El Tribunal Constitucional estableció que los proyectos de ley con impacto sobre el presupuesto público deberán contar con evaluación técnica, una fuente de financiamiento y coordinación con el Poder Ejecutivo antes de ser aprobados.

El aumento responde a cambios en la fórmula de cálculo aprobados en 2025, el incremento de la UIT y un mayor número de electores. De esta manera, los partidos con representación actual en el congreso verán un alza en sus ingresos superior al 300%, mientras que los partidos con representación nueva tendrán ingresos muy superiores a los de otros partidos en periodos legislativos anteriores.

Alejandro Manay Pillaca pasó de la dirigencia del FREDEPA a obtener un escaño en el próximo Congreso. Su elección reaviva el debate sobre la participación política de dirigentes investigados por presuntos vínculos con Sendero Luminoso.

La titular del MEF, Denisse Miralles, ha planteado objetivos específicos para los nueve meses que le restan al gobierno de transición: mantener la disciplina fiscal, intensificar el diálogo con el Congreso para frenar leyes con impacto negativo, y descartar cualquier nuevo rescate para Petroperú

El Consejo Fiscal advierte que las leyes aprobadas por el Congreso para el magisterio generan una fuerte carga económica al Estado. Entre ellas figuran la Ley 31495 y tres iniciativas más que buscan aumentar las pensiones docentes, sin embargo, no se observan mejoras en la calidad educativa.

Mientras el país ya supera los 1,890 distritos y miles de municipalidades enfrentan graves deficiencias de gestión, el Congreso impulsa decenas de proyectos para crear nuevas jurisdicciones. Expertos y organismos de control alertan que la fragmentación territorial solo agravará las pérdidas millonarias por corrupción e ineficiencia.

Desde el 2021, se han aprobado más de 200 leyes con impacto fiscal y están en camino más de 300. Varias de ellas podrían incrementar el déficit y disparar la deuda pública del país en los próximos años.

La Asociación de Contribuyentes del Perú y el Adam Smith Center for Economic Freedom presentaron en el Congreso el Índice de Burocracia 2025, que revela que abrir y operar una empresa mediana en el país puede tomar más de nueve meses de trámites, reflejo de un sistema estatal que castiga el crecimiento y desalienta la formalización.

Más asesores, más comisiones y más beneficios, pero la productividad legislativa no lo justifica. En solo cuatro años, el Congreso de la República duplicó su gasto en planillas, mientras leyes clave y la confianza ciudadana siguen en caída.

El abogado de profesión reemplaza a Dina Boluarte y gobernará hasta el 28 de julio de 2026. Su historial incluye acusaciones judiciales, cuestionamientos por corrupción y un proceso por desobediencia a la autoridad.

A dos meses de cumplir tres años en el poder, la primera presidenta del Perú fue vacada del cargo entre denuncias, soledad política y una ola criminal fuera de control.

Sin facultad de gasto, el Congreso aprobó la creación de 22 universidades a nivel nacional. Cada una costaría aproximadamente 105 millones de soles solo en infraestructura básica, lo que suma más de 2,300 millones de soles sin incluir planillas ni mantenimiento.

La historia reciente del Parlamento peruano muestra un vaivén cercano a la irresponsabilidad. En cuestión de días, celebró la publicación del reglamento de la reforma previsional que había promovido meses atrás, luego se desmarcó de ella ante las críticas y, finalmente, retrocedió en dos medidas excesivas, pero aprobó un nuevo retiro de fondos de AFP, desvirtuando el sistema de pensiones.

La reforma previsional que prometía mejorar las pensiones sorprende por favorecer a las AFPs, limitar el retiro de fondos y obligar a los independientes a aportar, generando desconfianza.

Quienes defendieron y votaron la reforma previsional hoy reniegan del reglamento que la desarrolla, culpan solo al Ejecutivo y evaden su responsabilidad. El principal promotor, el congresista Miguel Torres, encabeza este giro político que deja al ciudadano en medio de un sistema cada vez más perverso con el contribuyente. 

