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Miguel Jaramillo: “La tercerización mejora la productividad, que nuestro país necesita a gritos”

El investigador principal de GRADE y otros tres especialistas de diversas ramas analizaron el decreto supremo que prohibe la tercerización, impulsado por el Ministerio de Trabajo, y evidenciaron las falencias y perjuicios que generaría su aplicación para miles de trabajadores y empresas en Perú.

Jaramillo remarca que el mayor problema con la decreto del MTP es el concepto de núcleo de negocio, porque “tiene una definición muy amplia en la norma y que por lo tanto deja a potestad del burócrata la decisión de a qué se dedica la empresa” .

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante el DS N° 001-2022-TR, prohibió a finales de febrero pasado la tercerización laboral en el caso de actividades que forman parte del núcleo de un negocio, y dio un plazo de 180 días para que las empresas se adecuen a la norma.

A pesar de las alertas del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que explicó que la medida carece de sustento técnico, y de diversos especialistas, que evidenciaron el impacto negativo que tendrá en la reactivación económica, empleabilidad y especialización laboral, el gobierno de Pedro Castillo miró hacia otro lado y mantuvo la propuesta, impulsada por la censurada exministra Betssy Chávez.

Ante ello, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) y la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) impulsaron el Foro Tercerización y Competitividad, con la finalidad de exponer, con datos, hechos y evidencia, un análisis sobre el impacto positivo de este mecanismo legal en la generación de empleo formal y de calidad en el país y la productividad de las empresas. Todo ello con una recomendación final: el de derogar la norma que petardea y debilita el mercado laboral peruano. Ya el Congreso dio el primer paso para ello.

Parte de la mesa del Foro Tercerización y Competitividad (Foto: ACP)

En el foro participaron Miguel Jaramillo (investigador principal de Grade), Víctor Fuentes (economista jefe de Instituto Peruano de Economía, IPE), Jorge Toyama (abogado laboralista y profesor de la PUCP) y Cacio Aldana (investigador económico de la ACP).

Durante su presentación, Cacio Aldana detalló el impacto que tendría a corto plazo aplicar el decreto del MTPE. “Cuantificándolo, vemos que pueden quebrar mil empresas, y se pueden perder hasta 114 mil empleos formales, 71 mil en las mypes y 43 mil en las grandes empresas. A nivel de productividad, se perderían entre 2% y 3 % a nivel trimestral. Es alarmante porque si perdemos productividad se pierde capacidad adquisitiva”, sostuvo.

A su turno, el investigador Miguel Jaramillo remarcó la importancia de la tercerización para fomentar las conexiones entre empresas y cómo el foco político debería estar en crear esas relaciones que permiten que las pequeñas y medianas empresas crezcan. “Es clave esta división del trabajo mediante la tercerización, no solo al interior de las empresas, sino también entre ellas. Debe quedar claro que el objetivo de la tercerización es el aumento de la productividad. Es algo que nuestro país necesita a gritos”, agregó.

Jaramillo recordó que el punto más controvertido de la norma se presenta en el concepto de núcleo de negocio pues “tiene una definición muy amplia en la norma y que por lo tanto deja a potestad del burócrata la decisión de a qué se dedica la empresa”. “Es decir, habrá un iluminado dentro del Estado que sabe mejor que la empresa cuál es su actividad principal, cuál es su actividad nuclear, qué cosas tiene que hacer dentro de ella y qué otras puede subcontratar. Es sumamente peligroso y es una receta para la caída de la productividad. Los que rigen los destinos de las empresas no serían los empresarios, sino burócratas que no han tenido jamás una experiencia empresarial”, señaló.

En tanto, el economista Víctor Fuentes remarcó que “la evidencia estadística muestra que la tercerización abre paso a la especialización e innovación y brinda más tiempo para que las empresas enfoquen recursos en el core business”. Además, explicó que los fundamentos del decreto son pobres, carece de una exposición de motivos y no tiene un correcto análisis costo – beneficio.

“La falta de capacidad del Estado para sancionar a empresas no debería significar eliminar una herramienta que promueve la competitividad y mejor calidad laboral. Restringirla promueve la informalidad y afecta la productividad del país. Por eso presentamos cinco espacios de mejora: el marco regulatorio es perfectible y debemos lograr mayor cumplimiento; las inspecciones resultan insuficientes, necesitamos una fiscalización inteligente; mayor disponibilidad de información, es decir, generar evidencia para tomar mejores decisiones; derogar los cambios y sustituirlos por una formula consensuada; y fortalecer la independencia técnica y capacidad de supervisión”, apuntó.

Finalmente, Jorge Toyama brindó un análisis desde las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y desmintió el sustento del MTPE que argumentó que el decreto, a nivel internacional, era necesario porque, supuestamente, es un paso para acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El laborista recordó que la OIT tiene convenios internacionales de tercerización, es decir, que la reconoce como un fenómeno global y válido. “Incluso hay un proyecto de convenio internacional donde la OIT trabaja la posibilidad de regular algunas cosas de la tercerización. Regular no es prohibir, sino evaluar en qué casos se da y qué requisitos necesita”, sostuvo, y añadió que “el proyecto fue aprobado en una reunión tripartida entre sindicatos, empresas y los gobiernos”.

En esa linea, remarcó que para la OIT la tercerización está permitida, lo que se prohíbe es la simulación, es decir, utilizarla para tener trabajadores fuera de planilla o similares. “Inclusive la Organización habla de las ventajas de la tercerización. En su informe sobre la COVID-19 mostraron cómo las tercerizaciones han contribuido a apalear los efectos de la crisis”, acotó.

Sobre el camino para acceder a la OCDE, Toyama informó que “en los países desarrollados solo hay un país que prohíbe la tercerización que es México. De los 40 países, incluido los países miembros adherentes, todos tienen tercerización. La verdad no sabemos porqué el MTPE usa ese argumento. Sugiero que derogue la norma y se aproveche para regularla mejor, colocando temas como un registro nacional de tercerización”.

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