La ley busca cerrar juicios interminables contra militares y policías, pero enfrenta críticas internacionales por posible riesgo de impunidad. Su fin es dar un cierre razonable a la etapa más oscura del país, reconocer a quienes defendieron al Estado y asegurar memoria y reparación para las víctimas.

El fallo del TC acepta demanda competencial y señala que se deben suspender las investigaciones fiscales contra la mandataria en casos como el “Rolex”, el “cofre presidencial” y las muertes durante las protestas de hace tres años, hasta julio de 2026. Precisa que la inmunidad presidencial solo permite iniciar procesos penales tras un antejuicio político en el Congreso y una resolución acusatoria.

La presidenta reclamó beneficios laborales como refrigerio, aguinaldo y hasta canasta navideña por un antiguo cargo en el Reniec. El MEF intentó acelerar el pago, pero el Poder Judicial lo hizo retroceder ante la falta de sustento legal. Críticos señalan priorización de intereses personales sobre necesidades nacionales.

Dina Boluarte anunció millonarias obras para Cusco: agua, luz, salud, educación y carreteras. Incluso volvió a anunciar proyectos como el Hospital Antonio Lorena y un nuevo COAR, pero los cusqueños ya no confían y siguen esperando soluciones reales a sus necesidades.

Energía solar, Majes Siguas II y nuevos penales: Dina Boluarte incluyó cifras millonarias destinadas a Arequipa en su discurso presidencial. Sin embargo, más allá de los anuncios, persisten las dudas y la ciudadanía teme que estos proyectos terminen como el hospital Goyeneche: eternamente postergado.

La presidenta anunció obras viales, ferroviarias, energéticas y de conectividad para Ica, pero omitió rendir cuentas sobre proyectos clave en agricultura o irrigación, como el Trasvase Ica-Huancavelica, que no estaría operando de forma efectiva.

La jefa de Estado incluyó en su mensaje a La Libertad en proyectos clave: desde escuelas Bicentenario hasta la "Ruta del Papa León XIV". Pero tras analizar las promesas, el patrón es claro: cifras millonarias, cero ejecución y silencio sobre compromisos incumplidos. Los liberteños exigen obras, no discursos.

Boluarte llenó su discurso de promesas para Amazonas: justicia intercultural, puentes y electrificación. Pero entre anuncios millonarios y proyectos “macro”, faltó lo esencial: fechas concretas, beneficiarios específicos y mecanismos de rendición de cuentas. ¿Cuánto llegará realmente a las comunidades más olvidadas de la selva?

Boluarte prometió megaobras de agua, energía y agricultura, pero sin cronogramas claros. Proyectos como Alto Piura y los sistemas de saneamiento suenan ambiciosos, pero la región ya ha escuchado promesas similares antes. ¿Habrá esta vez resultados tangibles o solo quedará en otro catálogo de buenas intenciones?

En su último mensaje presidencial, Dina Boluarte prometió inversiones millonarias para Puno, incluyendo un megaproyecto de agua y desagüe por S/ 1,7 millones para Juliaca y San Miguel; sin embargo, el 76 % de niños menores de tres años en la región sigue afectado por anemia, y la mayoría de anuncios carece de avances, cronogramas o detalles técnicos, dejando más promesas que resultados.

El Congreso aprobó la iniciativa dirigida para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa, que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. El Poder Ejecutivo ha publicado la norma y, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de la medida.

Durante el último Mensaje a la Nación, Dina Boluarte recibió el respaldo de bancadas conservadoras y gremios empresariales, mientras sus antiguos aliados de izquierda se retiraron del Congreso. ¿Cuáles son los intereses de estos grupos?

El expresidente, actualmente procesado por rebelión y organización criminal, difundió un mensaje en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. El hecho reabre el debate sobre su vigencia política y el rumbo que tomará el país en las próximas elecciones.

Aunque representan el 95% del tejido empresarial peruano, las Mypes siguen esperando las reformas prometidas. Durante el gobierno de Dina Boluarte se anunciaron millones en apoyo, pero los avances reales son limitados. La informalidad, la inseguridad y la burocracia siguen siendo las grandes barreras.

