MTPE amenaza a quienes buscan anular norma que prohíbe tercerización laboral

Ministerio de Trabajo dice que recurrirá a la vía penal y disciplinaria para defender decreto que restringe este mecanismo de contratación, medida que, de entrar en vigencia, provocaría la pérdida de al menos 114 mil empleos formales. Un proyecto de ley del Congreso busca derogar la norma.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) amenazó con tomar acciones contra quienes busquen derogar o afectar el Decreto Supremo 001-2022-TR, aprobado en febrero pasado, en la gestión de la censurada ministra Betssy Chávez y que prohíbe la tercerización laboral en las áreas del núcleo del negocio.

El MTPE incluso aseguró que recurriría a la vía penal contra los funcionarios que otorguen medidas cautelares u otros recursos, en evidente alusión a los magistrados del Poder Judicial, donde ya se han presentado las primeras demandas contra la norma que, de no derogarse, entrará en vigencia el 22 de agosto próximo.

En un comunicado, el referido sector aseguró no “descartar drásticas acciones en la vía penal y disciplinaria para responder a los funcionarios que se involucren en otorgar indebidamente medidas cautelares o similares, además de los recursos del ámbito civil y constitucional”.

El pronunciamiento del MTPE se produce en un contexto en el que el Congreso busca derogar el referido decreto que limita la tercerización, mecanismo legal que en 2020 dio trabajo formal a más de 240 mil personas, en plena pandemia, y sirve como “palanca para que las pequeñas empresas puedan generar más empleos”, refirió la Unión de Gremios del Perú.

De aplicarse la medida, que no solo carece de sustento técnico sino que además tendrá un impacto negativo en la reactivación económica, empleabilidad y productividad del país, pueden quebrar unas mil empresas y se perderían hasta 114 mil empleos formales, 71 mil en las mypes y 43 mil en las grandes empresas, según un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú.

Pero además el decreto del Ejecutivo es inconstitucional, subrayó el abogado laboralista Jorge Toyama, al explicar que la ley de tercerización laboral sí permite tercerizar actividades nucleares. “Con el cambio en el reglamento ya no se permite. Un reglamento no puede ir en contra de la ley, esto es ilegal. Además la ley ya fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Se está afectando el derecho a la libertad de empresa y la libertad de contratación”, sostuvo.

En el caso de una acción de amparo, Toyama explicó que este recurso judicial busca evitar la aplicación del cambio normativo solo para la empresa demandante. “El caso lo verá primero un juez constitucional, y podría tardar en resolverlo entre dos a tres meses, según el nivel de la carga procesal”, refirió, al agregar que, en segunda instancia, el caso pasaría a la Corte Suprema y en última instancia podría llegar al Tribunal Constitucional (TC).

El experto precisó que no se puede interponer directamente una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, porque esto solo aplica para leyes y aquí se cuestiona un decreto supremo, una norma de menor rango.

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