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Tercerización: Gremios y sindicatos piden que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo

La Comisión de Economía del Congreso convocó a las partes implicadas para conocer sus posturas en torno al decreto supremo que prohíbe este mecanismo de contratación que el gobierno aprobó sin diálogo ni consenso social. Debate duró tres horas y se logró confluir en 10 puntos que se abordarán en otras mesas de trabajo.

Presidenta de la Comisión de Economía adelantó que se convocará a más mesas de diálogo sobre tercerización.

La Comisión de Economía Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, presidida por la parlamentaria fujimorista Rosangella Barbarán, realizó una mesa de trabajo para recoger las posturas de gremios empresariales y sindicatos sobre la regulación de los servicios de tercerización laboral aprobada por el Decreto Supremo 001-2022-TR, que prohíbe el uso de este mecanismo legal de contratación en actividades “nucleares” y complementarias de un negocio.

En la mesa estuvieron presentes Gerónimo López Sevillano, de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú; Mario Pasco Lizarraga, presidente comisión laboral de la Cámara de Comercio de Lima; Alonso Villacorta, vicepresidente de la Asociación de empresas de tercerización y trabajo temporal del Perú; Fabio León Leca, presidente de la Asociación peruana de operadores portuarios; Carlos Bernal, gerente de la Asociación de contratistas mineros; Ana María Choquehuanca, presidente de la Asociación de gremios de pequeña empresa; y Paola Aliaga, secretaria de la Central Autónoma de trabajadores del Perú, entre otros.

Barbarán recordó que el grupo de trabajo tuvo mesas de diálogo con Silvia Monteza, de Acción Popular, donde también se abordaron los efectos económicos y  laborales de la cuestionada norma.

“Se sustentó las observaciones sobre el decreto supremo que no genera mejora en los derechos laborales que se anhelan y tiene efectos negativos en el corto plazo sobre crecimiento económico y el empleo formal. Además, constituye una manipulación ajena al estándar internacional, restringe la asignación de recursos, la transferencia tecnológica y los encadenamientos productivos al limitar la mejora de productividad que permita la especialización. Genera contingencias laborales en el sector privado deteriorando la eficiencia, calidad y precio provisto por el Estado”, explicó la parlamentaria.

Desde el ámbito constitucional y legal, se remarcó que es una medida que contradice conceptos de la propia Organización Internacional del Trabajo, puesto “que no prohíbe” la tercerización laboral. “Así mismo, los fundamentos del DS no comprobamos como la de combatir el fraude, proteger la igualdad remunerativa y no afectar los derechos colectivos, han sido desestimados por el TC”, agregó.

Se tuvo en cuenta que el decreto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) fue publicado sin la aprobación del Consejo de Ministros y sin que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo, el foro de deliberación donde están representados trabajadore y empleadores, como exige la ley vigente.

Además, la norma fue declarada como una barrera burocrática por el Indecopi ya que “afecta la legalidad y la jerarquía normativa del principio de seguridad jurídica, atenta contra la libertad de empresa e intangibilidad contractual”.

IMPACTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

También se señaló el impacto negativo de prohibir la tercerización en empresas estatales que proveen servicios públicos, como Sedapal, que tiene 7,400 personas que realizan tercerización.

Su incorporación en la planilla generaría un costo adicional de 524 millones de soles lo que generaría una desviación de recursos financieros, desfinanciando proyectos de inversión dirigidas a servicios públicos”, acotó Barbarán.

A ello se suman las empresas públicas de distribución eléctrica, que han impuesto medidas cautelares para impugnar la aplicación de la normativa.

LAS POSTURAS

Gerónimo López Sevillano, de Central Unitaria de Trabajadores del Perú, sostuvo que “la tercerización es un tema normado e ideado para que las empresas puedan desarrollar temas en momentos en que estaba vigente una política flexibilizadora que daba prerrogativas a las empresas que han hecho abuso de las relaciones laborales”.

“Esta tercerización es usada para evadir responsabilidades laborales de las grandes empresas, no de las pequeñas. Además buscan encubrir las relaciones entre las micro  y pequeñas empresas que son incorporadas para beneficiar a las grandes empresas, porque el tema central es con ella, puesto que son las que tercerizan en sus diversas actividades”, dijo.

“Esta temática no puede ser así, a diestra y siniestra, sin ninguna decisión. Por eso se agendó por unanimidad en el Consejo Nacional del Trabajo que ahí se debe discutir. Confiep ha consensuado con nosotros que tiene que ir ahí. El problema no es con las tercerizadoras, porque ellas tienen el problema que incumplen con los derechos porque la empresa principal les obliga para justificar sueldo irrisorios y así hacen posible que incumplan derechos humanos, que no haya libertad sindical, no haya negociación colectiva, no haya mecanismos de diálogos en ellas”, agregó.

