Amenaza institucional: Defensoría, Contraloría y TC en la mira

Propuestas y mensajes que se lanzan desde el gobierno y Perú Libre suponen un riesgo para instituciones claves para el orden democrático de país.

“El Tribunal Constitucional (TC) no debería existir”, dijo la semana pasada el premier Aníbal Torres, a propósito del fallo del máximo órgano constitucional del país que restituyó el indulto que se otorgó al expresidente Alberto Fujimori en 2017. Más allá que uno pueda discrepar de algunos de sus fallos, la frase no se debe pasar por alto, más aún si la dice alguien estuvo dispuesto a cometer una ilegalidad con tal de evitar que un procurador investigue y denuncie al jefe de Estado; o que quiere manejar la publicidad estatal según sus odios y venganzas, entre otras tropelías que ha cometido en el ejercicio de sus funciones de Estado.

Casi en pared, el congresista oficialista Guido Bellido anunció un proyecto de reforma constitucional “con el fin de regular mejores mecanismos de elección de miembros del Tribunal Constitucional. No más injusticia e impunidad”. No dio más detalles, pero por sus antecedentes y poca vocación democrática que mostró cuando fue premier, las dudas son legítimas.

La hostilidad y las amenazas contra varias instituciones del país vienen desde la campaña, cuando el entonces candidato Pedro Castillo amenazó con “desaparecer”o “desactivar” la Defensoría del Pueblo y el TC. Ya en el poder, los ataques del mandatario no han cesado. La semana pasada, cuando fue un dar un mensaje al Congreso, dijo que el defensor Walter Gutiérrez está “dedicado a promover la vacancia del presidente de la República”.

Y de los dichos y a los hechos, a veces, hay una distancia corta.

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, busca que el Congreso declare la vacancia del defensor Gutiérrez por tener el mandato vencido, pese a que el proceso para la elección de su reemplazante ya está en marcha. En el oficialismo alegan que Gutiérrez no tiene “idoneidad” para el cargo, lo cual parece una burla si tenemos en cuenta la terquedad presidencial de nombrar a funcionarios incapaces o con un prontuario de terror. En estos casi nueves meses de gestión, van más de 100 designaciones indebidas y contando.

La otra institución en la mira de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, es la Contraloría. La legisladora Margot Palacios presentó el lunes de esta semana una denuncia constitucional contra el contralor Nelson Shack, casi culpándolo por la fallida auditoría en Petroperú, cuando fue absoluta y total responsabilidad de la administración del renunciante gerente general de la petrolera estatal Hugo Chávez, que encima dejó en su lugar a un hombre de su confianza.

En su demanda, Palacios acusa Shack de “sumarse a una campaña publicitaria contra Petroperú” que le causa un “perjuicio material y moral” a la empresa estatal. El contralor calificó la denuncia como “absurda” y que más bien es “una represalia del partido de gobierno por todas las investigaciones que estamos haciendo”.

La Contraloría ha cuestionado las reuniones clandestinas del presidente Castillo en Breña, porque “afectan la transparencia”; además criticó las designaciones del gobierno en cargos claves y de confianza, por no cumplir con los perfiles requeridos; y denunció la “hostilización y amenazas” de Hugo Chávez ante la labor de control en Petroperú, entre otros temas.

El congresista Guillermo Bermejo, que dejó la bancada del lápiz pero sigue siendo muy cercano a Palacio, se sumó al coro y anunció un proyecto de ley para que los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo sean elegidos por elección popular.

“Lo que tenemos en el caso del Gobierno y sobre todo Perú Libre es un continuo acecho a las instituciones. Son coherentes en relación a lo que manifestaban en campaña. Ellos tienen una mala apreciación en relación a varias instituciones”.

Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP.