La mandataria es investigada por presunto abuso de poder, abandono de cargo y represión en protestas. El Congreso ha archivado algunas denuncias clave, pese a cuestionamientos de la fiscalía.

La decisión de anular el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros acusados expone fallas en el sistema judicial peruano. Mientras el caso vuelve a la etapa de investigación preparatoria, crecen las críticas por los errores procesales, los costos asumidos por los contribuyentes y el impacto en la percepción de los aportes privados a campañas políticas.

Con más de 1,700 homicidios registrados en 2024, Perú enfrenta un récord de violencia que expone la incapacidad del Estado para gestionar la seguridad ciudadana. Entre corrupción, falta de recursos y medidas insuficientes, el ciclo de la inseguridad parece no tener fin.

La Ley de Extinción de Dominio es utilizada directamente como medida para combatir la criminalidad organizada. Pero, ¿esta norma es confiable o acaso es un mecanismo que puede ser utilizado para cometer excesos durante los procesos judiciales?

El Caso Cócteles continúa en pie, pero expertos sugieren concluir cuanto antes las investigaciones en vista de que no se pueden probar los delitos imputados. Asimismo, aseguran que mantener el curso de las pesquisas no solo es una inversión de fondos públicos sin sustento, sino que también se estaría cometiendo excesos contra los involucrados. 

En el Congreso de la República se aprobó un dictamen que propone la contratación permanente del personal CAS en el Estado. Esta medida fue criticada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera el principio de meritocracia y calidad del servidor público.

La peligrosa iniciativa es del congresista Waldemar Cerrón, hermano del sentenciado y prófugo Vladimir Cerrón. Dictamen tuvo el apoyo de 52 congresistas, quienes hicieron caso omiso a los análisis no favorables enviados por el Ministerio Público, la Dirección de Asuntos Criminológicos, la Oficina General de Asesoría Jurídica, y el despacho viceministerial del Ministerio del Interior.

La presidenta Dina Boluarte se encuentra inmersa en serias acusaciones por, presuntamente, intentar frenar las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte y desarticular la DIVIAC, equipo de agentes policiales que brindaba servicios junto al EFICOP. Recordemos que el pariente de la mandataria y su defensor legal en el Caso Rolex se encuentran detenidos preliminarmente por 10 días mientras continúan las pesquisas fiscales por supuestamente integrar una red criminal.

La resolución judicial autorizó el allanamiento del inmueble de Nicanor Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente. La tesis fiscal le imputa la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

El exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, involucró al coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, Rafael Vela, en presuntos actos irregulares. Según su testimonio, habría hecho uso de su cargo para favorecerse al mantener reuniones con altos funcionarios públicos y congresistas.

Lucila Pautrat dedicó gran parte de su vida a proteger la fauna y flora silvestre de la Amazonía peruana, sin embargo, también destinó esfuerzos en batallas judiciales contra la empresa productora de cacao, Tamshi. ¿Quién es esta líder activista presuntamente involucrada en procesos legales, nexos con funcionarios públicos, cuentas en paraísos fiscales y testaferros? 

Durante la última década, Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené y supuesta líder ambientalista, presentó una serie de denuncias contra Tamshi, empresa que promueve la industria de cacao en Loreto. En todo este tiempo, ninguna de estas denuncias prosperó a favor de la “líder”, y existen muchos indicios que explicarían el ensañamiento contra la mencionada empresa privada; arbitrariedades y participación de funcionarios públicos, potenciales cuentas en paraísos fiscales, una propiedad donada a una posible testaferra, todos elementos que echan luz sobre los intereses que se esconderían detrás de Pautrat y sus “aliados”.    

El caso Rolex generó un nuevo remezón político que estaría siendo aprovechado por algunos sectores políticos para generar inestabilidad. ¿Quién se beneficia? ¿La moción de vacancia prosperará o el Ministerio Público archivará el caso?

El último informe del INEI reveló que el 22.9% de la población mayor a los 15 años fue víctima de un crimen. El mayor porcentaje está en Puno, Cusco y Tacna.

Nelson Shack ocupa el cargo de contralor de la República desde 2017. Desde entonces, ha sido cuestionado por el incremento de su patrimonio personal, los procesos fiscales que se abrieron en su contra y las ostentosas bonificaciones que recibe anualmente.

El premier Alberto Otárola solicitó la hoja de vida a su allegada de manera cuestionable, lo que abrió la posibilidad de que el funcionario este usando su poder en PCM para facilitar contratos. Según hoja de interpelación, serían 6 ciudadanas que habrían sido beneficiadas.

Los abogados Carlos Caro y Andy Carrión consideran que Gorriti debería ser investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, usurpación de funciones y colusión agravada. Así, el periodista estaría afrontando alrededor de 28 años de cárcel.

