Alejandro Narváez fue retirado de la dirección de la petrolera estatal en medio de una deuda creciente y pérdidas millonarias. El cambio abre interrogantes sobre el futuro de la empresa y la gestión de la nueva ministra.

En un contexto de baja confianza y con solo nueve meses de gestión por delante, la nueva ministra de Economía enfrenta el desafío de recuperar la estabilidad fiscal sin aumentar impuestos.

Entre 2022 y 2025, Petroperú recibió más de US$ 6,200 millones en rescates estatales. Expertos advierten que estas medidas no solucionan la crisis estructural de la empresa y solo aumentan el costo fiscal para los contribuyentes.

Más de 93 mil millones se destinan a sostener al personal estatal y poco más de 50 mil a proyectos de infraestructura. ¿Esa es la prioridad de un país con déficit fiscal y servicios colapsados?

La reforma del Sistema Integral Previsional obliga desde 2028 a los trabajadores independientes con rentas de cuarta categoría a contribuir al ONP o AFP con tasas crecientes. Expertos advierten que sin un rango de edad el aporte puede resultar en cargas fiscales mayores, precarizar el trabajo al desalentar la formalización y trasladar el costo de las pensiones al contribuyente.

Desde 2028, los independientes deberán aportar de manera obligatoria entre 2 % y 5 % de sus ingresos a las AFP. Aunque el reglamento promete una pensión mínima de 600 soles, los requisitos son tan estrictos que muchos nunca accederán, mientras las AFP aseguran más fondos y el Estado asume el costo.

El Congreso aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas, pero las observaciones del Ejecutivo limitaron el rol de ProInversión, dejando al MEF como ente rector. Expertos y técnicos señalan que la agencia especializada podría acelerar proyectos, reducir burocracia y generar mayor confianza en el mercado.

Raúl Pérez-Reyes, nuevo ministro de Economía y exdirectivo de Petroperú, asumió el cargo tras la salida de Salardi, quien se oponía a seguir financiando a la estatal.

Pese a que el ministro José Salardi, prometió no entregar un sol más a Petroperú, el MEF estaría evaluando capitalizar parte de su millonaria deuda con el Banco de la Nación, lo que, en la práctica, equivaldría a perdonar esta obligación financiera. El exministro Luis Miguel Castilla advierte que esto sería un nuevo salvataje encubierto a una empresa estatal quebrada, que a la fecha le costó más de S/S/20,200 millones a los peruanos.

El gobierno apuesta por inversión minera, Zonas Económicas Especiales y un shock desregulatorio para dinamizar la economía. Sin embargo, los expertos advierten que alcanzar la meta podría ser un desafío mucho más complejo.

El ministro José Salardi anunció medidas para dinamizar la economía y reducir la burocracia, pero la política fiscal sigue ahogando a los contribuyentes con nuevos impuestos y trabas regulatorias.

A pesar de que la minería ilegal genera un impacto económico de S/ 22,700 millones y está vinculada al incremento de la violencia en regiones como La Libertad, Arequipa y Puno, el presupuesto para enfrentarla sigue en descenso. En algunos casos, las reducciones alcanzan hasta el 50%.

En lugar de abordar las causas estructurales de la informalidad, la SUNAT ha puesto su foco en las compras en plataformas digitales como Temu y AliExpress. Mientras tanto, José Salardi asume el MEF en un contexto de creciente déficit fiscal y gasto estatal descontrolado, con el desafío de recuperar la disciplina económica del país.

A pesar de las proyecciones optimistas del MEF, las políticas fiscales actuales parecen ir en dirección contraria. Incremento de impuestos, mayores trabas burocráticas y la falta de incentivos a la formalidad cuestionan la viabilidad de un crecimiento sostenible. ¿Qué necesita realmente el Perú para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5%?

La meta de déficit fiscal para 2024 proyectada por el MEF fue de 2.2%, sin embargo, a la fecha éste indicador ya llegó al 4%. Para la economista principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Camila Costa, estos resultados son la respuesta inmediata a las decisiones poco estratégicas del gobierno, el cual dejó de gobernar con responsabilidad fiscal.

El Estado otorgó un nuevo salvataje en favor de PetroPerú por US$750 millones. Sin embargo, el Decreto de Urgencia que dispone esta medida también menciona que el préstamo que recibió la empresa en 2022 se convertirá en un “aporte de capital” y que el préstamo de US$800 millones de dólares que el Banco de la Nación otorgó a Petroperú tampoco será devuelto. 

El Estado aprobó, una vez más, un nuevo rescate financiero a favor de PetroPerú por US$750 millones. Según un análisis de la economista principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Camila Costa, la empresa estatal que mantiene una deuda por más de US$8,500 millones nos costó a los peruanos S/20,200 millones durante los últimos años.

