¿Minería rápida o lenta? La realidad detrás de la tramitología en el sector minero

El periodista de investigación, Glatzer Tuesta, señaló que las empresas mineras “un día llegan” a una región minera donde buscarán iniciar operaciones y “despojan de todo” a los ciudadanos para llevarse “todo”, en referencia al mineral que se extraerá. Sin embargo, su explicación no es precisa, pues la información estadística sobre el tema revela otra realidad y evidencia que la tramitología en el sector minero, es decir los permisos necesarios para explorar u operar, ascienden a 232 procedimientos administrativos (PA), los que a su vez se sustentan en 470 nomas legales donde participarán 29 entidades públicas, según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Es decir, que si una empresa minera quiere funcionar en Perú, debe primero superar la tramitología. Cualquier empresa o inversionista está en la obligación de seguir las reglas de juego, sin embargo, la mayoría de estos papeleos solo retrasan el inicio de la exploración y extracción de recursos, evitando o retrasando la creación de nuevos puestos de empleo directos e indirectos, la contribución a la recaudación fiscal y la reducción de brechas sociales.

Si los permisos mineros se entregan en el menor tiempo posible, Perú mejoraría su producción de minerales y, por ende, los niveles de exportación se elevarían. Sin embargo, esto no ocurre en la actualidad y, por el contrario, los retrasos en la entrega de autorizaciones impactan negativamente en el PBI nacional. De acuerdo a las proyecciones del IPE, el país pierde alrededor de S/ 12,044 millones del PBI durante los cuatro años de arranque de un proyecto y S/ 2,064 millones en recaudación tributaria solo por los extensos plazos a los que se ven sometidas las empresas mineras para iniciar un nuevo proyecto de exploración en el sector.

Pese a la intención del gobierno por mejorar su calidad de atención para habilitar permisos mineros y así reducir las barreras burocráticas que dilatan el tiempo de inicio de proyectos en el sector, aún existe mucho camino por recorrer para mejorar la firma de autorizaciones. Por ejemplo, el plazo de cumplimiento de los estudios de impacto ambiental detallados demoran hasta 36 meses en entregarse, cinco veces más de lo establecido por la normativa; mientras que el plazo de proceso de consulta previa puede llegar hasta los 12 meses, casi tres veces el tiempo legal determinado.

Es necesario que el Estado impulse la inversión privada a través de políticas públicas que apoyen a los empresarios y que se encuentren acordes a las necesidades de los residentes de las zonas con alto índice de extracción de recursos. Para ello, el viceministro de Economía, Juan Pichihua, señaló que el gobierno transferirá este 2024 aproximadamente S/600 millones a las siete principales entidades públicas encargadas de autorizar diversos proyectos de inversión con la finalidad de “ayudar al destrabe de los proyectos”.

Así, es importante saber que en el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el comportamiento del PBI en regiones se mostró que Moquegua (27 %), Apurímac (6.4 %) y Huánuco (6.1 %) experimentaron crecimientos económicos muy relevantes gracias a la minería. Estos porcentajes reflejan que la minería formal puede ser motor de dinamismo económico para otras regiones.