El gasto en sueldos públicos crecerá 12 %, mientras que los recursos para infraestructura caen 13 %. Los contribuyentes financian un Estado cada vez más caro y menos eficiente, mientras la educación, salud y servicios básicos siguen en crisis.

Han pasado más de 45 días desde el vencimiento del plazo para reglamentar la Ley APCI y Cancillería aún no publica el documento. ONGs siguen operando sin mecanismos claros de control.

A pesar de los cuestionamientos sobre la pérdida de recaudación, expertos aseguran que la norma atraerá inversiones, formalizará al sector y beneficiará a miles de trabajadores rurales.

A ocho meses de los comicios, el Perú se prepara para enfrentar las elecciones más fragmentadas y complejas en décadas. El regreso del Congreso bicameral, una avalancha de postulantes y la desconfianza ciudadana marcan un proceso que podría agravar aún más la crisis de representación.

Un proyecto de ley plantea crear un régimen especial de incentivos tributarios para adultos mayores emprendedores en situación de pobreza, con beneficios en impuestos y tasas municipales, aunque especialistas advierten limitaciones en su alcance y viabilidad.

Más de 35 aspirantes buscan la presidencia del Perú en un escenario fragmentado y de baja confianza ciudadana. Estas son las últimas movidas de cara a las Elecciones 2026.

El Congreso aprobó un proyecto de ley que modifica el pago del Impuesto a la Renta para arrendadores. Ahora, el tributo se pagará solo al recibir el dinero del inquilino, cambiando el criterio actual. ¿Cómo afecta esto a propietarios e inquilinos?

El Congreso aprobó la iniciativa dirigida para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa, que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. El Poder Ejecutivo ha publicado la norma y, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de la medida.

Durante el último Mensaje a la Nación, Dina Boluarte recibió el respaldo de bancadas conservadoras y gremios empresariales, mientras sus antiguos aliados de izquierda se retiraron del Congreso. ¿Cuáles son los intereses de estos grupos?

Informe del Ministerio de Economía señala que Acción Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Perú Libre y Podemos Perú promueven proyectos que afectan gravemente los ingresos del Estado, agravando el déficit fiscal y favoreciendo intereses particulares.

La reinstauración del sistema bicameral en Perú requiere la urgente aprobación de los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. El proyecto más avanzado define funciones clave del Senado, pero presenta vacíos normativos sobre votaciones. Sin reglas claras, se generan dudas sobre su aplicación de cara a las Elecciones 2026.

Los trabajadores independientes estarán obligados a aportar a las AFP desde 2028, sin considerar su edad ni ingresos. Expertos advierten que la medida afectaría principalmente a los mayores de 40 años, que harían aportes insuficientes para una pensión digna. Además, podría aumentar la informalidad laboral y generar una carga fiscal al Estado.

La Contraloría y el Congreso ya han advertido la ineficiencia: EsSalud destina el 75% de su presupuesto para planillas y locadores de servicios, además tiene gastos fijos descontrolados y una atención cada vez más crítica.

Desde el ámbito económico, institucional y fiscal, la propuesta para que el Banco de la Nación compre oro de la minería artesanal constituye un grave retroceso. No solo pone en riesgo la estabilidad financiera del Estado, sino que también debilita pilares clave como la autonomía monetaria, la libre competencia y el principio de subsidiariedad. La Asociación de Contribuyentes del Perú exhorta al Congreso a rechazar la iniciativa.

La Asociación de Contribuyentes del Perú exhortó al Congreso de la República hacer un análisis crítico y riguroso sobre la pertinencia de crear este nuevo ministerio, debido a que representaría un costo administrativo adicional para los contribuyentes de S/169 millones, duplicidad de funciones de otras entidades y mayor burocracia que podría ahuyentar la inversión privada.

El Congreso aprobó las facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo, el cual contaba entre sus propuestas la creación de un nuevo impuesto para gravar el IGV a las plataformas de streaming y servicios similares. Para el presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú (ACP), esto genera “una dinámica mercantilista".