La Asociación de Contribuyentes del Perú exhortó al Congreso de la República hacer un análisis crítico y riguroso sobre la pertinencia de crear este nuevo ministerio, debido a que representaría un costo administrativo adicional para los contribuyentes de S/169 millones, duplicidad de funciones de otras entidades y mayor burocracia que podría ahuyentar la inversión privada.

Un análisis de la Asociación de Contribuyentes reveló que el Ministerio de Infraestructura le costaría a los contribuyentes S/169 millones adicionales para gastos administrativos. Expertos sugieren que, en lugar de crear nuevos ministerios, el Estado debería reducir la excesiva burocracia y generar un entorno próspero para atraer la inversión privada.

La SUNAT creó la Central de Riesgo Tributario para calificar el perfil de empresas a nivel nacional. Según expertos, no existen estudios que revelen que esta medida mejoró el nivel de recaudación fiscal. Asimismo, el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), José Ignacio Beteta, señaló que la iniciativa es peligrosa, porque expone la reputación de las empresas y su situación financiera. 

El congresista de Somos Perú, Luis Cordero, presentó un proyecto de ley que busca derogar el Decreto Legislativo N° 1623, el cual intenta imponer el 18% del IGV a servicios digitales como Netflix, Airbnb, Dropbox, Google Drive, entre otros.

El Ejecutivo plantea incrementar el sueldo mínimo, sin embargo, un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que esta medida podría causar diversos problemas para las empresas con poca productividad y, además, podría abrirle paso a un mayor índice de informalidad.

El MEF implementará a partir de octubre el “Impuesto Netflix”, el cual aplicará el IGV a diversos servicios digitales como plataformas de streaming o servicios de alquiler de viviendas o autos. Esta medida fue catalogada como perjudicial por diversos expertos, debido a que “el impacto principal recaerá en los consumidores”.

Para evitar que el Ministerio de Economía aplique el “impuesto Netflix” a todas los servicios digitales, la Asociación de Contribuyentes del Perú inició una campaña de recolección de firmas para exigir la inmediata derogación de la norma.

En el Congreso de la República se aprobó un dictamen que propone la contratación permanente del personal CAS en el Estado. Esta medida fue criticada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera el principio de meritocracia y calidad del servidor público.

El Congreso aprobó facultades legislativas a favor del Ejecutivo en materia tributaria, lo cual permitirá que el gobierno de Dina Boluarte le imponga a los contribuyentes el nuevo “Impuesto Netflix”, mismo que no solo impone a los usuarios el pago de IGV por el servicio de streaming, sino que también podrían generar un cobro adicional por transacciones bancarias y obligaría a los consumidores a contar con estas plataformas solo si están suscritos a un plan de operadoras de telecomunicaciones.

Hoy el Congreso determinará si el Ejecutivo podrá legislar en materia tributaria. Expertos afirman que propuestas como la creación del “impuesto Netflix”, el “Régimen Emprendedor” o la autorización a la SUNAT de implementar medidas cautelares o cobros de manera coactiva y su intervención en el sistema de justicia son inviables. 

Un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que la inversión de los gobiernos locales, aquellos que dejaron de ejecutar casi S/ 123,000 millones durante la última década, es ineficiente debido a la dependencia del Gobierno Central, el déficit fiscal, enfriamiento económico y las propuestas del Ejecutivo para subir y crear impuestos.

El Minedu recibió un presupuesto de S/ 11,255 millones este 2023. Pese a ello, se identificó que el 55% de instituciones públicas a nivel nacional se encuentran en riesgo de colapso, siendo las regiones más críticas Cajamarca, Cusco y Puno.

Entre enero y marzo de 2024, el PBI agrícola registró una caída del 0.6%. En 2023, el sector cerró el año con una contracción de 4.1%, su peor desempeño en los últimos 30 años.  Según Comex Perú, el Estado necesita impulsar proyectos como Chavimochic III para reactivar la producción agrícola nacional.

Expertos se oponen a la eliminación de cobros por transferencias bancarias, debido a que atenta contra las entidades financieras. Según especialistas en la materia, el 99% de transacciones son gratuitas para los usuarios, por ello, esta medida solo beneficiaría al 1% de empresas que requieren mover grandes cantidades de dinero de manera interbancaria. 

La Comisión de Economía del Congreso aprobó la ampliación de las deducciones del Impuesto a la Renta con la finalidad de ampliar la base tributaria, promover la formalidad en diversos sectores y reactivar la economía nacional. Un análisis de la Asociación de Contribuyentes asegura que la medida es positiva, pero que no cumplirá sus objetivos si no se complementa con una verdadera reforma tributaria.