Las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva implican directamente al periodista Gustavo Gorriti y otros fiscales. Las revelaciones sobre manipulación y vínculos políticos demandan respuestas y acciones transparentes para restaurar la confianza en las instituciones del país.

Otro presidente ligado a la corrupción. El expresidente Martín Vizcarra sería líder de dicha organización criminal con al cual buscó favorecer a empresas en licitaciones y contrataciones a cambio de jugosos pagos ilícitos. Sin embargo, Vizcarra no fue detenido porque lo protege el antejuicio. 

El alcalde de San Borja, Marco Antonio Álvarez, fue denunciado ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la Inmobiliaria Barrenechea tras la paralización de la construcción de un edificio y por organizar un plantón en el frontis de la empresa, en la cual participaron varios funcionarios de la comuna.

La fiscal superior y ex coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto, fue destituida del cargo tras el escándalo de corrupción en el que se encontraría involucrada la Fiscal de la Nación. ¿Cuál es el perfil profesional y personal de la abogada que, hasta el 27 de noviembre, lideró la operación Valquiria V?

Tesis fiscal señala a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, como líder de una organización criminal. Su asesor, habría gestionado votos de manera irregular a cambio de archivar investigaciones de congresistas. En tanto, Benavides adelantó que no renunciará y presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte. 

Pese a los recursos destinados para cubrir los gastos de la investigación en torno al Caso Lava Jato, los resultados de las pesquisas fiscales no satisfacen a la ciudadanía ni al Estado peruano. Las razones del fracaso de estas investigaciones recaen sobre los múltiples beneficios que el equipo a cargo del fiscal superior Rafael Vela le habría ofrecido a las empresas involucradas.

El gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Miraflores, John Ampuero, registra una serie de denuncias por corrupción desde su paso como funcionario público en las comunas de Jesús María y Ate Vitarte. Incluso, cuatro aún se encuentran en investigación a cargo del Ministerio Público.

El aliado de Pedro Castillo y congresista de izquierda, Guillermo Bermejo, es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado. La Fiscalía allanó su casa y despacho en el marco del caso. 

La abogada penalista, Romy Chang, aseguró que la decisión del Congreso demuestra una profunda desconexión con la realidad nacional, debido a que es imposible ponerle una fecha límite a la investigación fiscal, sobre todo, en casos sumamente complejos. 

El abogado de Pedro Castillo, Guido Croxatto, asegura que su patrocinado no cometió un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, sino una infracción constitucional. Grupos radicales de izquierda respaldan esta postura, mientras que un artículo de The Economist advierte que este experimento izquierdista en América Latina puede ser perjudicial para el mundo entero en materia política y económica. 

El monto se puede calcular al día de hoy, reuniendo los datos de las investigaciones en curso y los diversos testimonios de testigos y colaboradores.

La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, brindó distintas versiones sobre la adquisición de sus departamentos que costaron miles de dólares. Sin embargo, sus explicaciones generaron más dudas que respuestas. Actualmente, la Fiscalía la investiga por un posible caso de lavado de activos.  

Luego de que el expresidente Alejandro Toledo llegara al Perú se abrió una serie de interrogantes: ¿Cuánto le costó al Estado peruano el caso Toledo?¿Se podrá acoger a la confesión sincera?¿Cuándo inicia el juicio?

Información del registro nacional de investigaciones por delitos de feminicidio del Ministerio Público revela que los distritos fiscales de Lima, Arequipa, Cusco, Lambayeque e Ica son los que mayor número de feminicidios han reportado durante los primeros cuatro meses del 2023. Hasta la fecha, 225 feminicidios fueron denunciados en Perú.

La terrorista habría fallecido en septiembre del 2o22 por un paro cardiaco, precisamente al cumplirse un año de la muerte del genocida Abimael Guzmán. ¿Coincidencia? "Ahora se dice que está muerta en un documento que a simple vista parece oficial, pero que ninguna autoridad peruana lo confirma y nos obliga a dudar que sea falso", cuestionó exjefe de Inteligencia PNP.

La presunta organización criminal está conformado también por comandantes y coroneles de la Policía designados en la DINI y DIGIMIN. Los implicados habría tenido la responsabilidad de adquirir equipos de chuponeo y otros con la finalidad de atentar contra la Fiscal de la Nación, Harvey Colchado e, incluso, periodistas.

La sentenciada por terrorismo Martha Huatay salió del país rumbo a Argentina en junio de 2022 en medio de un proceso que se sigue en su contra por el Caso Tarata. La Fiscalía solicitó una prisión preventiva de 9 meses, la cual será discutida este jueves a las 9:00 am. Si el Poder Judicial falla a favor del requerimiento del Ministerio Público, la senderista será extraditada lo más pronto posible