La presidenta anunció nuevos colegios de alto rendimiento, universidades públicas y más becas, pero el país sigue con una brecha de infraestructura que supera los S/ 158 mil millones.

Mientras el Gobierno hablaba de hospitales y nombramientos, rechazaba fondos clave, desatendía brotes y recortaba presupuestos.

Mientras la presidenta prometía firmeza contra el crimen, los homicidios aumentaron, las mafias se fortalecieron y los presos se fugaron. Un año después, el Perú es más violento, más inseguro y más desprotegido.

La mandataria es investigada por presunto abuso de poder, abandono de cargo y represión en protestas. El Congreso ha archivado algunas denuncias clave, pese a cuestionamientos de la fiscalía.

A pesar de las proyecciones optimistas del MEF, las políticas fiscales actuales parecen ir en dirección contraria. Incremento de impuestos, mayores trabas burocráticas y la falta de incentivos a la formalidad cuestionan la viabilidad de un crecimiento sostenible. ¿Qué necesita realmente el Perú para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5%?

La propuesta de incrementar el sueldo mínimo enfrenta críticas de economistas que alertan sobre su impacto negativo en la formalización laboral y las pequeñas empresas. Según Camila Costa, economista de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el alza beneficiaría solo al 3% de los trabajadores formales, mientras que podría reducir el empleo formal en 2.5%. En un contexto de inflación creciente, especialistas proponen priorizar políticas que impulsen la productividad laboral.

Durante el desarrollo de la Cumbre APEC 2024 en Lima, el gobierno decretó una serie de medidas que generaron controversia, debido a que se imponen días no laborables, teletrabajo obligatorio en el sector público y suspensión de clases presenciales, afectando a millones de ciudadanos, entre ellos 2.4 millones de estudiantes.

El reciente anuncio del gobierno peruano de virtualizar clases del 11 al 13 de noviembre y suspenderlas del 14 al 15 por la Cumbre APEC generó preocupación en la ciudadanía. Esta medida, tomada sin respaldo técnico, afecta a 2.4 millones de estudiantes y se suma a un sistema educativo ya deteriorado por las secuelas de la pandemia, una alta brecha de infraestructura educativa y un pobre desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes.

Gremios empresariales exigen que se apruebe inmediatamente el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano. Asimismo, exhortan que se derogue la última modificación al Código Penal que debilitó la persecución del delito de crimen organizado.

La Asociación de Contribuyentes del Perú exhortó al Congreso de la República hacer un análisis crítico y riguroso sobre la pertinencia de crear este nuevo ministerio, debido a que representaría un costo administrativo adicional para los contribuyentes de S/169 millones, duplicidad de funciones de otras entidades y mayor burocracia que podría ahuyentar la inversión privada.

Un análisis de la Asociación de Contribuyentes reveló que el Ministerio de Infraestructura le costaría a los contribuyentes S/169 millones adicionales para gastos administrativos. Expertos sugieren que, en lugar de crear nuevos ministerios, el Estado debería reducir la excesiva burocracia y generar un entorno próspero para atraer la inversión privada.

Eduardo Salhuana asumió el rol de presidente del Congreso de cara a la Segunda Legislatura 2024. Entre sus principales retos se encuentra la aprobación por insistencia de la Ley de masificación de gas natural, sin embargo, sus presuntos nexos con la minería ilegal y su cercanía con la presidenta Dina Boluarte abre la interrogante sobre si su gestión logrará promulgan tan importante medida.

El Congreso aprobó facultades legislativas a favor del Ejecutivo en materia tributaria, lo cual permitirá que el gobierno de Dina Boluarte le imponga a los contribuyentes el nuevo “Impuesto Netflix”, mismo que no solo impone a los usuarios el pago de IGV por el servicio de streaming, sino que también podrían generar un cobro adicional por transacciones bancarias y obligaría a los consumidores a contar con estas plataformas solo si están suscritos a un plan de operadoras de telecomunicaciones.