El MEF plantea eliminar el Régimen Especial a la Renta y el Registro Nacional de Micro y Pequeñas Empresas para crear el “Régimen Emprendedor”. Sin embargo, esto colocaría a las micro y pequeñas empresas a la informalidad y representa riesgos para la recaudación fiscal a nivel nacional. La Asociación de Contribuyentes analizó el pedido.

El ministro Arista, el mismo que anunció darle más financiamiento a Petroperú, le dará "salvavidas" a varias municipalidades, pero impulsa la "tasa Netflix". "Con un Estado cuya planilla crece, malgasta el dinero de inversión pública y se roba en promedio el 15% del presupuesto anual, ¿con qué derecho plantean ser más agresivos y rígidos con quienes ya pagamos impuestos?", cuestionó Beteta.

Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT esconden su afán de subirnos los impuestos detrás de medidas con títulos ambiguos, el contribuyente peruano la pasa mal.

La recaudación tributaria en la región macrosur no fue fructífera durante marzo de 2024, debido a que 5 de las 6 regiones registraron una variación negativa en el pago puntual de tributos por parte de los contribuyentes. 

¿Cómo entender el pedido del Ejecutivo para tener facultades legislativas en materia tributaria? ¿Supone un riesgo para los contribuyentes? La Asociación de Contribuyentes del Perú analizó algunas de las medidas y explicó cómo puede afectar a los peruanos. En el pedido está la “tasa netflix”, la reestructuración del Tribunal Fiscal, eliminar el Régimen Especial a la Renta (RER) y el REMYPE para crear el “Régimen Emprendedor”.

Entre enero y abril de 2024, se gastó S/25,299 millones en la pago de planillas, en lugar de invertir los recursos recaudados a través del pago puntual de tributos en la construcción de más escuelas, hospitales o carreteras. Sin embargo, ahora busca más impuestos en vez de mejorar y potenciar sus gastos corrientes.

La Asociación de Contribuyentes del Perú recomendó como primer paso modernizar la Sunat y capacitar a su personal para que actúen de manera más transparente y menos arbitraria. La propuesta consiste en que la entidad se convierta en un órgano autónomo que no dependa del MEF.

El Estado propone crear y subir las tarifas de impuestos para recaudar más fondos para el Tesoro Público. Sin embargo, el sistema de salud peruano presenta innumerables falencias como el incremento del índice de anemia infantil, la falta de medicamentos en hospitales y la escasa oferta de profesionales de salud de atención temprana.

El Estado propone la creación de nuevos impuestos para ampliar la recaudación fiscal durante el 2024, pero este dinero no retorna a los contribuyentes a través de mejores servicios públicos. Un ejemplo de ello es el sistema de educación, donde se registra una brecha de infraestructura educativa que asciende a S/164 mil millones.

El gobierno plantea elevar y crear nuevos impuestos. Según el director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, el Estado intenta ejercer una mayor presión tributaria a los contribuyentes sin antes ejecutar adecuadamente el presupuesto público y ofrecer servicios públicos de calidad. Los datos revelan que los servicios estatales no estarían cubriendo las expectativas de los peruanos.

El Estado, a través del Ministerio de Economía y SUNAT, plantea crear nuevos impuestos para elevar la recaudación fiscal en el país. Sin embargo, los servicios básicos que ofrece a cambio dejan mucho que desear, debido a que no satisfacen las necesidades de los contribuyentes. El director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, Jose Ignacio Beteta, aseguró que “no es posible que las autoridades quieran crear o subir impuestos sin impulsar la inversión pública y privada y agilizar los procesos burocráticos".

José Arista, ministro de Economía, anunció que solicitará delegación de facultades legislativas al Congreso de la República para poder regular la recaudación tributaria imponiendo impuestos a las plataformas de streaming, música por internet y alquiler de vehículos o inmuebles. Aseguró que esta medida mejorará la recaudación tributaria hasta en S/1,200 millones.

Una solución a la vista. Para afrontar la presión tributaria real y la informalidad laboral en Perú se propone adoptar el modelo Flat Tax y así colocar una tasa única a todos los contribuyentes, lo cual no solo atraería la formalización de empresas, sino que impulsará que los trabajadores se mantengan en el sector formal. 

Las empresas mineras no llegan a una región y de inmediato inician operaciones, sino que antes deben pasar por 232 procedimientos administrativos en 29 entidades públicas, lo que genera que un proyecto minero demoré años en hacerse realidad. Según un estudio del IPE, se pierden más de S/12,000 millones del PBI por el excesivo papeleo para autorizar el inicio de un proyecto minero.    

