Atentado a minera Poderosa evidencia desborde de la minería ilegal: estas son las cifras

El terrible atentado perpetrado por un grupo de criminales ligado a la extracción ilegal de minerales contra la minera Poderosa (La Libertad), que provocó la muerte de 9 personas y más de 20 heridos, evidenció cómo está problemática se desbordó debido a la desidia del Gobierno para tomar medidas que frenen esta situación. Según la información sobre esta práctica ilegal, durante la última década creció en 11.7% y generó pérdidas de S/22,700 millones al año, lo que representa un 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI). Además, desde el inicio del siglo, estas prácticas ilegales depredaron cerca de 2,636,585 hectáreas de bosque, lo que representa una deforestación anual de 8%. 

Un dato a tomar en cuenta es que, según el especialista en la materia Pedro Yaranga, “la minería ilegal opera en lugares no autorizados y utilizando insumos prohibidos. La informal opera en lugares autorizados, pero por alguna negligencia no se han legalizado

En ese sentido, cabe mencionar que para 2023, el gobierno nacional invirtió S/14,502,497 en la “Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal”. Pese al millonario monto, información del Registro Integral de Formalización Minera (ReInfo) reveló que 69,633 trabajadores ilegales y/o informales del sector están suspendidos del proceso de formalización. 

Además, el cuestionado ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, afirmó en CADE 2023 que se iba a sincerar el número de inscripciones en REINFO para depurar a aquellos mineros en vías de formalización que mantienen suspendida su inscripción y no realizan acciones orientadas a presentar su instrumento de gestión ambiental. Sin embargo, especialistas del sector afirman que es necesario no apoyar la extensión del registro ya que generó más perjuicios que beneficios.

Cabe precisar que las minería ilegal e informal ha tomado posesión de gran parte del territorio nacional, sobre todo, de regiones como Madre de Dios, Piura, La Libertad, Arequipa, Pasco, Ayacucho, Apurímac, Puno, Cusco, Huancavelica, Ica, Lima y Áncash. En estas últimas se calcula un total de entre 1500 y 7500 unidades mineras artesanales fuera de la normativa.

CASTILLO LES ALLANÓ EL CAMINO

Los mineros informales e ilegales se empoderaron en el gobierno de Pedro Castillo. Incluso, tuvieron reuniones en Palacio de Gobierno para discutir la extensión de plazos para su formalización en el sector. Este fue el caso de la visita pactada entre Comando magisterial minero de campaña de La Rinconada y Lunar de Oro, de la región Puno – Perú y el expresidente Pedro Castillo, quien promulgó la Ley 31388 en diciembre de 2021, la cual pone el 2024 como nueva fecha límite para cumplir con los requisitos de formalización. Este documento fue refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, pese a que el Ministerio del Ambiente se opuso a la medida.

Los hechos revelaron la existencia de una relación directa entre el exjefe de Estado y los mineros ilegales que defendieron su imagen en las violentas protestas tras el fallido golpe de Estado que dejaron un saldo de 48 civiles en enfrentamientos, 11 civiles por hechos vinculados a bloqueos y 7 miembros de las fuerzas del orden.