| ECONOMÍA
El palacio de Castillo: qué dicen los expertos sobre el comportamiento del presidente en medio de una investigación
Redacción Vigilante
Publicado 10:29 pm, 22 Diciembre, 2021
El presidente Pedro Castillo volvió a negar la entrada de fiscales a la Palacio de Gobierno por la investigación del caso de Petroperú; además habría pedido la exclusión de un fiscal y ha visitado a la Fiscal de la Nación en medio de una investigación. Para entender los actos realizados por el presidente, dos abogados penalistas, Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, analizan los hechos.
El martes 21 durante la mañana, el presidente Pedro Castillo, acudió caminando por la avenida Abancay y en compañía de su abogado Eduardo Pachas, al despacho de la Fiscalía de la Nación en el centro de Lima para reunirse con la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. La reunión se dio en compañía de fiscales adscritos a su despacho.
El encuentro que tuvieron fue para solicitar el cambio de la fecha programada para la toma de la declaración testimonial del presidente Castillo, la cual inicialmente había sido fijada para el 29 de este mes; sin embargo ahora será el próximo martes 28 de diciembre. La diligencia fiscal será en el marco de las investigaciones que sigue el despacho de la Fiscal de la Nación por la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en los ascensos militares.
La razón que dio Castillo para el cambio de fecha fue que tiene compromisos agendados para el 29 de diciembre que le impiden participar en la diligencia. La reunión que sostuvo el mandatario con la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue catalogada por el propio Ministerio Público como improvisada. Para analizar lo que ha sucedido consultamos con dos abogados penalistas: Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima.
Cronología de eventos
“(…) los fiscales son autónomos y tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación”, Ministerio Público.
Mediante una nota de prensa el Ministerio Público detalló que durante la conversación que tuvo con el presidente, su defensa, el abogado Eduardo Pachas, “intervino para expresar su preocupación por la intervención, el día de ayer, de un equipo de fiscales que pretendió ingresar hasta el despacho presidencial”. El comunicado agrega que según alegó el abogado del mandatario, constitucionalmente, el jefe de Estado solo puede ser investigado por la Fiscal de la Nación por lo que presentarían la queja correspondiente.
Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, esta afirmación es en parte cierta; sin embargo, menciona que “hay personas en el entorno de Castillo que están siendo objeto de investigación, como es el caso del presidente de Petroperú, que no está protegido por la inmunidad”. Debido a esto, solo si se tratara específicamente del presidente, debería ser la Fiscal de la Nación, quien haga las diligencias, pero hay otras personas que son parte de la investigación, razón por la que se acudió a Palacio de Gobierno.
Durante el encuentro que tuvieron, Ávalos le recordó a Castillo que “los fiscales son autónomos y que tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación”. La magistrada agregó también que en caso el jefe de Estado considere que hubo algún tipo de vulneración existen los cauces procesales correspondientes.
Luego de la reunión, el presidente escribió en su cuenta de Twitter, “Como muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia, y en señal de transparencia, he solicitado de manera voluntaria el levantamiento de mi secreto bancario, tributario y de comunicaciones, una medida que no tiene precedentes”.
Para Lamas, este hecho no tiene relevancia ni trascendida, “ni la reserva tributaria ni el secreto bancario porque se corrobora que en los casos de gran corrupción no se utiliza el sistema bancario ni el sistema tributario. Hay testaferros, personas que reciben dinero en efectivo, por lo tanto, el secreto bancario es irrelevante en términos de análisis”.
Por su parte Amoretti, explica que el presidente no puede llevar una constancia o un documento con esa información. “La Fiscal de la Nación es quien tiene que dirigirse a la Superintendencia de Banca y Seguros y pedir el levantamiento del secreto bancario, también a la Sunat y a las empresas operadoras telefónicas como Claro o Entel y solicitar el levantamiento del secreto de comunicaciones. Tienen que ir a las autoridades”.
“Es un atentado contra la transparencia en la gestión pública. Si el abogado discrepa de la decisión del fiscal tiene la vía judicial para objetarlo a través de una acción de tutelar”, Luis Lamas, abogado penalista.
En un segundo comunicado por parte del presidente también agregó lo siguiente: “Asimismo, he acudido personalmente a la Fiscalía a pedir que se adelante mi declaración testimonial para el 28/12/21. Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares. Las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas”.