El próximo 8 de agosto de 2024 se inicia la Segunda Legislatura del Congreso de la República. Esta es la oportunidad del Parlamento de aprobar por insistencia la Ley de masificación de gas natural, la cual beneficiará a decenas de familias y negocios locales en regiones.

La ley de masificación de gas natural no fue promulgada debido a la observación del Ejecutivo. Si el próximo 8 de agosto, inicio de la Segunda Legislatura, no se aprueba por insistencia la medida, decenas de negocios locales y familias no podrán acceder a este recurso a un módico precio. ¿Será capaz Eduardo Salhuana, el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, de impulsar la promulgación por insistencia de la norma?

El Congreso aprobó un proyecto de ley que  precisa la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Esta norma fue duramente cuestionada por expertos, debido a que pone en peligro la institucional del país y la democracia.

El Congreso aprobó recientemente nuevas modificaciones para la Ley de Teletrabajo. Sin embargo, un análisis de la Asociación de Contribuyentes sugiere que las regulaciones deberían ser evaluadas con mayor detenimiento, debido a que podrían afectar el ejercicio de las actividades remotas y, en su defecto, reducir el nivel de productividad de una empresa.

En el Congreso de la República se aprobó un dictamen que propone la contratación permanente del personal CAS en el Estado. Esta medida fue criticada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera el principio de meritocracia y calidad del servidor público.

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un dictamen que propone reforzar las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La finalidad es mejorar la supervisión de a qué actividades destinan los recursos monetarios las ONGs.

El Congreso se promueve una serie de proyectos de ley que atenta contra la inversión privada y evita la colaboración público-privada en la administración de servicios como saneamientos, agua potable o comercialización de materias primas y sus derivados. Expertos como el gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, Jaime Dupuy, criticaron al Ejecutivo de no hacerle frente a estas normas, debido a que “propuestas erróneas y desfasadas”.

Según expertos en telecomunicaciones, la Ley impulsada por Alejandro Soto, presidente del Congreso, atenta contra la inversión privada, alienta la competencia desleal e imposibilita el cumplimiento del derecho de libertad.

Se dio el primer paso para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional pueda fiscalizar a las ONGs y a qué actividades destinan los fondos de la Cooperación Técnica Internacional (fondos públicos de otros países). Los datos son reveladores: 1,716 ONGs no fueron auditadas y 1,870 no rindieron cuentas sobre el uso de sus recursos hasta 2023.

Opiniones contrarias. Se considera oportuna la medida para evitar la fragmentación política, pero otro aduce que se vulnera el derecho a la participación política. Para concretar su decisión, el Congreso necesitará 87 votos a favor en segunda votación. Actualmente, hay 84 movimientos regionales y 23 que están en proceso de inscripción.

La “Ley Perro Muerto”, aprobada por la Comisión de Economía del Congreso, resultaría perjudicial para la recaudación fiscal. Entidades como Indecopi y el MEF mencionaron que la propuesta es confusa y genera incertidumbre en el ámbito tributario.

El Congreso debe actuar y debatir el dictamen que evitará que sentenciados por delitos graves como terrorismo, homicidio y otros tienten altos cargos públicos en las elecciones 2026. Diversas entidades públicas también se pronunciaron.

En el Congreso se prepara una ley inconstitucional que legitima la usurpación de la empresa privada y el abuso más descarado contra los consumidores.

El Congreso aún no pone fecha para debatir el proyecto de Ley que impide que personas sentenciadas por delitos como terrorismo, secuestro u homicidio calificado accedan a un cargo público por elección popular. En 2021 se postuló, por ejemplo, el sentenciado Vladimir Cerrón. Ahora Antauro Humala y otros más buscan su cuota de poder a manos de los ciudadanos.

La derogación de la Ley Servir fue aprobada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, a pesar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Presidencia del Consejo de Ministros señalaron que la medida no es factible para mejorar el trabajo de los funcionarios públicos.

Entre 2020 y 2024, el Parlamento aprobó 101 leyes que representan un costo de S/86 mil millones, lo que equivale a más del 8% del Producto Bruto Interno (PBI).  El 55% de esta cifra corresponde a los proyectos de ley promulgados por insistencia.

