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7 de diciembre: lo que todo peruano debe saber sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo

El 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado al verse cercado por la justicia y la vacancia. En su intento, también atentó contra el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y otros. A pesar de que todos los peruanos fuimos testigos de su intento de quebrar la democracia, Castillo ahora dice que fue "un acto político".
Redacción Vigilante Publicado 5:36 pm, 6 Diciembre, 2023

La mañana del 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo decidió quebrar la democracia del Perú y, mediante un sorpresivo mensaje a la nación, anunció el cierre del Congreso. En su ilegal pretensión, Castillo también atentó contra la autonomía del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

También convocó a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a las rondas campesinas a que se sumaran a su decisión y anunció un toque de queda, que se gobernaría el país a través de Decretos de Ley y la convocatoria a elecciones parlamentarias.

Esta decisión la tomó el mismo día en que el Congreso iba a sesionar para votar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y mientras sesionaba la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde Salatiel Marrufo, uno de los principales funcionarios ministeriales implicados en el caso Gabinete en la Sombra, brindaba detalles sobre la organización criminal enquistada en el gobierno.

La situación permitió evidenciar que Castillo habría dado el golpe de Estado para evitar enfrentar la justicia. Sin embargo, el chotano no recibió ningún tipo de apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía ni de la ciudadanía. Por su parte, el Congreso aprobó la vacancia de Castillo con 101 votos a favor y se asignó a Dina Boluarte como presidenta.

Al verse sin respaldo, Castillo decidió dejar Palacio y dirigirse a la Embajada de México con la finalidad de recibir un asilo político. Sin embargo, su propia seguridad lo detuvo al ser acusado de rebelión. En tanto, los ministros Alejandro Salas, César Landa, Kurt Burneo, Felix Chero, Rosendo Serna, Richard Tineo, Gustavo Bobbio, Silvana Robles, Eduardo Mora y Betssy Chávez renunciaron y lo dejaron solo. De la misma manera lo hizo su abogado, Benji Espinoza.

Tras su vacancia, el sector político aliado de Castillo iniciaron una serie de protestas violentas con la finalidad de generar caos. Varias sedes policiales, judiciales, fiscales y aeropuertos fueron atacados, lo que generó la muerte de decenas de personas.

Cabe recordar que la Fiscalía abrió carpetas fiscales contra Castillo por los casos Puente Tarata II, el Gabinete en las Sombras, el plagio en sus tesis de maestría, tráfico de influencias y direccionamiento de licitaciones en PetroPerú, encubrimiento contra la administración pública, esto retirar arbitrariamente a Mariano González del cargo de Ministro del Interior por conformar un equipo especial para investigar a Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Juan Silva; y organización criminal y familiar, caso en donde está involucrada su cuñada Yenifer Paredes.

El Congreso evitó un quiebre democrático y evitó que el Perú caiga en un régimen autoritario y manchado por la corrupción de los funcionarios de turno. Sin embargo, violentas protestas organizadas por grupo radicales de izquierda generó caos y terror en Lima y en varias regiones del país.

Pese a que la crisis institucional y económica actual, de la que es responsable en gran medida Castillo, las pesquisas fiscales que investigan los actos de corrupción en la gestión castillista continúan. Además, el expresidente intenta lavarse la cara ante la justicia afirmando que el golpe de Estado fue un “acto político”.

Sin embargo, todos los peruanos fuimos testigos del quiebre de la democracia. En esa línea, el actual gobierno declaró, mediante decreto supremo N°136-2023-PCM, el 7 de diciembre como “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia”. Actualmente, Castillo cumple 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por el presunto delito de organización criminal y otros.

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