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Fiscalía ratifica que presunta mafia en el MTC llega a “otras áreas” del Gobierno

Redacción Vigilante Publicado 10:48 am, 3 junio, 2022

Samuel Rojas coordinador del Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, señaló en diligencia judicial que la línea de acción para favorecer a empresas con obras públicas “llegaba al señor Silva y al presidente de la República”, Pedro Castillo.

Ahora se entiende mejor por qué Castillo protegía y mantuvo lo más que pudo a Silva en el MTC.

La Fiscalía de la Nación ratificó la hipótesis de su investigación que señala al presidente Pedro Castillo como parte de una organización criminal que se constituyó desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para direccionar obras públicas.

Así lo confirmó el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez, en la audiencia donde sustentó el impedimento de salida del país solicitado contra el exministro Juan Silva Villegas (MTC) y seis congresistas de Acción Popular (AP) señalados como ´Los Niños´.

Rojas, coordinador del Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, precisó que los hechos que se investigan no se limitan al MTC, sino que alcanzan a “otras áreas” del gobierno de Castillo. Agregó que la línea de acción para favorecer a empresas “llegaba al señor Silva y al presidente de la República”.

En concreto, el magistrado se refería a una concesión otorgada en el Ministerio de Energía y Minas (Minam) al consorcio Numpatkay el 13 de enero pasado.

Ese mismo día visitaron el despacho del congresista de AP Raúl Doroteo el ciudadano chino Li Qingyong, a quien el fiscal identificó como representante de la empresa china que integró Numpatkay, y Alexander Aguilar Quispe, a quien vincula con INIP Ingeniería Integración de Proyectos, el otro miembro del consorcio.

«Esto último está en vías de investigación, lo menciono para especificar que la organización criminal no se restringió únicamente al Ministerio de Transportes», agregó Rojas en la citada diligencia, al precisar que este caso se deriva de los informes del Caso Puente Tarata y del proceso de colaboración eficaz de la lobista Karelim López.

La tesis fiscal señala que, desde su designación como ministro, Silva habría coordinado con el empresario Zamir Villaverde, hoy bajo prisión preventiva, para favorecer a empresas con licitaciones públicas en su sector, lo cual se viene confirmando con recientes audios, al menos tres colaboradores eficaces y una transcripción oficial de una grabación en el que se evidencia el pago de una coima al extitular del MTC.

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