TC pone freno a las leyes con gasto sin respaldo y exige sustento fiscal al Congreso

El Tribunal Constitucional (TC) fijó un nuevo límite a la iniciativa legislativa en materia de gasto público. A partir de esta sentencia, el Congreso no podrá aprobar leyes que generen nuevas obligaciones para el Estado sin demostrar previamente cómo serán financiadas y sin una evaluación técnica de su impacto sobre las finanzas públicas.

El fallo reconoce la preeminencia del Poder Ejecutivo en la conducción de la política fiscal y establece criterios de cumplimiento obligatorio para toda iniciativa que implique gasto. En adelante, los proyectos deberán identificar la fuente de financiamiento —ya sea mediante nuevos ingresos o la reasignación de recursos—, contar con un informe de sostenibilidad fiscal elaborado por el órgano técnico del Ejecutivo antes de ser dictaminados en comisión y coordinar su implementación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La decisión busca corregir una práctica que se volvió frecuente durante los últimos años: la aprobación de normas con alto costo fiscal sin una evaluación suficiente sobre su sostenibilidad. Según las estimaciones presentadas en el proceso, solo dos leyes de impacto permanente concentran un costo superior a S/ 16.500 millones anuales. Se trata del incremento del FONCOMUN (Ley 32387), con S/ 8.500 millones por año, y de la ley que incrementa las pensiones de los docentes (Ley 32581), con S/ 8.010 millones anuales. En conjunto, ambas representan alrededor del 1,4% del PBI.

Las cifras son aún mayores en las medidas de carácter transitorio. La actualización del bono de reconocimiento de la ONP (S/ 40.856 millones), la bonificación por clases para docentes (S/ 40.561 millones) y el nuevo régimen de pensiones militar y policial (S/ 46.076 millones) acumulan más de S/ 127.000 millones en obligaciones fiscales. De acuerdo con las estimaciones, el costo transitorio total de las leyes aprobadas entre 2021 y 2026 equivale aproximadamente al 11% del PBI de 2025.

Las iniciativas de mayor impacto fueron promovidas por congresistas de distintas bancadas. Entre ellas figuran proyectos presentados por Fuerza Popular, como la actualización del bono de reconocimiento de la ONP y otra propuesta vinculada a ese sistema previsional, así como iniciativas impulsadas por Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Partido Morado. En ese sentido, el problema identificado por el TC trasciende a una organización política en particular y apunta a una práctica recurrente del Congreso.

Con esta sentencia, el Tribunal introduce un nuevo estándar de responsabilidad fiscal: antes de crear una nueva obligación para el Estado, deberá demostrarse que existen los recursos para financiarla sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. El siguiente desafío será comprobar si el Congreso adapta su forma de legislar a estas nuevas exigencias.