S&P Global Ratings redujo la calificación crediticia de soberana a largo plazo en moneda extranjera de Perú de BBB a BBB-. La decisión se tomó en medio de los desafíos políticos que afronta la nación y los presuntos casos de corrupción en los que estarían involucrados altos funcionarios estatales. La economista de la Asociación de Contribuyentes, Camila Costa, aseguró que esta baja calificación es sinónimo de menor inversión privada, lo cual evita que se generen más puestos de empleo y, por ende, se mejore la recaudación fiscal.  

Un sector económico no contó el verdadero interés de su propuesta sobre la masificación del gas y buscó traerse abajo la Ley de Masificación. Sin embargo, la noticia positiva es que la Ley se aprobó por insistencia en la Comisión de Energía y Minas y quedó lista para que el Pleno la apruebe. El presidente de la Asociación de Contribuyentes, José Ignacio Beteta, exhortó a que “la masificación del gas se realice en libre competencia y no con monopolios”.

14,000 maestros que no superaron la prueba de conocimientos necesaria podrán regresar a la carrera magisterial, poniendo en peligro la calidad educativa que recibirán los niños y jóvenes del Perú.

El caso Rolex generó un nuevo remezón político que estaría siendo aprovechado por algunos sectores políticos para generar inestabilidad. ¿Quién se beneficia? ¿La moción de vacancia prosperará o el Ministerio Público archivará el caso?

Se plantea que los trabajadores que desempeñan actividades remotas no puedan ejecutar tareas domésticas durante la jornada laboral. Expertos en materia laboral afirman que norma carece del principio de razonabilidad e, incluso, se estaría violando la intimidad del trabajador.

La iniciativa fue definida como anti técnica. Por ejemplo, si hay días adicionales que deban ser pagados sin que haya trabajo efectivo, se podría llevar a que las empresas o entidades consideren la contratación de reemplazos temporales generando mayor costo.

Se está analizando un dictamen que limita la inscripción de movimientos regionales a menos que cumplan con la presentación de candidaturas en cuatro quintos de las provincias y distritos de la región. Si bien la norma argumenta que se reducirá la fragmentación política, otros aseguran que se intentan eliminar a la competencia electoral de cara a 2026.

El argumento de la ley es proteger al padre de familia en el ámbito laboral durante el primer año de nacido de su hijo, sin embargo, lo que realmente hará es golpear gravemente el campo laboral peruano. Aquí las razones.

Se modificó el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 152 y evita que los creadores de contenido publiquen su RUC y razón social en redes sociales.

Tras el fallido golpe de Estado, Dina Boluarte asumió, por sucesión constitucional, la Presidencia. Su gestión está marcada por la crisis económica de la cual aún no salimos.

En 2024, los tres niveles de gobierno se harán acreedores de S/240,806,216,645 para ejecutar nuevos y mejores proyectos públicos y para costear gastos corrientes como el pago de planillas. Pero, ¿conoces cual es el proceso que se lleva a cabo desde el Poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto público año tras año?

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, aseguró que el proyecto de ley que propone el retorno a la bicameralidad es una propuesta sensata para tener mejores leyes y reformas. Además, cuestionó que un sector político se ampare en el referéndum del 2018, que eliminó la reelección parlamentaria.

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen sobre la elecciones primarias, el voto mediante la figura de adherentes y el voto preferencial. La presidenta del grupo de trabajo, Martha Moyano, aseguró durante la sesión que la iniciativa “no constituye ninguna contrarreforma al régimen de las primarias”.

La congresista de San Martín sostuvo que con la bicameralidad se tendrá un mejor filtro para las propuestas legislativas: "No se estarían quejando del número de propuestas declarativas si tuviéramos propuestas que vayan con la productividad técnica".

El congresista Carlos Anderson explicó que el retorno a la bicameralidad es una buena propuesta que podría mejorar la representatividad y sistema organizacional del Congreso. Sin embargo, mantiene firme su postura en que la iniciativa debe ser refrendada por la ciudadanía mediante la consulta pública.