Hoy el Congreso determinará si el Ejecutivo podrá legislar en materia tributaria. Expertos afirman que propuestas como la creación del “impuesto Netflix”, el “Régimen Emprendedor” o la autorización a la SUNAT de implementar medidas cautelares o cobros de manera coactiva y su intervención en el sistema de justicia son inviables. 

De acuerdo con Punto Final, el exasesor Salatiel Marrufo habría mencionado en su testimonio ante la Fiscalía que Dina Boluarte envió a José Medina y Alejandro Sanchez a realizar acuerdos irregulares con miembros del Jurado Nacional de Elecciones a fin de evitar que se impugnen 800 actas electorales durante la segunda vuelta electoral 2021.

La presidenta Dina Boluarte se encuentra inmersa en serias acusaciones por, presuntamente, intentar frenar las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte y desarticular la DIVIAC, equipo de agentes policiales que brindaba servicios junto al EFICOP. Recordemos que el pariente de la mandataria y su defensor legal en el Caso Rolex se encuentran detenidos preliminarmente por 10 días mientras continúan las pesquisas fiscales por supuestamente integrar una red criminal.

La resolución judicial autorizó el allanamiento del inmueble de Nicanor Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente. La tesis fiscal le imputa la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

S&P Global Ratings redujo la calificación crediticia de soberana a largo plazo en moneda extranjera de Perú de BBB a BBB-. La decisión se tomó en medio de los desafíos políticos que afronta la nación y los presuntos casos de corrupción en los que estarían involucrados altos funcionarios estatales. La economista de la Asociación de Contribuyentes, Camila Costa, aseguró que esta baja calificación es sinónimo de menor inversión privada, lo cual evita que se generen más puestos de empleo y, por ende, se mejore la recaudación fiscal.  

Mientras Cerrón sigue prófugo, Perú Libre arremete contra el "sector caviar” y aprovecha el caso Rolex para presentar una moción de vacancia usando argumentos que ya fueron archivados en el Congreso. En tanto, el Congreso recibió S/50 millones para gasto corriente y se concretaron cambios ministeriales que habrían sido solicitados en la ronda de reuniones con el premier.

El caso Rolex generó un nuevo remezón político que estaría siendo aprovechado por algunos sectores políticos para generar inestabilidad. ¿Quién se beneficia? ¿La moción de vacancia prosperará o el Ministerio Público archivará el caso?

Los titulares de Cultura, Interior, Justicia y Economía tendrán que acudir al Congreso a rendir cuentas. En medio de serios cuestionamientos por el manejo de Petroperú, el ministro Vera también debería ser interpelado.

En 2023, el premier y el MEF afirmaron que no se le iba a dar ningún dinero adicional a Petroperú. Lejos de cumplir su palabra, el Ejecutivo creó en enero 2024 un grupo de trabajo para decidir si se acepta o no la nueva petición. Todo indica que será realidad. En paralelo, la estatal emitirá bonos de US$ 1,000 millones con la finalidad de afrontar la crisis de liquidez.

Rumores aseguran que Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, renunció al sector luego de la reunión que mantuvo la presidenta Dina Boluarte con Luis Carranza y José Arista, ambos exministros de economía en diferentes periodos, sin su presencia durante la tarde del miércoles 3 de enero. Algunos congresistas de la República se muestran a favor de su supuesta separación del cargo.

Organizaciones que convocaron a protestar el 7, 8 y 9 de diciembre no consiguieron el impacto que buscaban. ¿El motivo? Los peruanos están cansados de los conflictos y violentas movilizaciones y, en su lugar, busca reactivar la economía a través del trabajo. 

Tras el fallido golpe de Estado, Dina Boluarte asumió, por sucesión constitucional, la Presidencia. Su gestión está marcada por la crisis económica de la cual aún no salimos.

Escándalo. El Ejecutivo observó la Ley de la Masificación del Gas para agregar cuestionadas medidas. Decisión se da en medio de presentación de una oscura adenda que beneficiaría a una sola empresa en la masificación del gas en siete regiones y la extensión de la concesión en Lima y Callao por 10 años. Ante ello, el Congreso tiene el deber de promulgar la Ley por insistencia.  