Sin embargo, esto no se cumplió, ya que dos días después, el miércoles 22, el fiscal Reinaldo Abanto indicó que personal de Palacio de Gobierno no permitió el ingreso a ciertos espacios y tampoco brindó la documentación que requirieron durante la diligencia como parte de la investigación por el caso de las supuestas irregularidades en una licitación de Petroperú.
En declaraciones a Canal N, la fiscal anticorrupción Norah Córdova comunicó que la diligencia tiene el mismo propósito que la que se realizó el lunes 20. Fecha en la que el presidente Pedro Castillo tampoco autorizó el ingreso de los fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que acudieron a Palacio de Gobierno para indagar sobre presunta injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso de adquisición de Petroperú.
Según el acta fiscal, de la primera diligencia, que presentó el diario El Comercio, a las 2:45 p.m. el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina consignó que el jefe de Estado Pedro Castillo es “el que no autoriza ingreso del personal fiscal a oficina de Secretaría del Despacho de Presidencia”. Asimismo, el medio informó que el presidente pidió por escrito al Ministerio Público que excluya al fiscal Luis Alberto Medina, por supuestamente haber actuado de manera “abusiva”, incumplido sus funciones durante la diligencia y filtrado información a la prensa.
“La Fiscal debe pedir una orden judicial para incautar las computadoras y los libros del ingreso de personas a Palacio de Gobierno”, Mario Amoretti.
Al respecto, Lamas indica que no es pertinente que el Presidente de la República visite a la Fiscal de la Nación cuando es objeto de una serie de acusaciones, ya que esto podría ser una forma de presionar a la Fiscal. “Es un atentado contra la transparencia en la gestión pública. Si el abogado discrepa de la decisión del fiscal tiene la vía judicial para objetarlo a través de una acción de tutelar. Nadie en su sano juicio va a ser una visita de naturaleza aprovechándose de la función pública para tratar de impactar a la opinión pública y presionar a la Fiscal”.
Para Lama, la fiscal nunca debió haber recibido al presidente. “Primero, porque está citado; segundo, porque el presidente está siendo objeto de una serie de denuncias; tercero, porque la fiscalía es independiente del Poder Ejecutivo”.
Amoretti señala que los fiscales provinciales no pueden ir a que les entreguen documentos, “sino para pedir información, no para incautar, allanar ni nada por el estilo”. Agrega que para este fin los fiscales tendrían que ir con una orden judicial, ya que ese documento debe ser acatado por todos incluido el presidente. “La Fiscal debe pedir una orden judicial para incautar las computadoras y los libros del ingreso de personas a Palacio de Gobierno”.
Hoy la situación fue similar, la diligencia se frustró porque no se dejó ingresar a los fiscales a ciertos espacios de Palacio de Gobierno. La fiscal anticorrupción Norah Córdoba detalló que esta medida se toma luego de que el presidente de la República afirmara que darían todas las facilidades para las investigaciones.
Contradicciones
Mediante un comunicado, difundido a través de las redes sociales de Presidencia del Perú el lunes, se indicó que en ningún momento se dio disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes en la sede del Poder Ejecutivo. “El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, tras cumplir una recargada agenda de trabajo y tomar conocimiento de la presencia de los representantes del Ministerio Público en la sede del Ejecutivo, dispuso que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan su labor con total apertura”, indica el comunicado.
Sin embargo, Córdova aseveró que es falso que se hayan dado las facilidades a los fiscales que se presentaron el último lunes en Palacio de Gobierno. “Nosotros sabemos que hubo obstrucción en la visita a Palacio por parte de los funcionarios y por parte del presidente. y por eso hemos dado un informe a la fiscal de la Nación, ella decidirá qué hacer”, dijo a Canal N.
¿El presidente puede ser investigado?
Lamas Puccio indica que puede ser indagado, pero hay una Ley hace referencia a que el presidente puede ser objeto de una acusación solo por el delito de traición a la patria en el ejercicio de sus actividades. Pese a eso sí puede ser indagado e invitado hasta que se formalice la acusación.
En el caso que sea encontrado en un delito de flagrancia, tendría que ser puesto a la disposición de la Comisión Permanente del Congreso, la que tendría que disponer que se iniciara un antejuicio.
“El no puede ser acusado, pero puede ser investigado. Esto [las investigaciones ocurridas esta semana] debió hacerse al día siguiente que se hizo esta denuncia publica en los medios. El fiscal no puede pedir pena ni reparación civil”, explica Amoretti.