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Carta democrática: estas fueron las posturas de los países de la OEA sobre el pedido de Castillo
Redacción Vigilante
Publicado 5:04 pm, 21 Octubre, 2022
El Consejo Permanente aprobó solicitud del gobierno peruano para que una misión del organismo visite el Perú para evaluar la situación del país. Las posiciones de Argentina, Bolivia y Colombia fueron abiertamente a favor del presidente peruano, y hasta se cuestionó las investigaciones de la Fiscalía, pese a los graves y contundentes indicios de corrupción detectados.
El pedido del presidente Pedro Castillo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para activar la carta democrática fue acogido por el Consejo Permanente del organismo, que aprobó brindar apoyo y cooperación al pedido del gobierno peruano a través de “gestiones para promover el diálogo y fortalecer su sistema democrático”. En consecuencia, el Organismo enviará Misión al Perú para recoger información de las partes involucradas: Gobierno, Congreso, Poder Judicial, Fiscalía, Tribunal Constitucional y organismos ciudadanos.
Durante la sesión extraordinaria, del jueves 20 de octubre, el canciller César Landa afirmó que el Perú “vive en la actualidad una grave crisis política que requiere ser superada porque afecta a los más vulnerables (…) De no ser corregida a tiempo, podría ocasionar que se cuestione el orden democrático, el estado de derecho y el ejercicio legítimo del poder”. Sin embargo, no mencionó los graves casos de corrupción que afronta el presidente ni los motivos por los cuales se presentó una denuncia constitucional contra Castillo.
Así, tras aprobarse la petición del Perú, varios de los países miembros mostraron sus posturas por lo que es necesario conocerlas, ya que podría marca un precedente sobre la decisión que tomará la misión cuando venga al Perú. Si bien hubo pronunciamientos que remarcaron la importancia de la carta democrática para mantener el orden constitucional bajo la premisa de no intervención, hubo también declaraciones que abiertamente apoyaron a Castillo, pese a los graves indicios de corrupción que lo comprometen.
¿QUÉ DIJERON?
La representante permanente de Guatemala, Rita Claverie Díaz de Sciolli, reconoció que su país fue co-patrocinador del proyecto impulsado por el gobierno peruano “reconociendo el derecho soberano que asiste al Perú de invocar la carta democrática como elemento al servicio de la diplomacia preventiva”. En esa línea, solo solicitó que sea aprobado.
En tanto, Ronald Michael Sanders, de Antigua y Barbuda, afirmó que es una “oportunidad de llevar un equipo a Perú para evaluar a fondo mediante conversaciones con todas las partes para luego informar al Consejo”. “Sobre ello se decidirá sobre el curso de acción para ayudar al gobierno del Perú a que preserven un sistema democrático en interés de los peruanos”, dijo.
Desde Colombia, Luis Ernesto Vargas recordó que el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras su visita al país, realizada entre el 10 y 14 de octubre, “revela situaciones angustiosas que enfrenta el Perú”. “La convocatoria no solo es importante para Perú sino para toda la región pues se enmarca en el propósito común de apoyar la presentación de la institucionalidad democrática de legitima aplicación de la carta de la OEA en los articulo 17 y 18”, sostuvo.
“A la luz de lo dicho por el canciller Landa y el informe de la CIDH no podíamos abstenernos de expresar nuestra preocupación de los hechos descritos que parecieran en decrecimiento del proceso político inconstitucional democrático y del estado de derecho en Perú. Colombia expresa sin reserva su solidaridad al pueblo peruano, al gobierno electo de Pedro Castillo y a la institucionalidad democrática (…) Colombia saluda la iniciativa del gobierno de acudir a los mecanismos en la carta de la OEA y apoya ese llamado para que la organización, bajo el principio de la no intervención, brinde apoyo a la institucionalidad peruana para el fortalecimiento de su democracia”, agregó.
En tanto, el representante de Canadá, Hugh Adsett, mencionó que “los peruanos tienen el derecho a la democracia y sus representante tienen la obligación de defenderlo y promoverlo. Por lo tanto, instamos al diálogo e invitamos a las partes a que respeten la Constitución y promuevan el estado de derecho”.
Uno de los pronunciamos de mayor apoyo a Castillo la realizó el representante de Argentina, Carlos Alberto Raimundi, quien sostuvo que los hechos que vienen ocurriendo en el Perú son parte de un mecanismo moderno para la desestabilización.
“Argentina apoya con toda decisión este proyecto porque lo pide el Estado afectado, para que no quede duda de que se pueda tratar de una herramienta de intervención externa (…) Es tan familiar cuando escuchaba las acusaciones de la Fiscalía en Perú, de algunos parlamentarios y la defensa tan encendida que hizo Castillo en su discurso a la Nación, se me hace tan familiar que me parece que lo representa a todos. Me es muy familiar este mecanismo moderno y más sofisticado de desestabilización. Crear un clima de escarnio público a determinadas figuras políticas y después utilizar algunos mecanismos institucionales para consolidar la condena que previamente se pretendió instalar en la sociedad”, dijo en referencia a la denuncia constitucional contra el presidente Castillo.
En otro momento, resaltó la buena macroeconomía peruana a pesar de las constantes crisis políticas, sin embargo, sostuvo que esto podría ser parte de un modelo que impide el aprovechamiento de dicha estabilidad y en el cual estaría implicada “cierta prensa”.
“Cuando escuchaba al presidente Castillo en su discurso resaltar más de una vez la estabilidad macro económica del Perú. Después escuche al comisionado decir que en seis años el sistema se cargó cinco presidentes y tres parlamentos. ¿No habrá ahí alguna estrategia, algún modelo, no solo en Perú sino de alcance regional para poner a la política en crisis permanente, crónica de tal manera que los resultados de esa estabilidad macro nunca se termine de conectar y distribuir a los pueblos?”, se preguntó.
“Me es tan familiar esta idea de país rico, pueblo pobre. Creo que las crisis políticas tienen que ver con esto porque cuando un gobierno, aún llegando a la conducción del Estado desde la democracia representativa, intenta tomar medidas de fondo para que lo sustancial, los recursos naturales y las rentas de las grandes riquezas puedan llegar al pueblo, inmediatamente son calificados por determinada prensa como autoritarios, corruptos, estados terroristas, narcogobierno. ¿Es casual o un modelo?“, agregó.
La representante de Costa Rica, Alejandra Solano, afirmó que “la carta brinda una caja de herramienta para que reciban asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática donde se evidencia amenazas a la estabilidad al orden constitucional”. “Costa Rica hace un llamado para un proceso de diálogo con miras de preservar el ordenamiento”, agregó.
Por su parte, el representante de Chile, Sebastián Kraljevich Chadwick, remarcó que en el Consejo no se está “hablando de cercanías ideológicas o juicios de valor sobre las posiciones que legítimamente se enfrentan en el debate político. Esas consideraciones tienen lugar en el espacio interno de las sociedades”.
En esa línea, sostuvo que Chile respalda que la OEA “juegue el rol que le corresponde en acercar posiciones y agotar esfuerzo en pos de acuerdo. Se trata de recurrir a la institucionalidad de los estados, en este caso con la herramienta fundamental del derecho internacional ante la solicitud de un gobierno miembro”, acotó.
Enrique Arce Zaconeta, de Bolivia, sostuvo, utilizando el mismo argumento del presidente Castillo, que el pedido del jefe de Estado peruano “se trata de la defensa de un gobierno constitucional, de la defensa de un presidente de extracción humilde, origen popular y que fue ungido mediante las urnas”.
“Hemos sido testigo de una serie interminable de procesos y amenazas judiciales y políticas contra el presidente Castillo que en ultima instancia solo representa la intolerancia de los sectores conservadores y retrogradas de este país en contra de un presidente sencillo. Esta situación de no aceptar un gobierno, en algunos casos popular indígena y en otros revolucionario, en todoo caso un gobierno plebeyo, marca una clara tendencia reciente en nuestra reciente. Bolivia no fue la excepción, durante el gobierno del presidente indígena Evo Morales sufrió los mismos embates e intento de desestabilización”, explicó.
Agregó que, tras leer “la solicitud del presidente Castillo podemos afirmar con claridad que la intencionalidad de plantear la inaplicabilidad del artículo 117 de la Constitución peruana, en base a un supuesto control de convencionalidad, resulta a todas luces una propuesta engañosa, improcedente y anti jurídica. En caso concreto no existe ninguna acusación contra el presidente”.
Por su parte, Manuel Mauricio Montalvo Samaniego de Ecuador señaló que “resulta evidente que la carta democrática es el principal y mas importante instrumento para proteger a la democracia representativa a través de la aplicación de mecanismos solidarios dentro del respeto del principio de no intervención”.
“Contiene valiosos elementos que pueden ser usados por los miembros de la OEA para solicitar medidas preventivas que permitan defender la democracia y apoyar el trabajo de sus autoridades, validos sobre todo cuando son invocados por el propio país concernido. La comunidad inter americana esta convocada a responder conforme a los mecanismos contemplados. Consecuente con ello, el Ecuador apoya la resolución convencido que se enmarca de manera adecuada y justa en los términos de la cada y acude al pedido legitimo de un Estado miembro”, dijo.
El representante interino de Paraguay, Raul Mariano Martinez Villalba, valoró “el acercamiento del gobierno pidiendo la colaboración de la herramienta que puede servir a la democracia para una eventual pacificación del país”. En esa línea, exhortó a “los estados miembros a colaborar en al resolución respetando el principio de no intervención en los asuntos internos. Es una situación delicada que tenemos que analizar bien para salvaguardar los principios del derecho internacional”.
La representante de Panamá, María del Carmen Roquebert, resaltó el “multilateralismo que, actuando en los principios de auto determinación y no injerencia, colabora en el fortalecimiento del sistema democrático a través de proceso de dialogo entre las partes”. “Panamá reitera su vocación al dialogo y su adhesión a las vías democráticas pacíficas”, agregó.
Washington Abdala, de Uruguay, consideró que el Consejo no tenía otra opción mas que aceptar el pedido directo del gobierno peruano. “Es sensato lo que hace el Consejo Permanente cuando un país tiene un desafío como el que enfrenta el Perú en el presente y cuando sus autoridades democráticamente electas con legitimación para hacer un planteo sobre la carta democrática (…) La convocan desde la órbita del derecho internacional público a una acción, el camino es uno solo, es el que recorremos hoy. Es bueno para el Perú, para la OEA y para la democracia”, remarcó.
Finalmente, Otavio Brandelli de Brasil resaltó la relación bilateral con el Perú y manifestó su aprobación al acuerdo.