A pesar de que el Congreso aprobó una ley sobre la masificación del gas de manera transparente, correcta y en beneficio de millones de peruanos, el cuestionado ministro de Energía y Minas gestionó una adenda que le entrega, prácticamente a dedo, siete regiones a una sola empresa. Además, le extiende el contrato por 10 años. Todo sin licitación ni concurso público. Boluarte debe actuar.

Tesis fiscal señala a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, como líder de una organización criminal. Su asesor, habría gestionado votos de manera irregular a cambio de archivar investigaciones de congresistas. En tanto, Benavides adelantó que no renunciará y presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte. 

El presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE) y director del Banco Central de Reserva del Perú analizó los motivos que impulsaron la recesión económica en el país y cómo el plan de reactivación del gobierno puede revertir las cifras en el mediano y largo plazo.

La fallida reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la mandataria Dina Boluarte habría sido el detonador. En el Congreso aseguraron la situación era una “vergonzosa imagen” del Perú y un “engaño”.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se presentó ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde afirmó tener un compromiso por reducir los índices de pobreza en el país, así como luchar contra la crisis climática.

La presidenta Dina Boluarte, de la mano con el premier Alberto Otárola, decidieron cambiar a los titulares de seis ministerios. Entre los nuevos jales, algunos bastante cuestionados, resalta la llegada de Choquehuanca a Producción.

Tras el mensaje a la nación de Dina Boluarte, se conoce que los sectores de Energía y Minas, Salud y Vivienda serán los más beneficiados a nivel presupuestal. Sin embargo, no son los únicos que recibirán fondos para implementar políticas públicas con el objetivo de satisfacer las necesidades de los contribuyentes.

Entre los principales está el compromiso de cumplimiento de las recomendaciones de la Amnistía Internacional y el proyecto de ley para que el Ejecutivo pueda legislar por 120 días con el objetivo de aprobar medidas que enfrenten la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Pero ojo, hay más.

La presidenta Dina Boluarte brindó su primer mensaje de 28 de julio ante el Pleno del Congreso. Conoce los detalles de su mensaje y las estrategias que tomará su gestión para afrontar diversos problemas del país, entre ellos, el Fenómeno El Niño.

Tres reconocidos periodistas de Ica mencionaron a Vigilante.pe que la presidenta Dina Boluarte haga énfasis en cómo afrontará la crisis sanitaria, el Fenómeno del Niño y la inseguridad ciudadana. También un "mea culpa" sobre las protestas.

La presidenta Dina Boluarte está a pocas horas de dar el mensaje a la nación por 28 de julio. A puertas de este hecho, tres reconocidos periodistas de Ayacucho, que conocen de cerca la situación de su región, aseguraron que se necesita propuestas claras para afrontar la crisis económica, la informalidad laboral, un mensaje de reconciliación "urgente" e, incluso, un adelanto de elecciones.

A puertas de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, el analista político, José Carlos Requena, mencionó que ningún consenso es malo, sin embargo, las alianzas, hoy en día, terminan siendo sinónimo de proteger su permanencia en los curules.

Pese a que la protesta es un derecho reconocido por la Constitución, la violencia y caos en este tipo de manifestaciones sólo pueden retrasar el crecimiento económico del país. Este 27, 28 y 29 de julio, grupos radicales convocan a una nueva “Marcha Nacional”, la cual podría generar pérdidas diarias de hasta S/100 millones en regiones.

Gobernadores que vieron como miles de sus ciudadanos perdieron trabajo y dinero debido a las protestas de un sector radical, ahora piden mantener la paz con la finalidad de mantener la reactivación económica.   

La marcha denominada “Toma de Lima” tendrá lugar en la capital por tercera vez este 19 de julio de 2023. Estas manifestaciones son orquestadas por grupos radicales de izquierda, los cuales provocaron que sectores como Minería y Transportes registren un descenso significativo en regiones como Puno, Apurímac y Cusco.

Políticos, excongresistas de izquierda y aliados de Pedro Castillo alientan a la población a participar de la denominada “Toma de Lima”. Dirigentes radicales como Lucio Ccallo de Fenate Puno, y Jorge Pizarro de la Asociación Nacional de los Pueblos, llaman a la insurgencia ¿Quienes son estos personales?¿Se harán cargo de la violencia que podría ocurrir en la protesta?