El gasto público en el Estado no suele ser del todo eficiente, debido a que el gobierno destina millonarias sumas de dinero al gasto corriente, en lugar de transferir fondos para la ejecución de obras y programas estatales. En 2024, el gobierno destinó más de S/81,000 millones al pago de salarios y consultorías.

14,000 maestros que no superaron la prueba de conocimientos necesaria podrán regresar a la carrera magisterial, poniendo en peligro la calidad educativa que recibirán los niños y jóvenes del Perú.

 La Unidad de Flexocking de la Nueva Refinería de Talara está paralizada, por lo que la instalación operará al 76% hasta junio de 2024, lo que perjudicaría el nivel de producción de combustibles. El expresidente de PetroPerú, César Gutiérrez, aseguró la situación generará menos recaudación y, en consecuencia, reduce la probabilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, se vence en junio, lo que abriría las puertas a un nuevo salvataje.

Caos en Petroperú. Unidad de Flexocking estará paralizada por varios meses generando que la Refinería trabaje solo 76%. Especialista advirtió que se mintió al Perú al decir que la Refinería de Talara trabajaba al 100% de su capacidad.

El MEF restringe el gasto excesivo en combustible, compra de vehículos, viajes domésticos e internacionales, compra de uniformes y consultorías con el objetivo de reducir el déficit fiscal a 2% este 2024.

Se reducirá el gasto en la compra de vehículos, pago de combustible, viajes al interior y exterior del país, publicidad, capacitaciones, consultorías y otros.

A los dos proyectos se suman otros 50 que suman más US$54 mil millones. Las cifras son claras. Según IPE, poner en marcha la cartera de proyectos mineros permitirá reducir drásticamente la pobreza,  generar un impacto equivalente al 226% del PBI y fomentar la generación de empleo.

PetroPerú recibió un nuevo apoyo financiero disfrazado de ampliación de garantías de capital para “asegurar el abastecimiento de combustible”. La petrolera contará con US$800 millones para asegurar la continuidad del abastecimiento de combustible y US$500 millones para ampliar la operación de endeudamiento. ¿Esto es suficiente para asegurar la rentabilidad de la empresa o el Estado seguirá malgastando el dinero de los contribuyentes? 

¿En qué momento la empresa comenzó a perder mucho más dinero del que era capaz de recaudar anualmente? Un informe nos acerca históricamente al inicio de los problemas.

Austeridad en el sector público para alcanzar meta del déficit fiscal 2024 y recuperar la confianza del sector privado. Si el titular del MEF busca recortar gastos, debería comenzar por reestructurar los sistemas de pago corriente.

José Arista, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, tiene en línea enfrentar cuatro importantes retos. Adelantó analizará una norma referida a la austeridad en el sector público para impulsar la economía. 

A pesar de los fracasos de Petroperú se afirmó que es una empresa estratégica para el Perú, pero ¿es esto cierto? Existe la expresión “Too big to fail” para referirse a las empresas que si desaparecen afectarían gravemente la economía de un país. Este no sería el caso de la petrolera estatal. Aquí te explicamos por qué.

En 2023, Perú pasó el límite de 2.4% del déficit fiscal. La solución más responsable es exigirle al Estado que reduzca planillas, elimine empresas estatales inútiles y se vuelva más austero. Urge una reflexión sobre el gasto corriente del Estado, sus planillas, y sobre si es responsable aumentar sueldos a la burocracia cuando la economía no avanza.*

La clasificadora enfatizó que “cree que se necesita más apoyo, ya que persisten altos niveles de deuda en un entorno de compresión de los márgenes de refinación”.

Expertos aseguran que la medida fue aplicada para contrarrestar los vacíos fiscales, los cuales fueron provocados ante el bajo nivel de recaudación tributaria de 2023, debido a la pésima gestión del sector. La Asociación de Bodegueros del Perú aseguró que esta iniciativa afecta a más de 535,000 bodegueros.

En 2021 la Corte Suprema - Poder Judicial acumuló más de 40,000 expedientes sin procesar. Ante esta situación se decidió crear Salas Transitorias, pero lo que debía ser algo coyuntural y extraordinario se convirtió en el nuevo status quo que podría generar graves problemas a los contribuyentes.

 Analizaremos la propuesta de “reforma tributaria” socializada por el MEF que propone reducir de 4 regímenes tributarios a 2, eliminando el Régimen Mype y RER. Esto significaría que las empresas actualmente bajo estos regímenes tendrían que adaptarse o al NRUS o al Régimen General. No hay más opciones.

