¿Qué está pasando entre la JNJ y el Congreso?: argumentos y reacciones de la investigación contra esta institución

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso se vienen enfrentando tras la decisión del Parlamento de aprobar investigar a los 7 miembros de la Junta, pedido que fue interpuesto por la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, basándose en que los miembros de la institución habrían faltado a sus funciones al emitir un pronunciamiento sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. También se afirma que algunos de sus miembros habrían pasado el límite de edad para ejercer la función.

La medida parlamentaria alcanza a la titular de la JNJ, Imelda Tumialán, y los magistrados Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.  Ahora, será la Comisión de Justicia la encargada de evaluar lo ocurrido, mientras que la JNJ tiene 14 días hábiles para presentar un informe que detalle el caso y para deslindar de las responsabilidades.

Esta situación es atizó las posturas políticas, debido a que el sector de la izquierda considera que esta medida rompe el equilibrio de poderes, mientras que desde el otro bando se considera parte del control político del Congreso. En ese contexto, Tumialán afirmó que esta investigación generaría impunidad y sería grave para el país.

“Se nos atribuye que hemos presionado al presidente del Poder Judicial, pero no hay ningún indicio que amerite ello. Entonces, creo que todos los ciudadanos se preguntarán por qué a la Junta quieren removerla. Y la respuesta es esa, se buscaría la impunidad, porque la Junta selecciona a los jueces y fiscales del país y porque también designa al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil”, precisó la magistrada.

Además, se sumaron los pronunciamientos de la Unión Internacional de Magistrados, de las Naciones Unidas, Partido Morado, Transparencia y la Facultad de Derecho de la PUCP.

POSTURAS

En defensa de la decisión, el congresista Alejandro Cavero afirmó que la “JNJ viene incumpliendo la Constitución y su mandato por años. Sus integrantes están parcializados, al punto de buscar blindar a Zoraida Ávalos. El Congreso sí puede ejercer control político para salvaguardar la institución y mejorar la elección de jueces y fiscales para el beneficio de todos los peruanos”.

Por su parte, el legislador Alejandro Muñante criticó el pronunciamiento de la ONU al afirmar que “la investigación a la JNJ es una afectación a la separación de poderes, ya que en su afán colonialista no repararon siquiera en leer nuestra Constitución y darse cuenta de que la JNJ no es un poder del Estado y que el Congreso sí puede investigar a sus miembros y removerlos de sus cargos por causa grave”. “Tiembla la cofradía caviar”, agregó. En ese punto, es necesario precisar que el artículo 157 de la Constitución establece que el Parlamento puede remover, con 87 votos, a los integrantes de la JNJ por causa grave.

La exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, de Avanza País, sostuvo que por la “salud” de las instituciones democráticas que administran justicia en Perú, siempre es necesario evaluar sus acciones y decisiones.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, solicitó al Congreso “que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la Judicatura y respeto al equilibrio de poderes”.

El congresista Jaime Quito aseguró que se trata de una “persecución política”, mientras que Ruth Luque, de Juntos por el Perú, afirmó que este proceso “viola flagrantemente la Constitución”. En tanto, Iván Lanegra, criticó la decisión porque, pues el “Congreso está usando figuras excepcionales con absoluta irresponsabilidad”. “Se apoyan en que siguen caminos formales, pero yendo en contra de principios democráticos esenciales”, sentenció. En tanto, Sigrid Bazán presentó una reconsideración a la decisión del Congreso. “¡No se puede seguir destruyendo de esta manera la autonomía de las pocas instituciones democráticas que quedan en nuestro país!”, dijo.

Por su parte, la economista Elena Conterno afirmó que se busca la destitución de todos los miembros de JNJ, por haber osado contradecir al Congreso, atentaría contra separación de poderes. “Se debe retroceder. Lamentable que partidos políticos y congresistas cada vez actúen menos por principios y bienestar ciudadano”, zanjó.