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, aclaró que el sistema bicameralidad al que apunta el Congreso "debe implementarse con el mismo presupuesto" que tiene de manera regular. "Hay una cláusula para que eso sea así, para que con el actual presupuesto se pueda implementar el nuevo sistema", remarcó.

El economista cuestionó que la ley busque privilegiar el tratamiento a las empresas nacionales: “Es una pésima idea porque nos lleva a un mal uso de los recursos públicos. Los impuestos que se recaudan debe usarse de la mejor manera posible para conseguir el mayor valor que se pueda por el dinero que se gasta”.

El Instituto Peruano de Economía se pronunció sobre la presentación del proyecto de ley que ofrece beneficios tributarios a empresas en el marco de la reactivación económica del sector industrial. Según la entidad, al no contar con un sustento de impacto económico y antecedentes que certifiquen su efectividad, el documento se convierte en una estrategia diseñada para fracasar.

El congresista José Enrique Jerí, de Somos Perú, presentó ante el Congreso la iniciativa legislativa de la “Nueva ley de industrias”. Este proyecto carece de sustento de impacto económico, por ello, el Banco Central de Reserva respondió cuestionando tajantemente la aplicación de estas reformas.

Según el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, César Revilla, se trabaja en un dictamen que permitirá a los ciudadanos en situación de desempleo el retiro de manera extraordinaria hasta 2 UIT, lo que equivale a S/9,900.

Con la caída del PBI en 0.63% en agosto de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas se sinceró y anunció que el país se encuentra en recesión. Expertos aseguran que este resultado responde a 4 factores: la llegada del Fenómeno del Niño, violentas manifestaciones, la ineficiencia del gobierno y la menor recaudación tributaria.

El Congreso derogó la ley que regulaba la construcción de obras públicas que no superan las 50 UIT bajo la modalidad de administración directa por parte de los gobiernos locales y regionales. Expertos aseguran que esta decisión solo le abre paso a la corrupción y la falta de transparencia al ejecutar proyectos en favor de los contribuyentes.

Propuesta del ejecutivo evita el retiro parcial o extraordinario de los fondos previsionales por autorización del Congreso. Asimismo, espera garantizar una pensión de al menos S/600 y el retiro de fondos únicamente por dos motivos: pago de la cuota inicial de un inmueble o el diagnóstico de una enfermedad terminal.

El congresista de izquierda viajó a Rusia para intentar imponer una narrativa distinta a la realidad. En su presentación aseguró que el Perú busca recuperar su "democracia" a través de una Asamblea Constituyente, pero olvidó contar el golpe a la democracia de su amigo Pedro Castillo. 

El Congreso debatió 15 proyectos de ley que proponen nuevos feriados y días no laborales, sin tomar en consideración los argumentos técnicos que se oponen. Se aprobaron cuatro y hoy sufrimos el impacto. 

Para no repetir los mismos errores, el martes 26 de septiembre expertos en materia política, económica y social como José Ignacio Beteta, Jaime Dupuy y Katherine Ampuero analizarán la amenaza autoritaria y la propuesta liberal.

La congresista Digna Calle buscaría renunciar al cargo a pesar que más de 54 electores confiaron en ella. A pesar que recién anunció la decisión, lo cierto que su pretensión se evidenció en 2022 con un proyecto de ley que permite la renuncia al cargo parlamentario. Ojo, no es la única.

Defensores de la Junta Nacional de Justicia afirman que investigarlos es romper el equilibrio de poderes, mientras que desde el Congreso consideran que sí pueden investigar a los siente integrantes de la JNJ e, incluso, removerlos.  

Un informe del INEI detalla que el Reniec cuenta con un nivel de confianza entre los peruanos de 50.9%. Entre las entidades públicas con una tasa de desconfianza muy alta se encuentran los Partidos Políticos, el Congreso y los Gobiernos Regionales.