Los contribuyentes financian los sueldos que se dan en el sector público y PetroPerú no es la excepción. ¿Es justo que estos funcionarios perciban altas sumas de dinero al mes a pesar que la petrolera estatal se encuentra, otra vez, con la necesidad de un multimillonario salvataje?

Indignante. A pesar del nuevo pedido, resulta preocupante que PetroPerú intente quitarse responsabilidad sobre sus fracasos al comunicar que "iniciará un plan de austeridad para reducir los gastos de la empresa este 2024". Cabe recordar que el dinero saldrá del bolsillo de todos los contribuyentes.

La minería ilegal ganó terreno. Según datos de la SBS, la actividad ilícita habría movido entre 2020 y noviembre del 2023 alrededor de US$ 2,392.5 millones. En tanto, el gobierno nacional implementó medidas para evitar que siga creciendo. 

Los gobiernos regionales y locales podrán destinar el canon para reforzar a la PNP. Las cifras señalan que solo entre enero y marzo la mayor cantidad de denuncias por comisión de delitos se produjeron en Lima (45 303), Lambayeque (10 286), Arequipa (8 966) y La Libertad (8 357).

Para reactivar la economía nacional, el Ejecutivo aplica una serie de medidas enfocadas en sectores como agricultura, textil, minería y construcción. El miembro del directorio del Banco Central de Reserva, Diego Macera, advierte que “nadie crece si no sabe a dónde va y el Perú hoy está perdido”.

Está claro que de nada sirve tener más dinero si es que no existe un Estado capaz de invertirlo eficientemente, partiendo de tener mayor institucionalidad y funcionarios preparados.

La salud mental de los peruanos le costó al Estado menos del 2% del presupuesto destinado al sector salud en 2022. La región que más dinero invierte por persona en tratamientos de trastornos mentales es Moquegua con S/58.2, mientras que el departamento que menos dinero destina al cuidado de la salud mental por cada ciudadano es La Libertad con S/8.2.

Con los seis retiros previos, se sacó de S/ 87,937 millones del patrimonio administrado por las AFP. Además, los peruanos que son del nivel socioeconómico C, D, y E tardaron 12 años en construir ahorros que llegan a S/19.800.

Los escándalos de corrupción persiguen a la petrolera estatal desde el inicio de la gestión de Hugo Chávez debido al direccionamiento de licitaciones avaladas por Pedro Castillo. En tanto, la mala gestión se recrudeció con la llegada de Humberto Campodónico.

La segunda razón  por la que una obra paraliza son los incumplimientos de contrato. Hasta junio de este año 273 obras se paralizaron por ese motivo, sumando un costo actualizado de S/8,881,813,996

¡Atención! 18 233 proyectos ya perdieron su vigencia, cuyo costo estimado de inversión asciende a los S/ 90 506 millones. Además, existen 5835 proyectos, por un costo de inversión de S/ 36 170 millones, que están en riesgo de perder su vigencia.

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que evalúa subsidiar los créditos hipotecarios. De acuerdo a la información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, 1,521 viviendas quedaron destruidas, 2,148 se encuentran inhabitables y 27,843 fueron afectadas.

Luego de varios meses de paralización y nula capacidad de gestión en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MEF usará su Reserva de Contingencia para impulsar el sector mediante financiamiento de planes de negocio, créditos para el agricultor y otros. Para ello, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) recibirán millonarias sumas.

En lo que va del año, no se logró adjudicar ningún proyecto bajo la modalidad de inversión público - privada a pesar que se tiene estimado invertir S/620 millones. En febrero y marzo se tiene prevista la misma situación, lo que afectaría a todas las regiones del país. ¿Qué está sucediendo con el mecanismo más exitoso para construcción de obras?

La sentencia dictada por el TC establece que ya no se cobrarán intereses moratorios por deudas tributarias luego de que finalice el plazo de resolución del proceso administrativo.

Cusco luce como una ciudad fantasma. Las protestas y bloqueos que realizan un grupo de protestantes ha generado la paralización total del sector turístico, comercial y económicas de la región. Se afectaron a 2000 agencias de turismo, más de 1000 hoteles y 25 comunidades rurales que dependen del turismo.

La directora de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) fue destituida sin previo aviso, pese a los logros concretos que consiguió, y el Gobierno nombró en su reemplazo a Robert López, un administrador de empresas que postuló al Congreso por el partido Victoria Nacional. Vigilante.pe conversó con la eficiente exfuncionaria y reveló que le pidió al nuevo titular de esta entidad que maneja S/ 8 mil millones de presupuesto no hacer cambios intempestivos que afecten los proyectos que están en marcha.