Comisión de Economía aprueba dictamen que deroga norma que elimina la tercerización laboral

Pese a no tener el respaldo del MEF, el Ejecutivo aprobó un decreto supremo que prohíbe este mecanismo de contratación que afecta la formalidad y que pone en riesgo más de 240 mil puestos de trabajo. Ahora esta medida a punto de caerse.

Un paso en defensa de la formalidad y del empleo. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que deja sin efecto el Decreto Supremo 001-2022-TR, que regula los servicios de tercerización en las actividades vinculadas al “núcleo del negocio”, que fue suscrito por el presidente Pedro Castillo y la exministra de Trabajo, Betssy Chávez. De esta manera, pasará a debate y votación en el Pleno del Congreso.

El decreto en cuestión prohíbe “contratar por tercerización las actividades vinculadas al núcleo del negocio o las actividades generadoras de valor para la empresa, o las actividades que generen mayores ingresos para la empresa”. Esta medida fue impulsada por el gobierno a pesar de las advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que, mediante un informe, señaló que al aplicar esta medida se afectaría el empleo formal y la productividad, pero además, remarcó que el concepto “núcleo del negocio”, utilizado para promover la norma, no existe en la ley.

Por otro lado, se advirtió que el interés de Chávez en la norma se debía a una agenda en concreto que fue negociada con algunos sindicatos que solo representan al 2% de trabajadores. Este tipo de medidas que afectan la reactivación económica y la competitividad de las empresas, se suman a otras cuestionadas que trató de impulsar la exministra como el nuevo código laboral, el incorporar Servir a su sector y el aumento de sueldo mínimo sin sustento técnico.

La presidenta del grupo de trabajo, Silvia Monteza, saludó la decisión de la comisión pues consideró que “fue un decreto que lo sacó el Ejecutivo a solicitud de la exministra donde desnaturalizaba totalmente la tercerización laboral” y que iba a generar la perdida de más de 240 mil puestos de trabajo.

“Se estaba desnaturalizando la tercerización. En esta crisis económica que nos encontramos, no es factible ese Decreto Supremo. Por eso tuvimos que priorizarlo para poder salvar las empresas que actualmente se dedican a la tercerización, porque no podemos desnaturalizar esos tipos de trabajo”, remarcó.

En tanto, el especialista en temas laborales, Fernando Varela, consideró que la ley impulsada por el Ejecutivo es “una pésima norma pues la tercerización se regula por una ley que, para poder ser modificada, puede pasar por dos caminos: que el Congreso apruebe una modificación y por delegación de facultades”.

“Modificar el concepto integral a través de un reglamento, además de ello que esa modificación no pasó por un diálogo que se debe garantizar de manera tripartita entre representantes de empleadores, trabajadores y del Estado. Simplemente no quisieron conversar con el Consejo Nacional de Trabajo, no se quiso debatir. Cuando el MEF mostró su reparo, aprobaron la norma entre gallos y media noche a través de una resolución extraordinaria”, comentó.

“Esta modificación es irregular e inconstitucional y provocó una serie de procesos de amparo, acción popular y otras. Lo que ha hecho la Comisión de Economía es adelantarse y señalar que vulnera y quita puestos de trabajo (…) Nuestra Población Económicamente Activa vive en el 80% de la informalidad, es decir el Ministerio de Trabajo su misión es hacer que esta cifra se vaya acortando. La tercerización como fenómeno productivo lo que hace es colaborar con la formalidad laboral”, agregó

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