Pese al costo adicional que implica aprobar los micro descansos durante la jornada laboral, el Pleno del Congreso sumó a su agenda el debate del proyecto que ley que restaría entre 15 y 20 minutos la productividad de las pequeñas y medianas empresas en Perú.

Iniciativa, calificada como populista, es impulsada por José Luna pondría en peligro el sustento futuro de millones de peruanos. Además, "reduce drásticamente los ahorros del mercado local y, por tanto, las fuentes de financiamiento existentes", según Rey.

13 proyectos en la Comisión de Trabajo del Congreso, que presidirá el Bloque Magisterial, atropellan los derechos de la clase trabajadora formal e impiden que el país se desarrolle a paso ligero. Expertos aseguran que estas iniciativas buscan favorecer intereses personales.

Congresista que no va a trabajar al Congreso desde hace 6 meses genera indignación en la población. A pesar de esto, la parlamentaria Digna Calle buscó quedarse más tiempo en el exterior, peor en el Congreso ya la denunciaron constitucionalmente. Vigilante.pe revisó su perfil y esto fue lo que encontró.  

A puertas de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, el analista político, José Carlos Requena, mencionó que ningún consenso es malo, sin embargo, las alianzas, hoy en día, terminan siendo sinónimo de proteger su permanencia en los curules.

El politólogo Javier Albán señaló la importancia de tener una adecuada Mesa Directiva en el Congreso para gestionar los problemas que atraviesa el país a nivel político, social y económico. Sin embargo, advirtió que "una alianza" se podría interpretar como una cambio de intereses con la designación del nuevo defensor del Pueblo.  

En la Comisión de Trabajo del Congreso aprobaron y/o se discuten una serie de proyectos de ley que le restaría productividad a las pequeñas y medianas empresas. “Medidas que aparentemente benefician al trabajador, terminan alejándolo del empleo formal", sostuvo el economista David Tuesta.

La abogada penalista, Romy Chang, aseguró que la decisión del Congreso demuestra una profunda desconexión con la realidad nacional, debido a que es imposible ponerle una fecha límite a la investigación fiscal, sobre todo, en casos sumamente complejos. 

Las barreras burocráticas son todas aquellas normas impuestas por el Estado que impiden que un ciudadano pueda realizar un trámite con alguna entidad pública de manera rápida y sencilla. Además de vulnerar nuestros derechos, son leyes que promueven indirectamente la corrupción e informalidad en el Perú.

La educadora y CEO de MásEducaciónPe, Carla Gamberini, asegura que esta medida podría perjudicar a 6 millones de estudiantes. "Se debe reformular una propuesta que no vulnere el derecho de los estudiantes y que tampoco vulnere el derecho de docentes que llevan años preparándose”, dijo.

Golpe a la educación. El especialista en el sector, Paul Neira, lamentó la decisión del Congreso al aprobar una ley que afectará a los estudiantes en un futuro cercano: “Necesitamos más calidad y mejores docentes, no a los que no han cumplido los estándares mínimos del proceso de evaluación que requiere la Ley".

Con 81 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, el Parlamento aprobó el dictamen que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular. Esta iniciativa legislativa se sustenta en el proyecto de ley 1587.

Desde el Congreso se impulsa un proyecto de ley que prohíbe el cierre arbitrario de negocios por parte de las municipalidades, situación que se replica en todas las regiones del país . El presidente de la Asociación de Panaderos del Perú y l presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú respaldan iniciativa.

Perú cuenta con una media de 254,118 habitantes por congresista. Si tuviésemos dos cámaras y un total de 190 parlamentarios, el nivel de representación sería, en promedio, de 173,870 habitantes por congresista. El abogado constitucionalista aseguró que la democracia y servicios de calidad tienen un costo en la esfera política.

Un dato relevante es que en el dictamen de la bicameralidad, se menciona que "la implementación de las cámaras legislativas se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso, sin que sobrepase el 0.6 % del Presupuesto General del República".

