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Iván Alonso sobre la Nueva Ley de Industrias: “Es una involución de 30 años. Es una mala ley”

El economista cuestionó que la ley busque privilegiar el tratamiento a las empresas nacionales: “Es una pésima idea porque nos lleva a un mal uso de los recursos públicos. Los impuestos que se recaudan debe usarse de la mejor manera posible para conseguir el mayor valor que se pueda por el dinero que se gasta”.
Redacción Vigilante Publicado 9:59 am, 3 Noviembre, 2023

Tras la presentación de la iniciativa legislativa que promueve una “Nueva Ley de Industrias”, la cual plantea un paquete de reformas públicas que “benefician” a nivel tributario a empresas del sector con exoneraciones y bonificaciones, expertos en materia económica se pronunciaron al respecto para comentar cómo este proyecto de ley pone en jaque el crecimiento de Producto Bruto Interno (PBI) nacional, pues no incentiva la formalidad laboral ni la inversión privada en regiones.

Es esencial conocer los detalles de esta iniciativa y por qué puede ser dañina para el país. Por eso, la Asociación de Contribuyentes del Perú realizó un conversatorio donde participó el reconocido economista Iván Alonso, quien detalló lo negativo de la ley y aseguró que promoverla es una “involución de 30 años”.

“Lo que busca es renta para algunos industriales. Debería descartarse y no reemplazarse por algo parecido. Es una mala ley. Es una involución de 30 años, que nos regresa a los ochenta o, incluso, a los setenta con beneficios tributarios, con incentivos de todo tipo para una gran cantidad de sectores, más sus clientes y proveedores. Es una de las peores leyes que se ha propuesto en muchos años”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que de un sector político se use la “recesión” como argumento para respaldar la ley. “La salida de la recesión es una excusa para la ley. Es una aparente justificación. Es una ley que todavía va a aprobarse y que si sucede tendrá efectos en uno o dos años. Entonces es claro que no nos va a sacar de la recesión, pues esta terminará antes. Además, es una ley que busca ser efectiva en promover un incentivo a la industria, pero a costa de otras actividades. No crean valor, sino que la destruyen”, agregó.

Cabe mencionar que uno de los puntos de la ley busca privilegiar el tratamiento a las empresas nacionales, por ejemplo, en procesos de contratación pública. “Es una pésima idea porque nos lleva a un mal uso de los recursos públicos. Los impuestos que se recaudan debe usarse de la mejor manera posible para conseguir el mayor valor que se pueda por el dinero que se gasta”, añadió.

En tanto, sobre el enfoque territorial de la ley que se presenta como solución, Alonso remarcó que es “mala idea”. “Uno puede decir que en una zona se puede hacer por actividad, peor qué sucede si se descubre nuevos recursos. La economía es dinámica, entonces hablar de territorio no es el criterio adecuado para guiar a dónde debe estar la inversión”, dijo.

Otro punto es la banca de fomento que se impulsa en la ley. Sobre ello, el economista insistió que no es un buen uso de los recursos públicos, dar ese tipo soporte o facilitar el crédito a actividades que no pueden conseguirlo en un mercado financiero competitivo. “Tenemos un mercado financiero que ha crecido mucho, los volúmenes de empresa de todo tamaño y tipo se han multiplicado. ¿Por qué tenemos que insistir con garantías estatales para financiar negocios que, tal vez, no sean prometedores?”, acotó.

Sobre la amplitud de la ley, Alonso alertó que “cuando son tantos los sectores, los incentivos a un sector y al otro se canibalizan entre ellos, se anulan. Esta proliferación de beneficios que hacen inmanejable la política fiscal, es casi imposible calcular el efecto neto de todos estos beneficios”.

Finalmente, sobre la propuesta de devolverle el 25% de los impuestos prácticamente a cualquier empresa con tal que contraten doctores o magíster, y el 50% de los impuestos a las MiPymes que contraten a personal con estos grados académicos, señaló que no hay motivo para dicha devolución porque “esos profesionales, presumiblemente, están generando para las empresas más valor de los que se les paga. Sus empleos deberían justificarse por sí mismo sin necesidad de una devolución de impuestos. A la larga, esto también generaría es una incentivo para que cualquiera sea doctor, y tenemos tantas universidades rigurosas en el otorgamiento de títulos que en pocos años seremos un país de doctores”.

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