro se encuentra encarcelado de manera preventiva.

Según el testimonio de Goray, el primer contacto que tuvo con Marrufo fue en un evento en donde el exasesor se mostró interesado en el trabajo social que realizaba la empresa. “Entendí que ellos ya sabían que MarkaGroup era una de las empresas más grandes de Techo Propio en la modalidad de adquisición de vivienda nueva”, contó a El Comercio. Así, señaló que conversaron sobre el proyecto para la comunidad de Cantagallo. Luego, en otra cita, abordaron el tema del proyecto Los Andes, en Huancayo. La finalidad, según la empresaria, era darle viada a ambos proyectos a favor de las familias afectadas.

Tras concretar tres reuniones con Marrufo, Goray fue convocada a una cuarta cita, a fines de setiembre, en San Isidro. Según contó, fue allí que se le solicitó 4 millones de soles para “cumplir con favores políticos”. Esta cantidad de dinero habría sido, según le dijo Marrufo, por el propio presidente Pedro Castillo.

“Solo me dijo que era un pedido del presidente Castillo, pero después ya con el tiempo este señor, que tenía bastante ego, me empezó a contar cosas. Por ejemplo, que eran unas bolsas que tenían que armar y que parte de esa plata era para una planilla para el presidente y sus hermanos (…) Lo que siempre me repitió durante todo este tiempo es que si estaba con ellos ‘todo te va a ir bien, si no todo te va a ir mal’”, agregó.

La entrega de la coima también habría sido para concretar la firma de un convenio con el fondo Mivivienda para ser entidad prestamista no supervisada. Este convenio se firmó el 15 de setiembre del 2021, pero recién se le comunicó de este hecho el 20 de octubre. “Nosotros teníamos 4 mil familias que venían desde el 2019 esperando sus casas y la condición de hacer un convenio con ellos es que solo se puede desembolsar si viene un fideicomiso atrás. O sea, lo más importante era este convenio, pero el convenio viene ligado a los fideicomisos”, acotó.

Entre los detalles que contó la empresaria están al presidente Castillo le decían “23″ y al dinero le decían “cafés”. Así, en total fueron siete entregas de dinero. Sin embargo, la solicitud de dinero no quedó en los 4 millones, sino que Marrufo solicitó otro millón más para ser “destinado para pagar el voto de los congresistas porque se venía la vacancia en esos días”. Dicho montó se entregó el 6 de diciembre. Si la empresaria logra demostrar su testimonio y la entrega de la millonaria coima entonces se confirmaría la corrupción que existe en el gobierno de Castillo.

Pero no es la única irregularidad que Goray y Marrufo habrían gestionado pues la empresaria buscó que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) le reconociera un terreno de 90 hectáreas en Chilca. Sin embargo, la SBN opinó dos veces en contra de las demandas. En paralelo, Marrufo cambió cuatro veces a los directores de Gestión de Patrimonio Estatal de la SBN por negarse a emitir resoluciones favorables a Goday. Esto se concretó tras la designación de Marina Subiría Franco como nueva directora, quien a su vez contrató a Flor Olivera Orellana para que viera el caso de Goday.

Tanto Goray y Orellana son socias de la empresa Inmobiliaria Nueva Chiclayo, lo que revelaría un conflicto de intereses. En esa línea, se puede sospechar que la empresaria estuvo interesada en la designación de Orellana para concretar los permisos necesarios para el negocio.

Para la congresista Vivian Olivos de Fuerza Popular, “el delito es para ambos”. “Aquí lo más grave es que el presidente de la República es el que pidió esa coima. La señora no es víctima, pero que quede claro que nuestro presidente es corrupto según las declaraciones”, sostuvo. Además, cabe recordar que la parlamentaria solicitó a la Contraloría, en octubre de 2022, que se inicie acciones de control sobre las resoluciones expedidas por la SBN en el caso de terrenos en Chilca.

En tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, adelantó que Goray está citada al grupo de trabajo “para este miércoles 7 de diciembre”.

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