Pese a que muchos ciudadanos se oponen al proyecto que restablecería la bicameralidad en el Congreso con argumentos que indican que le costaría mucho más dinero a los peruanos y que, además, le restaría autonomía al Poder Ejecutivo; la verdad es que este sistema traería muchos más beneficios a los peruanos, según la opinión de expertos. 

El Congreso de la República votó a favor del dictamen que restablece la bicameralidad en el Poder Ejecutivo, siempre y cuando la ciudadanía así lo decida mediante un referéndum. El documento busca reformar 53 artículos de la Constitución Política con la intención de incluir los derechos y deberes de diputados y senadores, quienes se encargarán de revisar y debatir iniciativas legislativas que beneficien a la ciudadanía.

El camino a la bicameralidad, vía referéndum, es una realidad. En el Congreso, un sector defiende la medida puesto que dará mayor y mejor representación a los ciudadanos, mientras que otros la consideraron como una "reforma tramposa".

El nuevo Defensor del Pueblo, Josué Gutierrez, no solo cuenta con un amplio expertise como abogado, sino que también cuenta con múltiples cuestionamientos en su contra por ser un personaje allegado a la cúpula de Perú Libre tras defender a Vladimir Cerrón en el caso los Dinámicos del Centro.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, criticó el proyecto de ley que solicita un séptimo retiro de los fondos previsionales debido a que perjudicaría seriamente el déficit fiscal. Propuesta de la Asociación Más y Mejores Pensiones podría ser la solución a este problema, señala especialista.

La Comisión de Descentralización aprobó el proyecto de ley de la congresista Norma Yarrow que tiene la finalidad de transparentar la gestión pública. Iniciativa tiene respaldo de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo.

Un sector político propone la creación de un sistema de administración de fondos de pensiones similar al fracasado modelo de Bolivia. Sin embargo, existen alternativas más apropiadas para reformar el sistema nacional de fondo de ahorros para la jubilación. La Asociación Más y Mejores Pensiones propone la creación de un fondo previsional que sea formado a raíz del Impuesto General de las Ventas (IGV).

Se han presentado alrededor de seis proyectos de ley que podrían cambiar por completo el rumbo de los trabajadores en el país. Estas iniciativas ya fueron aprobadas por las Comisiones de Trabajo y Economía del Congreso y serán discutidas en el Pleno próximamente.

Los congresistas Betssy Chávez y Roberto Sánchez podrían ser suspendidos por decisión del Congreso este miércoles 22 por ser parte del autogolpe de Estado de Pedro Castillo. De concretarse, asumirían Isaac Mita y Gahela Cari, respectivamente.

El 10 de marzo, 4 congresistas viajaron a Baréin para participar de la 146° Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Dicho viaje fue autorizado por la Mesa Directiva del Parlamento y tuvo un costo superior a los S/62 mil debido a que cada legislador contaba con un presupuesto asignado de $4,080.

La industria aérea alertó sobre los riesgos que implica romper con el esquema de flexibilidad de tarifas de vuelo debido a que se estaría atentando contra la democratización de acceso al servicio de transporte. Además, señalan que perjudicaría seriamente a más del 80% de pasajeros que compran boletos de la tarifa básica

El procurador Daniel Soria solicitó el inicio de las diligencias preliminares en contra congresistas de 4 bancadas por el presunto delito de peculado doloso en contra del Estado por haber utilizado de manera irregular pasajes aéreos en año nuevo.

Se resalta que la preocupación principal de debatir esta autógrafa, que habilita un bono de reconocimiento para el traspaso del sistema de pensiones público al privado, es la creación de déficits a futuro, los cuales afectarían seriamente a los jóvenes aportantes.

Actualmente hay 16 partidos políticos que podrían postular en los próximos comicios electorales. Cabe resaltar que 3 nuevas agrupaciones se incluyen a esta lista luego de que el órgano electoral aprobara satisfactoriamente su inscripción. Mientras tanto, el APRA aún no consigue formalizar su participación.

Decisión, que deberá ser debatida y aprobada en el Pleno del Congreso, generó preocupación pues podría provocar que la empresa pierda altas sumas de dinero si no se toman en cuenta diversos parámetros.