¿Por qué genera controversia el proyecto de ley para endurecer las penas por los delitos cometidos durante manifestaciones?

La presidenta Dina Boluarte presentó al Congreso un proyecto de ley con carácter de urgencia para “reforzar la respuesta del Estado” frente a los diferentes delitos cometidos durante las manifestaciones que iniciaron el pasado 7 de diciembre del 2022 y que se recrudecieron en enero del 2023. Como se recuerda, durante ambos meses, un grupo de dirigentes radicales y vándalos intentaron tomar aeropuertos, quemaron entidades públicas y privadas, y atentaron contra los ciudadanos que no acataban su medida de fuerza.

La iniciativa, firmada por Boluarte y por el premier Alberto Otárola, fue dirigida a José Williams, presidente del Congreso, junto con una carta que pedía la aprobación de la medida de forma imperativa.

“La presente ley tiene por objeto (…) establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia”, se lee en la propuesta.

¿POR QUÉ GENERA CONTROVERSIA?

El folio presentado busca modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para aumentar de forma considerable las sanciones. El polémico proyecto busca “reforzar la respuesta del Estado” frente a los delitos cometidos durante las violentas manifestaciones.

De ser aprobado, se sancionará con penas más altas a quienes hayan cometido delitos que afectan la vida, cuerpo, salud, bienes públicos y privados durante el Estado de Emergencia. Asimismo, aquellas personas que califiquen dentro del delito de “disturbios”, podrían pasar hasta 15 años en la cárcel. 

Las penas aumentarían de la siguiente manera:

1. Por lesiones leves: de 2 a 5 años, pasarán a 8 a 14 años.
2. Por daño de bienes: de 1 a 6 años, pasarán a 4 a 8 años
3. Por atentado contra medios de transporte: de 3 a 6 años, pasarán a 8 a 20 años.
4. Por entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos: de 6 a 8 años, pasarán a 8 a 10 años.
5. Por disturbios: de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción no menor de 15 años.

El ministro de Justicia, José Tello, explicó que esta futura norma no será exclusiva para escenarios de protestas, sino que el proyecto tiene el objetivo de contener al vandalismo en general.

“Nosotros, atendiendo el pedido del Poder Judicial, trabajamos en un proyecto que se termina presentando el año pasado (propuesta), cuando tuvimos los Consejos de Estado orientados a atender la situación de la crisis política en su etapa inicial. El proyecto se presenta este año, a inicios de este mes. Este proyecto tuvo una serie de cambios”, comentó.

“Hay que separar las cosas: está bien el contexto de protesta que tenemos, hay que ser respetuosos de la protesta, pero también hay que ser cautos en que la protesta no se puede degenerar y terminar en actos de violencia. Creo que todos lo entendemos porque una cosa es salir a protestar a las calles y otra es ir a tomar aeropuertos”, aseveró.