El Congreso es la punta del iceberg, por José Ignacio Beteta

El reportaje de Punto Final que reveló que el Congreso ha gastado S/ 906 millones en planillas (por lo menos) duplicando su presupuesto de personal en cinco años, con bonos mensuales, semestrales y hasta 100 soles diarios por alimentación (indigante, a todas luces), es solo la punta del iceberg.

Esa cifra, por escandalosa que parezca, es apenas el síntoma de un problema mucho más grande: el grueso del despilfarro estatal no está en el Legislativo, con sus 130 congresistas (ahora serán 190), sino en el Poder Ejecutivo, donde 19 ministerios, decenas de organismos adscritos, programas presupuestales duplicados, gobiernos regionales, provinciales y locales poco transparentes y miles de contratos CAS y de locación de servicios rara vez aparecen en un titular de prensa dominical. No llegamos a calibrar la cantidad de dinero del contribuyente que se va en planillas y gastos burocráticos. El Estado es una agencia de empleos y de empleos inútiles, en su mayoría.

Mientras el Congreso ha sido sometido a fiscalización constante, y con razón, la maquinaria del Ejecutivo opera con menos escrutinio: asesores que se multiplican de gestión en gestión, cargos de confianza que responden a cuotas políticas antes que a mérito, programas sociales con altos costos administrativos y baja ejecución, y una rotación de funcionarios que impide evaluar resultados con seriedad.

Si 906 millones en planillas del Legislativo indignan, cabe preguntarse cuánto asciende la cifra equivalente en el conjunto del aparato ejecutivo, casi con certeza muchísimas veces mayor, diluida entre cientos de pliegos que ningún programa dominical audita con la misma facilidad. La punta del iceberg no es el problema: es la señal de que hay que mirar debajo del mar. Y aquí entra Keiko Fujimori.

Como presidenta electa, hereda no solo el cargo más poderoso del país, sino también su responsabilidad más urgente: ordenar la casa que va a dirigir. No hablo de un gesto simbólico ni de un discurso de austeridad el día de la inauguración. Hablo de una auditoría real y pública del gasto en planillas, asesorías y contratos de todo el Ejecutivo, con los mismos estándares de transparencia que hoy se exigen al Congreso. Si su gobierno no empieza por ahí, cualquier promesa de reactivación económica o de lucha contra la corrupción sonará hueca frente a un aparato estatal que sigue premiando la cercanía política antes que la eficiencia.

Este no es solo un asunto fiscal: es moral. Un país donde miles de familias no acceden a agua potable, donde la anemia infantil sigue sin resolverse y donde los hospitales carecen de insumos básicos no puede sostener una burocracia que se contrata a placer y se autoasigna bonos sin que nadie rinda cuentas. El primer deber moral de la próxima presidenta no es negociar bancadas ni repartir carteras ministeriales: es demostrar, con hechos verificables desde el primer día, que el dinero de los contribuyentes sirve a los peruanos y no a quienes lo administran.