Conflictos sociales: costos y consecuencias para el desarrollo del Perú

La mayoría de los 203 conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo en todo el país hasta marzo se concentraron en la segunda mitad del 2021 contra actividades claves para el Perú, como la minería, que ha perdido S/1.500 millones. Y lo grave es que no hay equipos técnicos ni capacidad en el gobierno para prevenir, atender o solucionar estos problemas, alertó la entidad.

El último reporte de marzo de la Defensoría del Pueblo da cuenta de 203 conflictos sociales: 157 activos y 46 latentes, pero la mayoría de estos se concentró en la segunda mitad del 2021 en torno a actividades claves para el Perú, como la minería y los hidrocarburos, que el gobierno de Pedro Castillo ha sido incapaz de conciliar o resolver en estos casi nueve meses de gestión.

En un contexto superciclo de precios de los metales que estamos desaprovechando, los conflictos le costaron más de S/1.500 millones en 2021 a la minería, que es el motor de la economía nacional, porque en los últimos diez años, solo esta actividad aportó casi el 9% del PBI, el 59% de las exportaciones, el 15% de la inversión privada y el 10% de los ingresos tributarios.

Según estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR), las protestas mineras le habrían costado al sector unos 2,3 puntos porcentuales de crecimiento en el 2021. Es decir, la actividad minera, que avanzó 9,7% el año pasado, pudo haberse expandido 12% sin conflictos sociales. Esto significa además menos ingresos para las regiones por canon y regalías para el cierre de brechas sociales y menos empleo.

A esto se suma que la incertidumbre política interna ahuyenta las inversiones en el sector y que los conflictos mineros son cada vez son más violentos y radicales, porque se destruye propiedad pública y privada, se impide el libre tránsito de la gente y se pone en riesgo la salud e integridad de personas ajenas a la movilización, y todo en nombre del “derecho a la legítima protesta”, con lo que se busca justificar acciones ilegales, sin que el gobierno o alguna autoridad pueda prevenirlas, evitarlas o sancionarlas.

Pero lo cierto es que, por un lado, ningún derecho justifica la violencia, y por el otro, el gobierno no ha tenido la capacidad de dirimir los conflictos sociales, porque parece que no entiende la naturaleza de un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas necesitan conciliar sus demandas e intereses en estricto respeto a las normas y las leyes que rigen en el país. Para ello se necesita una autoridad con liderazgo y credibilidad, reglas claras y una intermediación oportuna.

“Aquí se están sumando (…) las consecuencias de la inestabilidad política, el deterioro de la administración pública y la pérdida de personal calificado en los equipos técnicos”, alertó Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo para la Prevención de Conflictos Sociales.

El funcionario explica que ya habían equipos afianzados en estos temas y con experiencia para dialogar y buscar soluciones en los conflictos sociales, pero que se empezaron a desmontar con la llegada del actual gobierno.

“Conflicto y violencia NO son lo mismo. La violencia es la manifestación destructiva del conflicto social”.

Defensoría del Pueblo.

Los protestas en Cuajone (Moquegua) y Las Bambas (Apurímac) son los casos de conflictos más graves en este nomento, pero no son los únicos. Ambas minas se han visto obligadas a paralizar sus actividades, con las pérdidas que ello implica para el país.

Cuajone, mina que opera Southern Perú, no produce desde el 29 de febrero y este último domingo unos 60 comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala atacaron las instalaciones de esta unidad minera, incendiaron los arbustos cercanos al campamento minero y sustrajeron equipos de comunicación de la garita de control.

La paralización de esa mina genera pérdidas de S/ 8 millones diarios, más de S/ 232 millones hasta la fecha. Cuajone aporta 7% de la producción nacional de cobre, lo que representa unos US$ 4.8 millones diarios en exportaciones perdidas, así como S/ 2.3 millones de canon y regalías para Moquegua y de S/ 6.2 millones en impuesto a la renta para el Estado Peruano.

Algo similar ocurre en Las Bambas, la mayor mina de cobre del Perú. En el último de una larga lista de incidentes, las comunidades de los distritos de Coporaque y Yaurisque, entre otros, realizaron diversas acciones de protesta en la zona del corredir sur, como bloqueos en la vía por donde circulan camiones y vehículos transportando mineral o trabajadores.

En Junín, comuneros del distrito de Morococha tomaron un tramo de la Carretera Central, como medida de protesta contra la empresa Chinalco, e interrumpieron el paso en esta transitada vía que conecta la costa y la sierra del Perú.

La empresa MMG, que opera Las Bambas, anunció el inicio de operaciones en el tajo Chalcobamba, en Apurímac, que se convertiría en el nuevo foco de las protestas antimineras en el sur, más aún por la cercanía de las elecciones regionales y municipales de octubre de este año y si se tiene en cuenta que la actividad minera provee casi el 70% de los ingresos que reciben los gobiernos regionales y municipales del corredor minero de este circuito del sur.

Potencial en riesgo

Hay datos que evidencian además el progresivo agotamiento de recursos en algunas minas y la imposibilidad de poner en marcha nuevos proyectos. Por ejemplo, Yanacocha, en Cajamarca, pasó de producir más de 90 millones de gramos de oro en el 2005 a solo 8 millones en el 2021, una caída de 91%, de acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Así, tenemos que la inversión en proyectos de exploración minera sumó US$326 millones en el 2021, un tercio menos de lo que se invirtió en el 2012, durante el anterior superciclo de precios de los metales. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para el 2022 hay proyectos de exploración minera por US$586 millones, una cifra muy por debajo a la cartera estimada a finales de 2011, de US$26 mil millones.

Urge por ello que se tomen medidas para aprovechar este nuevo superciclo de precios de los metales y garantizar la sostenibilidad de la actividad minera en el país. El problema es que la inestabilidad política y la actitud negativa que ha tenido el gobierno hacia la minería, como la amenaza unilateral del cierre de minas en Ayacucho a mediados de noviembre del año pasado, no auguran un buen futuro. De hecho, el BCR estima una caída de la inversión minera de 15% hacia el 2023.