Protestas comienzan a perder legitimidad por los disturbios causados

Ciudadanos salen a las calles pacíficamente para frenar los abusos de los violentos manifestantes que fueron capaces de quemar aeropuertos y fábricas industriales. Además, la presidente Dina Boluarte declaró Estado de emergencia a nivel nacional

La noche del último martes 13 de diciembre, decena de ciudadanos de Abancay, en Apurímac, salieron a las calles de manera pacífica para intentar frenar los disturbios ocasionados por los violentos manifestantes que fueron capaces de cerrar el ingreso al aeropuerto de Apurímac, quemar el aeródromo de Huancabamba e incendiar la sede del Ministerio Público.

Además, recordemos que también bloquearon carreteras en diversos puntos de la región y el país, lo cual obstaculizó el libre tránsito de camiones con alimentos, buses interprovinciales e, incluso, el paso de ambulancias.

A esto se suman los enfrentamientos en Arequipa, en donde los agresivos protestantes invadieron el aeropuerto y quemaron los laboratorios de procesamiento de leche de la fábrica del Grupo Gloria, dejando así a casi 2,500 familias ganaderas sin trabajo. 

Estos disturbios solo pusieron en peligro a los peruanos, quienes comenzaron a sentirse indefensos al transitar libremente por las calles por el miedo a que estas turbas enardecidas les hicieran daño.

Ante esto, cientos de ciudadanos en redes sociales han comenzado a alzar su voz y afirmar que este tipo de manifestaciones deberían ser sancionadas con todo el peso de la ley, debido a que se tratan de actos delincuenciales que ponen en riesgo la vida de nuestros connacionales. 

Asimismo, siguiendo el ejemplo de las familias abanquinas que se opusieron a la violencia la noche anterior, otros pobladores adoptaron este tipo de iniciativas en sus ciudades para hacerle frente a las hordas violentas.

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha contabilizado la muerte de 7 personas producto de las violentas protestas. Además, también se reportó que 119 policías resultaron heridos. A raíz de estas cifras, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, declaró el inicio del Estado de emergencia a nivel nacional por un plazo de 30 días. Sin embargo, aún se desconoce qué derechos y restricciones impone esta medida