El servidor público en el 2022, por José Ignacio Beteta

El Estado peruano le da trabajo a aproximadamente 1.5 millones de peruanos con el dinero que recauda de los impuestos de los contribuyentes. Además de eso contrata temporalmente consultorías, servicios y proveedores que deberían ser útiles para que el aparato público brinde mejores servicios a los ciudadanos. Tremenda responsabilidad la que tienen entre manos.

En el 2021, sin embargo, incluso los funcionarios estatales la pasaron mal. Si bien es cierto, no perdieron su trabajo (algo que paradójicamente sí pasó en el sector privado, aunque es este último el que “paga la cuenta”), la mayoría de servidores percibió el caos y la inestabilidad en los 4 cambios de presidente, los tres congresos, los innumerables cambios de ministros, y los otros tantos procesos judiciales a gobernadores regionales y alcaldes corruptos.

Sus testimonios están ahí. Profesionales de la salud que no tienen ni el equipo ni la infraestructura adecuada para poder cumplir su rol; profesores y directivos educativos que hoy no tienen ministro, aunque el presidente está de descanso en Cajamarca; policías y miembros de las Fuerzas Armadas que carecen muchas veces de apoyo, orden y oportunidades de crecimiento.

Pero aún siendo conscientes de las dificultades que atraviesan, a ellos hay mucho que exigirles. No solo porque su sueldo -repito y enfatizo- surge del esfuerzo, la inversión y el trabajo de muy pocos peruanos emprendedores y empresarios (uno de cada diez paga impuesto a la renta y solo 700 empresas pagan el 60% del IGV recaudado, según el MEF y la SUNAT), sino porque asumieron un rol motivados por su vocación de servicio al ciudadano y a la patria y a esa vocación deben responder con compromiso y honestidad.

Así, en el 2022 se les pide ser íntegros, trabajar día y noche por el país, de manera profesional y honesta, honrando el puesto que ocupan y tratando de mejorar lo que funciona mal en la burocracia. Ellos deben ser los primeros reformadores del Estado, en vez de excusarse bajo el mantra “no sabes lo difícil que es trabajar aquí”.

Se les pide no aceptar coimas, sobornos o romper la ley, coludidos con actores oscuros ya sean empresarios u otros funcionarios. La “peor” corrupción que padece el país no es la grande y escandalosa, sino la pequeña e invisible que ocurre todos los días en un pequeño municipio que malgasta o se roba el dinero en vez de usarlo en nuestras poblaciones más vulnerables.

Se les pide, finalmente, algo que pocos resaltan: promover la inversión privada, defender la propiedad privada, garantizar el estado de derecho, entendido este como el respeto por las leyes, la predictibilidad en las reglas de juego, el orden y la claridad en trámites, obligaciones y procesos que los ciudadanos deben cumplir, y que deberían ser justos, pocos y simples. ¿Mucho pedir? No lo creo. Por algo son nuestros servidores y de alguna forma, ciudadanos como nosotros, pero testigos privilegiados del valor que podría generar un Estado más limpio, preocupado por el ciudadano, honesto e íntegro.