Julio Velarde, del BCR, cuestiona la “Nueva Ley de Industrias”

El congresista José Enrique Jeri, de Somos Perú, presentó ante el Congreso la iniciativa legislativa de la “Nueva ley de industrias”, el cual carece de una estructura que explique el impacto económico de estas medidas. Por ello, a pedido de la Comisión de Producción del Congreso, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, envió su opinión y aseguró que “las medidas de política de impulso sectorial, requieren primero identificar las externalidades potenciales específicas de cada sector y contar con una estrategia de cómo abordarlas, las cuales deben superar el análisis costo – beneficio”.

“Dada la amplitud de medidas que, a su vez, abarcan varios sectores productivos, consideramos que se requiere una mayor discusión y gradualidad con evaluaciones progresivas de intervenciones específicas. Más aún, cuando medidas similares no han tenido el impacto deseado en promover el desarrollo del país, y pueden afectar la capacidad del gobierno en atender otros determinantes del desarrollo, como aquellos vinculados al capital humano a través de la educación y la salud”, advirtió Velarde.

De acuerdo a lo señalado en el proyecto, las reformas dentro del sector permitirían, por ejemplo, la exoneración temporal del impuesto predial para el incentivo de desarrollo de parques industriales, la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto a la Renta (IR) y las tasas arancelarias a las importaciones de bienes e insumos productivos, el descuento de hasta el 70% del IR para sectores estratégicos que reinviertan el 20% de sus utilidades netas, beneficios tributarios de deducción mensual del 25% de la remuneración pagadas a trabajadores con maestría y/o doctorado, entre otros.

ESTO DICE EL BCRP

Si bien esto resulta sumamente atractivo en el papel, la entidad que preside el economista Julio Velarde envió un oficio ante la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas para manifestar su insatisfacción con las medidas dispuestas en el proyecto de ley. En primer lugar, el BCRP criticó la falta de plazos para aplicar las exoneraciones planteadas, así como la falta de análisis que demuestre la efectividad y sostenibilidad de estos beneficios tributarios en el tiempo.

Asimismo, también mencionó que algunos de los beneficios propuestos en el archivo han demostrado no ser eficaces. Tal es el caso de las medidas de promoción de inversión en la Amazonía que llevan vigentes desde 1998 o las exoneraciones tributarias en zonas alto andinas, las cuales fueron aprobadas en 2010.

Respecto a la creación del Fondo de Desarrollo Industrial (FDI), este comprometería los recursos fiscales del país, incluso, cuando ya existen montos máximos asignados a créditos para los empresarios y trabajadores del sector. Por otro lado, el trato preferente a compañías que utilicen materias primas e insumos nacionales podría constituir “un trato discriminatorio en contraposición a las empresas que utilizan bienes extranjeros. Dicha discriminación podría resultar en tensiones comerciales y cuestionamientos legales”.

En el caso de permitir que las empresas obtengan una suerte de privilegios por contratar a personal con títulos de maestría y doctorado, el BCRP advierte que esto podría perjudicar a aquellos trabajadores que no cuentan con estudios especializados. El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, comentó a Vigilante.pe que esta medida abre paso a la corrupción de títulos universitarios y falsificación de documentos. Además, esta ley “promueve que el Estado, con el dinero de los contribuyentes, garantice créditos al sector privado, pese a estar prohibido”.

De igual manera, se mostró en contra de los beneficios de exoneraciones tributarias, pues se ha demostrado que no funcionan y que, por el contrario, no generan formalidad ni inversión privada. Esta propuesta también promueve que los gobernadores regionales tengan total potestad sobre la aprobación de exoneración de impuestos, lo cual es sumamente perjudicial para los contribuyentes y emprendedores que intentan ingresar al mercado regional, debido a que incentiva el mercantilismo y, por supuesto, irregularidades o la comisión de delitos que generan perjuicio económico al Estado.