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Supervisión de las ONGs: Congreso aprueba dictamen para fortalecer funciones de la APCI

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un dictamen que propone reforzar las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La finalidad es mejorar la supervisión de a qué actividades destinan los recursos monetarios las ONGs.
Gabriela Llontop Publicado 10:30 am, 27 Junio, 2024

Se dio el primer paso para fortalecer la supervisión de las ONGs. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un dictamen que propone reforzar las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) con la finalidad de supervisar y fiscalizar a qué actividades destinan sus fondos las organizaciones no gubernamentales.

El objetivo de la norma es contribuir con la transparencia y mejorar la supervisión de la ejecución del dinero recibido por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional, el cual proviene del bolsillo de los contribuyentes de países como Alemania, Estados Unidos, Japón, España, entre otros. Durante la última década, se destinaron cerca de US$400 millones anuales de la Cooperación Técnica Internacional, siendo el 60% ejecutado por las ONGs.

La mayoría de ONGs destinan sus fondos a actividades sociales, sin embargo, existen otras que destinan recursos para fines políticos, campañas de odio y para petardear la inversión privada. Todo esto, sin emitir reportes. La iniciativa tiene detractores como el periodista Marco Sifuentes, quien afirmó que la ley busca “someter a las ONGs”, y el Instituto de Defensa Legal (IDL), el cual emitió un comunicado asegurando que la norma afecta seriamente la lucha contra la democracia y los derechos humanos.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la medida y aseguró que la propuesta es viable. Por su parte, la Asociación de Contribuyentes señaló que esta norma contribuye con la transparencia, pues así se conocerá para qué usan el dinero las ONGs, si es para actividades sociales en beneficio de la población o para ejecutar prácticas que puedan alterar el orden público.

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Gabriela Llontop Periodista y redactora

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