Caso Tamshi: Lucila Pautrat y el modus operandi que impulsaría contra la inversión privada

Tamshi, una empresa dedicada al desarrollo sostenible de la industria del cacao en Loreto, afronta, una vez más, un proceso judicial interpuesto por la presidenta de la ONG Kené, Lucila Pautrat, en el que exige que se aplique la extinción de dominio sobre los terrenos de la compañía, por supuestamente haber cometido ilícitos vinculados a delitos ambientales, a pesar de que existen diversas resoluciones judiciales a favor de Tamshi que son cosa juzgada / decidida que demuestran lo contrario.

Este proceso no es el único que Pautrat impulsó contra la empresa, pues durante los últimos 10 años, la denominada ambientalista presentó una serie de denuncias contra Tamshi sin que ninguna prospere a su favor, situación cuestionable y que genera sospechas alrededor de la supuesta líder ambientalista.

Sin embargo, las situaciones irregulares no solo nacerían de Pautrat, sino que tendrían relación con presuntas arbitrariedades cometidas por altos funcionarios públicos al admitir los casos de forma ilegal. ¿Qué oscuros intereses se esconden detrás de los más de 10 procesos judiciales impulsados por Pautrat?

DENUNCIAS CONTRA TAMSHI

La cadena de irregularidades inició cuando Pautrat Oyarzún presentó una denuncia contra Tamshi por presunta deforestación. A este proceso se sumó, el procurador del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio César Guzmán, quien se presentó como “parte interesada” no sólo en este caso, sino también en otras siete denuncias más interpuestas contra la compañía cacaotera, impulsadas, directa o indirectamente, por Lucila Pautrat. Una de las irregularidades que habría cometido Guzmán es que decidió criminalizar a Tamshi a través de un informe que gestionó en el cual se consideró en un aparente error deliberado que el fundo de Tamshi era de 4,766 hectáreas, cuando en realidad tiene apenas 2,701 hectáreas y, de este modo, le imputó a TAMSHI una supuesta deforestación de áreas que son ajenas a la plantación. Por esta razón, Guzmán enfrenta una investigación por fraude procesal por haber presentado este informe cuestionado.

Guzmán perdió todos los casos contra Tamshi, pero a pesar de su cuestionable desempeño fue nombrado, en febrero de 2024, como procurador de extinción de dominio. ¿Cuál es el detalle que falta en este nombramiento? El programa Contracorriente reveló un dato esencial: la esposa de Guzmán, Ana Calderón, tiene vínculos directos con la ONG Wildlife Conservacion Society. Ella es directora general de gestión sostenible del patrimonio forestal y fauna silvestre en SERFOR y también es investigada por el presunto delito contra la administración pública.

Entre las demandas también se encuentran fuertes acusaciones por organización criminal y amenazas a agricultores de la zona. Ambos casos, además de presentarse dos veces fueron archivados y/o desestimados. Incluso, existe un proceso de amparo interpuesto por Pautrat contra el Midagri por la presunta violación al derecho de respirar aire puro por dejar operar a Tamshi, pese a que Pautrat vive cómodamente en la capital, a más de 1,000 kilómetros de distancia de Loreto.

Si bien un juez desestimó el caso, la procuradora del Midagri, Katty Aquize, apeló la sentencia. Esto generó cuestionamientos sobre por qué la servidora pública permitiría que la demanda de amparo contra la institución que representa continúe pese a que un juez le dio la razón a su representada y demostró que la demanda de Pautrat carecía de sustento.

Algunas de estas denuncias han sido admitidas dos veces, a pesar de haber sido desestimadas, algo que es ilegal y que viola el debido proceso, todo con el supuesto empuje de Pautrat y la participación generosa y rápida de funcionarios del sistema de justicia y el Estado.

JUECES Y FISCALES INVOLUCRADOS

El exfiscal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Yuzen Carasa, es pieza clave en este caso, debido a que admitió todas las denuncias interpuestas por Lucila Pautrat. Según el mismo informe del programa Contracorriente, se presume que habría intentado inducir testimonios falsos e información inexacta en las carpetas fiscales. También está siendo investigado por patrocinio ilegal y acoso sexual. En 2023, dejó el cargo y ahora participa con ONGs ambientalistas como Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Por su parte, el juez Edgar Ramón Guillén Vallejo fue el responsable de admitir la demanda por extinción de dominio, la cual cuenta con 13,534 folios. Si bien fue calificada como “compleja” por la fiscalía y contaba con un plazo de 10 días para ser admitida, el juez admitió la demanda con 2,688 folios en menos de 24 horas. Fuentes cercanas al caso mencionaron a Vigilante.pe que el fiscal no utilizó casi ninguno de los escritos que la compañía presentó para defenderse y pareciera sólo haber tomado en cuenta los documentos presentados por Lucila Pautrat.

Esta denuncia, además, fue aceptada en menos de 24 horas. Para que esto suceda, el juez Edgar Guillén tendría que haber leído aproximadamente 40 folios por minuto, lo que sería humanamente imposible. Cabe mencionar que Guillen fue galardonado por Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal, en el cual participa el abogado Carlos Rivera Paz, quien también estaría involucrado en el caso, pues firmó la denuncia por presunta organización criminal contra Tamshi.

La situación que enfrenta Tamshi ante las múltiples denuncias impulsadas por Lucila Pautrat revelaría un entramado de presuntas irregularidades y conexiones cuestionables. Desde la pérdida de los casos por parte del procurador Guzmán hasta la rápida aceptación de denuncias por parte del juez Guillén, se plantea un escenario donde el debido proceso parece haber sido vulnerado. Las falsas acusaciones de tala ilegal, tráfico ilegal de madera, organización criminal y amenazas están archivadas o desestimadas, mientras los supuestos vínculos entre funcionarios públicos y ONGs ambientalistas se volverían más evidentes. Este panorama levanta sospechas sobre los verdaderos intereses que tendría Pautrat y de las acciones legales contra Tamshi, poniendo en entredicho la supuesta integridad del sistema de justicia y generando interrogantes sobre la imparcialidad en los procesos judiciales.