El Perú no quiere más violencia ni protestas radicales. Por eso, un sector pide que se priorice la tranquilidad y democracia para que el Perú no se paralice tal como ocurrió en enero y febrero del 2023.

Información recogida por la Asociación de Contribuyentes reveló que, durante las protestas de enero y febrero del 2023, se cancelaron más de 525 vuelos y más de 58 000 pasajeros fueron afectados. Ahora que las regiones vuelven a potenciar el turismo, se debe proteger el sector.

Elizabeth Zea, abogada especializada en derechos humanos, conversó con Vigilante.pe para comprender detalles del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en la gestión de Boluarte. Sin embargo, cuestionó que no aborden  la violencia que se impulsó durante el gobierno de Pedro Castillo: “Quiero creer que no fue intencional, pero no existió pronunciamiento por parte de la Comisión”.

En abril de 2022, cuando Pedro Castillo aún se mantenía en el poder, se dio inicio al paro de transportistas tras el incremento progresivo del valor del combustible. La poca capacidad de gestión de Castillo dejó un saldo de 5 muertos, entre ellos dos jóvenes, y tampoco acudió al Congreso a dar la cara sobre los hechos.

El Niño Costero podría provocar lluvias inusuales e, incluso, podría agravarse de cara al 2024. "Se ha dispuesto el sobreabastecimiento de todos los bienes de ayuda humanitaria", adelantó la mandataria.

Se analizará el recorte de mandato de la presidenta Dina Boluarte al 30 de abril de 2024. Además, se propone evaluar el adelanto de elecciones para el domingo 10 de diciembre de este año, y ya no en abril del 2024 como se planteó anteriormente. 

Mariana Gómez, diputada de México, rechazó la injerencia del presidente mexicano Manuel López en la política peruana. Saludó las decisiones tomadas por el gobierno de Dina Boluarte, quien retiró al embajador peruano del país norteño, y señaló que no todos los mexicanos son como su primer mandatario.

Se busca modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para aumentar las sanciones. "Hay que ser cautos en que la protesta no se puede degenerar y terminar en actos de violencia", dijo el ministro de Justicia sobre la iniciativa.

A pesar que los hechos concretos demuestran lo contrario, la última encuesta Ipsos refleja que un 51% cree que fue el Congreso el que dio el golpe de Estado contra el entonces presidente Pedro Castillo.

Este mecanismo facilitaba que más empresas con experiencia y respaldo financiero puedan invertir en el Perú. Y por lo tanto, no era ni es una figura negativa o desfavorable para el Estado peruano y sus intereses. Menos aún para los intereses de los ciudadanos más pobres.

El principal bloque de integración económica de la región entró en su peor crisis por la decisión de AMLO de negarse a entregar la presidencia temporal de la Alianza. "El traspaso de la Presidencia es una obligación contenida en un tratado que vincula, con calidad de ley en cada país de la Alianza", explicó el congresista Ernesto Bustamante.

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, viajó a Europa para participar en el "Encuentro Latinoamericano contra el genocidio y la dictadura de Dina Boluarte" donde dio una versión distinta de los hechos ocurridos en el Perú. ¿Qué fue lo que dijo?

Cusco luce como una ciudad fantasma. Las protestas y bloqueos que realizan un grupo de protestantes ha generado la paralización total del sector turístico, comercial y económicas de la región. Se afectaron a 2000 agencias de turismo, más de 1000 hoteles y 25 comunidades rurales que dependen del turismo.

En medio de la crisis política y social, el Congreso aún no hay consenso para que se realice el proceso electoral. Además, la encuesta reflejó que solo el 19% considera las elecciones y la Asamblea Constituyente.

La presidenta remarcó que es un “grupo minúsculo” quienes, mediante una agenda con intereses particulares, generan caos en las regiones e insistió en que dejen de “generar violencia”. Exhortó al Congreso a ponerse de acuerdo para el adelanto de elecciones.