Finalmente, López solicitó que el “Congreso impulse el diálogo social en el país y lleve el tema de la tercerización al CNT, donde los trabajadores y empresarios debatamos ahí. Lo que allí se resuelva lo podamos traer acá, en su momento”.

Por su parte, Paola Aliaga, secretaria de la Central Autónoma de trabajadores del Perú, explicó que desde hace 15 años existe el régimen de tercerización de actividades principales sin límite alguno.  

“Se podía tercerizar todas las actividades de la empresa incluyendo su núcleo de negocio, a pesar que la propia ley 29245 lo prohibía. Bajo ese marco, los trabajadores y organizaciones sindicales nos hemos visto seriamente afectados por diferencias salariales, seguridad y salud entre los trabajadores de las empresas principales y contratistas, lo que violenta el principio de a igual trabajo igual remuneración. A nivel colectivo, a los tercerizados les es más difícil ejercer su derecho a formar sindicatos y si lo logran su afiliación disminuye debido a que los empresarios la no renovación de contratos con empresas terceras”, alegó.

En tanto, el presidente comisión laboral de la CCL, Mario Pasco Lizárraga, señaló que los gremios que integran la cámara “tienen una posición especial en el ámbito laboral, ya que es un gremio que agrupa a empresas de todo tipo”. En esa línea, abordó tres puntos como sustento al pedido de que el Congreso “tome cartas en el asunto y deje sin efecto el DS, dejando el escenario como estaba antes para que se discuta de manera amplia”.

El primero es que el DS está descaminado. Se requiere un balance es necesario proteger a los trabajadores con derechos, beneficios y mejoras, pero también es necesario que haya empresas en las que haya puestos de trabajo y puedan desarrollarse. Las afectaciones son por informalidad e incumplimiento directo de las normas. Lo que dice el DS sobre esos dos problemas es cero, no va a hacer que haya menos incumplimientos sino por el contrario va a empeorar la posibilidad de que se creen empleos formales de empresas que vayan contratando con empresas grandes y para que en esa cadena actúen de manea correcta”, explicó Pasco.

Como segundo punto, sostuvo que hay necesidad de poner requisitos y limites, pero no prohibir. “La intervención del Estado para que los empresarios puedan acceder a negocios es ilegitima. Es dañino, no son las grandes empresas las afectadas pues se adecuan, las que sufren son las terceras, las que dan el servicio”, acotó.

En tercer lugar, remarcó que “la intervención del Ejecutivo debe ir encaminada a que se creen empresas, no a prohibirlas y a buscar que se creen empresas de trabajo”.

Desde el Ejecutivo, el director de promoción y protección de los derechos fundamentales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Daniel Siguas Hernández, afirmó que “el reglamento que estaba vigente desde el 2008, que habilitaba en la practica a que una empresa tercerice todas sus actividades, motivó el uso irrestricto de la tercerización laboral con la sola condición que la contratada tenga autonomía empresarial generaba una situación de adecuación a importantes derechos laborales como libertad sindical, seguridad salud, igualdad salarial y estabilidad en el empleo”.

PUNTOS POR ABORDAR

“Quedo gratamente sorprendida porque de las exposiciones existen muchas similitudes en sus pedidos. Por un lado, escuchamos a la parte de los trabajadores que no se busca eliminar la tercerización sino que esta evidentemente no incurra en daños o abusos al trabajadores. Por otro lado, hemos escuchado, por parte de uno de los espacios de los trabajadores, que se tenía en agenda debatir la Ley de Tercerización en el CNT, pero no se dio y ahora nos vemos en esta situación”, dijo la presidenta de la Comisión de Economía en el sentido que, a pesar de las posturas diferentes, logró detectar puntos en donde las partes confluyen y que servirán como punto de partida para profundizar el tema.

No se trata de enfrentar al empresario y trabajador cuando ambos son eje modular del desarrollo del país. Han existido empresas mercantilistas que han petardeado el intento de parte de las buenas empresas y de los trabajadores para ponerse de acuerdo”, agregó.

Así, tras tres horas de conocer las diferentes posturas, Barbarán concluyo en que existen 10 pedidos que abordar en adelante:

  1. Debatir la Ley de Tercerización en el Consejo Nacional del Trabajo.
  2. Que haya cambios a favor del trabajador y de la empresa.
  3. Verificar las leyes antilaborales para el desarrollo de un país con justicia social
  4. La actividad de tercerización debe existir, pero debe estar regulada.
  5. Solicitud la derogación del DS, con el compromiso de que se tenga una decisión de ambas partes.
  6. Solicitud de la no derogación del DS pues sería atentar los beneficios que esta brinda.
  7. Abordar el Código de Trabajo.
  8. Empoderar Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
  9. Reforma de la legislación laboral.
  10. Abordar la Ley Mypes.

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