Declive de la carrera magisterial: expertos critican retorno de profesores cesados

Con 92 votos a favor, el Congreso probó el dictamen observado por el Ejecutivo que permite el acceso de manera inmediata a la Carrera Pública Magisterial alrededor de 14,000 maestros interinos cesados por la aplicación de la Resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU. Este grupo de profesores no podía ejercer la docencia mediante nombramiento, debido a que no aprobaron la prueba de conocimientos. Es decir, no cuentan con las capacidades técnicas necesarias para impartir clases a niños y adolescentes.

Según advirtieron diversos expertos y entidades públicas, la decisión vulnera el principio de meritocracia y perjudicará a decenas de estudiantes en todo el territorio peruano. Cabe precisar que, según UNICEF, los alumnos en Perú registran un retroceso educativo de 10 años tras la pandemia del COVID-19

EXPERTOS OPINAN

El especialista en gestión de estrategias educativas, Paul Neira, calificó la decisión del Congreso como un “acto de profundo desprecio por la educación, la calidad de docentes y a los estudiantes”. En junio de 2023, el experto aseguró para Vigilante.pe que la publicación de esta norma demuestra que “este Congreso (está) jugando en paralelo con el gobierno de Pedro Castillo. Estamos viendo una red de clientelaje que debilita profundamente los esfuerzos del Ministerio de Educación”.

Por su parte, el abogado especializado en derecho público, José Naurapi, criticó la norma, debido “una muestra más de la poca, si no nula importancia al principio meritocrático, al principio de igualdad, al propio derecho a la educación, que es a su vez, un servicio público que debería ser de calidad”. En la misma línea, la congresista No Agrupada y exministra de Educación, Flor Pablo,  se pronunció al respecto y afirmó que con esta “Ley inician la destrucción de la meritocracia establecida en la Ley de Reforma Magisterial y abren la puerta a los nombramientos automáticos, sin pensar en los maestros que han ganado una plaza con esfuerzo”.

La educadora y CEO de MásEducaciónPe, Carla Gamberini, señaló meses antes que “sabemos que tenemos una carencia de docentes, pero ese no es motivo para incorporar gente a como dé lugar. Se debe reformular una propuesta que no vulnere el derecho de los estudiantes y que tampoco vulnere el derecho de docentes que llevan años preparándose”.

ENTIDADES PIDEN RECONSIDERACIÓN DE LA NORMA

Tras la aprobación del proyecto de ley en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y su posterior votación en el Pleno, instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, la cual señaló que la autógrafa representa el “desconocimiento del principio de mérito y capacidad en el marco de la carrera pública magisterial, así como una amenaza de vulneración al derecho a recibir una educación de calidad y un incumplimiento del Estado de su obligación de respetar este derecho”.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) también emitió sus descargos y afirmó que la norma “no cumple con el principio fundamental de incorporación en la administración pública, que es la incorporación mediante concurso público de méritos. (…) El proyecto de Ley contravendría el principio de legalidad previsto en la Constitución Política del Perú, pues pretende que mediante la aplicación ultractiva de la Ley 24029, modificada por Ley 25212, se restituyan derechos laborales.” Asimismo, en el documento remitido a la referida Comisión, la entidad señaló que esta propuesta podría demandar mayores recursos del Tesoro Público.

En la misma línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que la incorporación de docentes al magisterio representa un “costo diferencial estimado (…) de S/ 538 051 895,88. De acuerdo con el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, las iniciativas legislativas no pueden contener propuesta de creación ni aumento del gasto público”. En su momento, el director global de educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra, resaltó que, si bien se requiere de mayor presupuesto, no se pueden pagar más salarios si estos no representan mayor productividad y calidad educativa. “Se tiene que hacer lo más eficiente posible esa inversión. Necesitamos dos cosas, más inversión en educación, pero esa inversión debe asegurar una mejor experiencia para el niño en la escuela”.